Una amnistía contra la médula del Estado

Las declaraciones públicas del titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, admitiendo nuevas negociaciones con Junts para acordar una ley de amnistía que, en palabras del ministro, «cubrirá a todas las personas implicadas en el procés» y pondrá fin «todos los procedimientos civiles y contables y penales» incoados por los tribunales de Justicia no tienen otra traducción posible que la rendición con armas y bagajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la exigencia de total impunidad de Carles Puigdemont.

Nos hallamos, pues, ante el anuncio de un acto político que supondría un ataque sin paliativos a la médula del Estado de Derecho y que es preciso denunciar ante la opinión pública y ante todas las instancias institucionales de España y de la Unión Europea por lo que supone de contravención del contrato constitucional y de menoscabo de la soberanía nacional.

De ahí, que nos parezca oportuno agradecer la clarificadora intervención del ministro Bolaños antes de que los ciudadanos de Galicia acudan a las urnas. Aunque, por supuesto, lo correcto hubiera sido una declaración oficial de La Moncloa y del partido socialista, explicando el alcance del acuerdo, estamos ante una mejora con respecto a lo sucedido en las pasadas elecciones generales, cuando los españoles fueron a las urnas fiados de las promesas del candidato socialista de que no habría inmunidad para los implicados en la intentona separatista del procés ni para quienes incendiaron las calles de Cataluña contra las decisiones del Tribunal Supremo.

La asunción por parte del Ejecutivo de una propuesta de máximos, que incluya, necesariamente, los delitos de terrorismo o de traición al Estado, no sólo explica la inverosímil e inaudita campaña de «propaganda negra» gubernamental contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sino que augura un período de fuerte tensión en el funcionamiento de las instituciones, especialmente las que conforman el Poder Judicial, sobre cuyos representantes se intensificará la presión del Gobierno, como ya estamos viendo en el ámbito de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y del cuerpo de letrados de las Cortes.

El daño que el engendro legal, palmariamente inconstitucional, producirá a la normal convivencia social está por determinar, pero la destrucción del principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y de que la democracia se sustenta en la separación de poderes y en la independencia de los tribunales acarreará, sin duda, inevitables consecuencias para el crédito de nuestro sistema de Justicia. Con un problema añadido, que la promulgación de una amnistía integral, como la que exigen Carles Puigdemont y los nacionalistas catalanes y vascos, puede no circunscribirse a un determinado territorio y espacio temporal.