González Laya, el último cortafuegos

La citación como investigada de la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en la causa que instruye el Juzgado número 7 de Zaragoza por la entrada ilegal en España del líder del Polisario, Brahim Ghali, es la inevitable consecuencia de un grave error gubernamental , con evidente trascendencia penal, que puede poner en aprietos a la propia presidencia del Ejecutivo, a poco que la ex ministra, destituida en la crisis de julio, reconozca que cumplió una orden superior.

Se convierte, así, González Laya en el último cortafuegos de La Moncloa frente a una exigencia de responsabilidades que, dada lo lógica de los acontecimientos, se antoja ineludible. Porque no estamos sólo ante una actuación política de consecuencias desastrosas para las relaciones bilaterales con Marruecos, –con la avalancha de inmigrantes irregulares en Ceuta incluida– sino ante la comisión de un delito inhabilitante para cualquier funcionario público como es el de la prevaricación. Al menos, así lo apunta la metódica instrucción del magistrado Rafael Lasala, que ha recabado los testimonios de quienes, por razón de su cargo, se vieron implicados en los acontecimientos y que describen el hilo conductor de un proceso de toma de decisiones evidentemente jerárquico.

Que sus impulsores creyeran que el asunto no transcendería a los servicios de Información del Gobierno de Rabat carece de la menor importancia a efectos procesales, por más que revele una falta de profesionalidad impropia de quienes regían, o rigen, la política exterior española, y, en todo caso, sólo añaden la sospecha del desprecio premeditado a la leyes vigentes.

Tal es así, que el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, se hizo cursar por escrito la orden que le conminaba a autorizar la entrada de un pasajero sin control fronterizo ni aduanero en una base militar y que, además, viajaba bajo identidad falsa. Esa orden, cuando menos de dudosa legitimidad, fue cursada por el entonces jefe de Gabinete de Laya, el diplomático Camilo Villarino, que es quien ha llevado al juez la sospecha de que la ex ministra actuaba por orden superior. Por último, pero no menos importante, más allá de la peripecia judicial lo que queda en el ánimo de la opinión pública es la actuación de un Gobierno que prefiere el atajo y el secreto antes de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. España podía atender a Ghali, pero con luz y taquígrafos.