Indultar a Griñán no salvará al PSOE

Los magistrados del Tribunal Supremo han puesto en blanco sobre negro lo que ya toda España sabía, que los socialistas andaluces crearon un instrumento al servicio de sus intereses, convirtiendo unos fondos públicos destinados a paliar las consecuencias de la crisis económica en un fondo de reptiles para captar voluntades y pagar fidelidades. Que todo el plan se gestó desde la propia Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, y que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán fueron no sólo conscientes de que se disponía de los caudales públicos como si fueran propios, al margen de cualquier control, sino que el propio Griñán, en su calidad de consejero de Hacienda y de Economía, tuvo un papel protagónico en la elaboración de las normas presupuestarias que hicieron posible el gigantesco fraude.

A partir de aquí, del relato de los hechos probados por la Justicia, el sector socialista del Gobierno podrá contravenir el recto espíritu de la ley y conceder el indulto a uno de los expresidentes del partido, pero no salvará la imagen de una formación que ha quedado manchada para siempre desde su empecinamiento pueril en negar lo que todos saben. Porque ni siquiera el voto particular conjunto de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo eximen al PSOE de su responsabilidad en la corrupción de los fondos públicos. Al contrario, también en su dictamen confirman el delito continuado de prevaricación en el que incurrieron los máximos responsables de la Junta.

Y, ciertamente, José Antonio Griñán no estuvo detrás de la ventanilla repartiendo personalmente los sobres, pero permitió que se pagaran las ayudas sociolaborales conociendo que en la gestión de las mismas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades, con un descontrol absoluto. Lo supo, pudo impedirlo, como era su deber, y no lo hizo. En cualquier caso, no debería la opinión pública española dejarse envolver en la cortina de humo que supone la discusión sobre la peripecia penal de uno de los quince altos funcionarios de la Junta de Andalucía cuyas condenas han sido confirmadas por el Tribunal Supremo.

Sin duda, es la estrategia que conviene a un partido, como el PSOE, que ha hecho del estigma de la corrupción en el adversario su principal instrumento político. Porque son esas quince condenas, más las que vendrán en las causas que aún permanecen abiertas, la exacta descripción de lo que fue el socialismo en Andalucía: fraude, soberbia y disimulo. En efecto, no hay un «caso Griñán», a quien, dicho sea de paso, le asiste todo el derecho a tratar de eludir la cárcel que, sin embargo, cumplen, y por largos años, otros políticos condenados por corrupción. Hay un «caso PSOE» que, traducido en cifras, supuso el latrocinio de 680 millones de euros del erario público, pero que, moralmente, fue mucho más dañino, pues incentivó la destrucción del tejido empresarial andaluz.