La plantilla de Talgo está nerviosa. El preacuerdo alcanzado en febrero para que el fondo Trilantic venda a un consorcio vasco encabezado por Sidenor el 29,7% del capital que tiene en el fabricante de material rodante ferroviario y que le convierte en el accionista mayoritario no se ha materializado en las dos semanas de plazo en que se anunció. Y conforme avanza el tiempo sin acuerdo, crece la inquietud entre los trabajadores y, de igual forma, el malestar. Los sindicatos mantuvieron la semana pasada un encuentro con la dirección del que salieron muy descontentos porque no se les aportaron datos sobre el estado de la negociación.

Pero su descontento no se limita a la dirección de la compañía sino que también apunta al Gobierno. Después que el Ministerio de Transportes auspiciara el veto gubernamental a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el consorcio húngaro Ganz Magav Europe por cuestiones de seguridad nacional nunca aclaradas en público, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tomó la iniciativa para armar la oferta del consorcio de Sidenor. Y ahora, CC OO le pide cuentas y le exige soluciones.

En un comunicado, el sindicato exige que ya que el Ejecutivo les consideró "empresa estratégica, "asuma la responsabilidad inherente como Gobierno y también la derivada del papel que asumió al intervenir y bloquear (no cuestionamos la legitimidad) la oferta que la empresa húngara realizó meses atrás. Necesitamos que el Gobierno facilite las condiciones para que la venta [a Sidenor] se cierre antes de que el deterioro de la compañía sea irreversible", advierte la nota.

Comisiones también muestra en su comunicado su preocupación por la penalización de 116 millones impuesta por Renfe a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril que se ha convertido en el gran obstáculo para cerrar el acuerdo entre el consorcio de Sidenor y Trilantic. El sindicato entiende que "la operadora, que es empresa pública, no debería tomar acciones que puedan poner en riesgo los más de 2.500 puestos de trabajo directo que hay en Talgo". Y por ello, instan a ambas compañías a alcanzar un cuerdo "que no pongan en riesgo, ni los puestos de trabajo, ni la viabilidad de la empresa Talgo".

Junio como pronto

Trilantic y Sidenor se dieron de plazo hasta el próximo jueves día 15 de mayo para cerrar el acuerdo definitivo de la operación pero desde el consorcio vasco comprador se da por hecho que tendrán que prorrogar el plazo. La semana pasado, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, aseguró que espera que el acuerdo esté completamente cerrado en junio una vez que se solvente las cuestiones financieras que atañen a la multa de Renfe y la financiación de la deuda de Talgo.

El miembro del Gobierno vasco, que forma parte del consorcio junto a Sidenor y las fundaciones bancarias BBK y Vital; recordó que la "hoja de ruta" era cerrar "un principio de acuerdo con el accionista" [Trilantic], conocer "las condiciones de la multa multimillonaria de Renfe" y después "acordar con los bancos la financiación que Talgo necesita a futuro".

En este momento, según precisó, se está en "la fase de acordar la financiación que Talgo necesita para su plan industrial" y, una vez que concluya, se podrá "ya cerrar el acuerdo con los accionistas de la venta de sus acciones al consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga".

"Vamos por buen camino, hay que cubrir los plazos y la hoja de ruta. Nos ha llevado más tiempo de lo que queríamos sobre todo en esa situación de entender las condiciones de la multa de 116 millones de Renfe, pero hemos tenido dos semanas muy intensas, con muchas reuniones en Madrid, y creo que ya eso se ha despejado y estamos en una situación donde podemos sentarnos y hablar ya en condiciones con los bancos, explicar la situación de la empresa para que ellos también entiendan cómo nos pueden dar las líneas de crédito para financiar el plan industrial de Talgo a futuro", aseguró.