Esa izquierda que politiza la Justicia

No es un secreto para nadie que el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez no ha sido especialmente escrupuloso a la hora de preservar la imagen de independencia de las instituciones del Estado, desde el Ministerio Público al CIS, incluso, recurriendo a la figura de los reales decretos discrecionales para alterar la composición de algunos organismos o preterir a los altos funcionarios de la Administración en favor de la designación de cargos afines a los partidos gubernamentales.

Se nos dirá que, en realidad, se trata de una práctica común a todos los ejecutivos, pero, con ser cierto, nunca se había producido con la intensidad del momento presente y, sobre todo, nunca se habían invadido las «zonas grises» de la Justicia con la discrecionalidad de la que ha hecho gala el actual Gabinete. Baste recordar que tuvo que salir al paso la propia Comisión Europea, amparada en los dictámenes del Consejo de Europa, de un proyecto de reforma de la elección de los vocales del CGPJ que otorgaba a la mayoría simple del Parlamento la facultad de designar a los vocales judiciales del órgano de gobierno de los jueces.

Parado el golpe, que suponía un ataque mayor a la independencia de la Justicia, La Moncloa procedió a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un Consejo en funciones procediera a llevar a cabo los nombramientos de las vacantes de jueces y magistrados que se iban produciendo en los distintos tribunales, bajo el alegado razonamiento de que así, bloqueando el normal funcionamiento de las instancias judiciales, se forzaba al Partido Popular a negociar la renovación del CGPJ. Por supuesto, y sin pretender hacer juicio de intenciones, lo cierto es que el Ejecutivo conseguía que un Consejo que no consideraba propicio a sus intereses dejara sin cubrir puestos clave en la magistratura.

Esa obsesión por «las biografías políticas» de unos candidatos que, a fin de cuentas, son independientes por la propia naturaleza de su función, acompaña de siempre a un sector de la izquierda española que bebe de las fuentes del llamado «Derecho alternativo», y lleva a dislates como el presente. Porque «al legislador» se le pasó por alto que la reforma aprobada incluía entre las prohibiciones la preceptiva renovación parcial del Tribunal Constitucional, y ahí, la medida era lesiva para los intereses políticos e ideológicos de la izquierda gobernante, pues impedía el cambio hacia una mayoría progresista en el Alto Tribunal.

Es lo que se votó ayer en el Senado, una «reforma de la reforma» que beneficia a las izquierdas y que puede cambiar no sólo la interpretación sobre la constitucionalidad de algunas leyes, sino abrir nuevas vías de agua al modelo territorial. Ni siquiera se han tratado de guardar las formas. La mayoría de la investidura ha saltado sobre el espíritu de la ley, en un mal precedente para la independencia de nuestra Justicia.