Editorial

La Fiscalía que degrada la democracia

Hay trazas prevaricadoras por doquier, pero la fiscal y sus fiscales parecen intocables. La democracia languidece

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidirá si deja en manos de la Fiscalía Europea la investigación sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala como es preceptivo. En realidad, estamos ante un nuevo acto de instrumentalización de la Justicia en esa dinámica perversa que ha engullido al Ministerio Público desde que Pedro Sánchez decidió ocuparlo con el nombramiento de su ministra de Justicia y luego diputada. En esta ocasión ha sido la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, promovida al puesto por Moncloa, la que se ha encargado de lanzar la última salva de cañonazos leguleyos contra Isabel Díaz Ayuso. La trayectoria de Concepción Sabadell está marcada por su papel protagonista en Gürtel, en el que sobresalió por su fiereza en un procedimiento que remató el juez De Prada para armar una sentencia fraudulenta que auspició la moción de censura que acabó con el Gobierno del PP. Veremos si Sabadell, muy cercana a Dolores Delgado, se sale con la suya y le dobla el brazo a Anticorrupción para quedarse con las diligencias sobre el hermano de la presidenta madrileña. Pero lo que denota como trascendente es la degradación acelerada de un instrumento del Estado, garante del principio de legalidad, que constituye en sí misma la corrupción de la democracia a manos de quienes deberían protegerla. Se hace además de una manera ciertamente obscena, como en este caso en que la fiscal Sabadell se refiere a la posible malversación de fondos europeos, un tipo penal que requiere desviación y sustracción de los partidas públicas cuando es un hecho que la adquisición y suministro de las mascarillas se concretó. No hay por donde coger el atropello a los principios del Derecho salvo en el marco de una operación política de una voluntad gubernamental por arrinconar a los adversarios. Es la pulsión que ha orillado la denuncia de la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción de 12 contratos sospechosos y sombríos, por valor de 326 millones de euros, adjudicados durante la pandemia por la coalición de Gobierno, y que sigue en un limbo ignoto. El Ministerio Público tiene pendiente una reforma profunda que introduzca cambios en el método de selección y en la duración del mandato del Fiscal General del Estado, entre otros, con el objetivo de asegurar con transparencia su autonomía e independencia en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa que ha abroncado al Ejecutivo socialista comunista por sus injerencias y empeño por amarrar la Justicia y apuntillar la división de poderes. Obviamente, ni con Sánchez ni con Dolores Delgado eso será posible. La Fiscalía es un poderoso instrumento, que debería serlo en exclusiva del Estado de Derecho, pero que la izquierda ha hecho suyo reforzado con una tela de araña de nombramientos de afines en los puestos clave. Hay trazas prevaricadoras por doquier, pero la fiscal y sus fiscales parecen intocables. La democracia languidece.