El usuario en el centro de la movilidad eléctrica

Se ha producido un crecimiento exponencial de la movilidad eléctrica en España, si bien sigue sin despegar. Según AEDIVE, en el último año hubo 100.425 matriculaciones, un tercio del parque eléctrico, que suma 315.622 vehículos y queda muy lejos del objetivo de cinco millones de vehículos eléctricos circulando en España en 2030. Son muchas las voces que identifican como una de las principales barreras la falta de infraestructura de recarga pública. Sin embargo, los resultados del Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023 de AEDIVE, basados en un análisis objetivo de la infraestructura actual y el uso de la misma, desvelan otras claves a tener en cuenta.

Durante 2022 se batieron récords en la instalación de puntos de recarga públicos: de hecho, sólo en ese año se instalaron el 54% del total de IRVEs públicos. Sin embargo, unos 7.400 no pudieron ponerse en marcha por estar pendientes de conexión a la red, limitando a 21.573 los puntos de recarga públicos operativos, muy lejos del objetivo de 250.000 en 2030. El cambio normativo por parte del Gobierno introduciendo la declaración responsable para facilitar la instalación de estos puntos de recarga es un gran paso, pero urge identificar el resto de barreras y vencerlas.

Pero estos puntos tampoco se usan, ya que la media se sitúa en el 4,2%; algo muy preocupante si consideramos que esta infraestructura, infrautilizada, recibe fondos públicos.

La falta de interoperabilidad aumenta los costes de recarga. Igualmente, la falta de interoperabilidad entre los puntos de recarga, que no sucede en otros países europeos, está propiciando que el coste de recarga pública sea de las más caras de Europa, lo que disuade su utilización. Por ello, el propietario de un vehículo eléctrico no dispone de información sobre el precio de recarga ni sobre la disponibilidad en tiempo real y tiene condicionado el pago a través de apps o tarjetas. Estas peculiaridades limitan el acceso y contradicen las características de un servicio público financiado con fondos públicos. De ahí que sea clave mejorar la experiencia del usuario y vincular las subvenciones a desarrollar una interoperabilidad real de la infraestructura, además de asegurar su mantenimiento y disponibilidad para poder alcanzar los objetivos.

Por ello, es el momento de optimizar y mejorar la recarga pública, garantizando al usuario una experiencia, no sólo igual que el repostaje tradicional, sino incluso superior, al poder aprovechar los avances tecnológicos del punto de recarga y del vehículo eléctrico. Y todo ello a un precio ajustado para garantizar, en definitiva, que el usuario esté en el centro, en lugar de la comercializadora del servicio.

May López es profesora del EAE Business School