Una tormenta para toda Europa

El chaleco amarillo, una prenda de seguridad en la carretera, curiosamente se ha convertido en el distintivo de unas revueltas que se han saldado con miles de detenidos e, incluso, con una víctima. Los sucesos tienen lugar en nuestro país vecino, Francia, en respuesta a la entrada en vigor el próximo 1 de enero de la subida el impuesto al diésel en 6,5 céntimos por litro y en 2,9 el de la gasolina. El presidente Emmanuel Macron, para apaciguar el conflicto, ha aplazado esta medida, que conjuga con las que también propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los chalecos amarillos han bloqueado un buen número de carreteras del país durante las últimas tres semanas, boicoteando el trabajo de los transportistas como protesta. El traslado de mercancías en el conjunto de Europa se ha visto alterado. Pero como todas las exportaciones españoles que se realizan por carretera pasan por Francia, a nosotros nos ha afectado particularmente.

El secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Españolas (Fenadismer), Juan José Gil, afirma que las movilizaciones han «perjudicado muy gravemente la actividad de las empresas transportistas españolas que realizan transporte internacional, que suponen un total de 30.000 compañías. Los bloqueos a camiones se han producido tanto en las carreteras galas como en las fronteras, afectando al tránsito de los más de 20.000 camiones españoles que diariamente cruzan la frontera francesa. Se ha ocasionado importantísimos daños por pérdidas en sus jornadas de trabajo (en algunos casos más de cuatro días de bloqueo de los camiones), incumpliendo en los plazos de entrega, pérdida de mercancías y otros, que han afectado de forma preocupante a las exportaciones españolas, teniendo en cuenta que estamos en plena campaña de exportación de la campaña hortofrutícola».

Macron ha calificado las revueltas como «un estado de emergencia social». Para aplacarlas, ha anunciado que aplazará la subida de los impuestos del diésel y aumentará el salario mínimo en 100 euros al mes desde el próximo año. Los transportistas españoles esperan que en Francia de reconduzca la situación porque en nuestro país también se les vienen curvas encima.

España

Cuando Pedro Sánchez formó gobierno mostró una de sus cartas más importantes al crear un Ministerio de Transición Ecológica. El objetivo de este Gabinete es conducir a España hacia una transformación medioambiental radical. Para lograrlo, han apostado por las renovables y han declarado la guerra a los combustibles, a los que le ponen una fecha para rendirse, 2040. Ese año se prohibirán las ventas de coches diésel y de gasolina, a pesar de que desde distintos sectores han mostrado su descontento ante esta medida. De momento, a corto plazo promete subir los impuestos del gasóleo, lo cual tendrá graves consecuencias sobre el comercio.

Como afirma el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Andreu Puñet, «por su condición de país periférico, buena parte de las exportaciones que se hacen desde España se realizan a través del transporte por carretera». Por lo tanto, el impuesto supondrá un obstáculo para nuestras ventas al extranjero, como sostiene Juan José Gil: «Un tercio de los costes de la exportación de un camión lo representa el carburante, por lo que cualquier incremento en la fiscalidad sobre el diésel afecta directamente en las tarifas sobre el transporte por carretera, teniendo en cuenta que la mayor parte de las exportaciones españolas son mercancías con un bajo valor intrínseco, por lo que cualquier subida afecta a la competitividad de los productos españoles en los mercados europeos, lo que aconseja la no subida del impuesto al diésel en la actual coyuntura económica».

Aunque la medida del Gobierno que más ha impacto es la de prohibir, a partir de 2040, la matriculación y venta de comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono. «Esto supone la prohibición directa de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC (Gas Natural Licuado) y GLP (Gas Licuado del Petróleo) e híbridos en todas sus tipologías», explican desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

La industria de los vehículos será la principal perjudicada, y ya ha estimado que se llevará un golpe muy duro. «El impacto social de la adaptación de las cadenas de producción hacia la fabricación de transportes de nulas o bajas emisiones es muy importante. Recientes estudios han cuantificado que para cumplir con una cuota de mercado del 25% de coches eléctricos, el empleo se podría reducir en un 11% y para alcanzar una cuota de mercado de los vehículos eléctricos», comentan fuentes de Anfac.

Camiones eléctricos

Claro que para los vehículos ligeros, la transición hacia el eléctrico será más sencilla, pero será complicado aunar en estos nuevos motores la potencia y la autonomía suficientes para los transportes pesados. Éstos, comenta Gil, «no disponen de una solución real en el mercado que permitan reducir la dependencia del sector a los carburantes tradicionales y, en particular, a la propulsión eléctrica, ya que el elevado peso de las baterías y su limitada autonomía hacen inviable realizar transporte con vehículos eléctricos».

Por último, mucha gente se ha preguntado qué ocurrirá con las estaciones de servicio cuando el diésel y la gasolina abandonen nuestro día a día. Puñet mantiene que «se adaptarán a las necesidades del cliente y del mercado. De hecho, hay un proceso de transformación hacia compañías energéticas. Además, han empezado a ofrecer servicios de paquetería o perfeccionado sus tiendas», concluye.