Transportes ultima la norma que permitirá diseñar los trenes que no entraban en los túneles de Cantabria

El contrato para la fabricación de los trenes de ancho métrico de Cantabria y Asturias está cerca de desbloquearse. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han asegurado que se está ultimando la adaptación normativa necesaria para emplear el denominado «método comparativo» por el que se ha optado para dar solución al problema con las medidas de los trenes que había en el encargo original de Renfe, que arrastra ya un retraso importante.

Tras la firma por parte de la operadora pública en diciembre de 2020 del contrato de compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros a CAF que incluía el mantenimiento parcial de la flota durante 15 años, en enero de 2021 se detectó el error de las medidas por parte del fabricante vasco, que lo trasladó de forma inmediata a Renfe. La línea FEVE por la que circulan estos trenes, con túneles más pequeños de lo habitual, impediría que pudieran entrar si se fabricaban de acuerdo a las medidas trasladadas por Renfe a CAF. El fallo fue confirmado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) dos meses después, en marzo.

Tras detectarse el problema, las partes implicadas en el proceso, Renfe, CAF y Adif; pasaron a estudiar diferentes soluciones y al final se ha optado por el denominado «método comparativo», que consiste en la utilización de un tren que actualmente circula por las líneas como referencia para los que se fabriquen nuevos y que Renfe aportará a CAF. El fabricante, por su parte, también tendrá que contratar a una empresa especializada en la aplicación de este método y el contrato entre Renfe y la empresa tendrá que ser modificado para introducir un seguimiento del proyecto con ese tren de referencia.

Decidido este año

Aunque algunas informaciones han apuntado a que este método se eligió ya a finales de 2021, desde Renfe aseguran que «la decisión definitiva del método comparativo se adoptó en enero de 2023». Desde la operadora añaden que, al no reconocer la normativa española este método pero sí la europea, no se podía aplicar sin la orden ministerial que ahora está ultimando la AESEF para ampararlo. «Había un vacío normativo y de cobertura jurídica sobre la aplicación del método comparativo. La AESEF se ha comprometido al desarrollo de la normativa», aseguran desde la operadora.

Una vez que esté lista la orden ministerial que prepara la AESF, se podrá comenzar con el diseño de los trenes. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quiere que el modelo estén preparado antes de verano para empezar cuanto antes su fabricación, según declaró públicamente en una visita a Cantabria. Su departamento ha anunciado que su intención es que los primeros trenes estén en circulación en el año 2026, dos años después de lo inicialmente previsto por Renfe.

Lo cierto es que aunque la operadora pública sostiene la necesidad de esta nueva normativa para amparar la solución, el sistema del método comparativo ya se ha aplicado a otro contrato durante este tiempo, en este caso de Adif, que en abril de 2022, antes de que se presentasen ofertas, ya adjuntó una nota aclaratoria a un contrato de tres locomotoras licitado dos meses antes para dar esta posibilidad a las empresas licitadoras. El uso de ese método no ha supuesto ningún retraso en ese contrato, cuyos trabajos comenzaron el 28 de noviembre, y Stadler, la empresa que ganó el concurso, va a solicitar un tren de la serie 2700 para usarlo como base para la construcción de las tres nuevas locomotoras, según han informado a Europa Press en fuentes del gestor ferroviario.

Para dirimir estas aparentes discrepancias de criterio entre Adif y Renfe y todo lo que ha sucedido con el encargo de los trenes de ancho métrico, el Mitma ha puesto en marcha una auditoría con la que pretende depurar responsabilidades más allá de las dos destituciones que ya se han producido en ambas compañías. En todo caso, desde el ministerio que dirige Raquel Sánchez insisten en que «desde el principio se ha reconocido que las partes implicadas en la solución no actuaron con la debida diligencia».es implicadas en la solución no actuaron con la debida diligencia".