1986 vs. 2023: un juramento ante un escenario muy diferente

En el mismo lugar, el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Y también, sobre el mismo ejemplar de la Constitución que juró su padre. Pero su hija, la Princesa de Asturias Leonor de Borbón, ha realizado su solemne juramento como Heredera de la Corona ante un escenario muy diferente. Aquel 30 de enero de 1986, las Cortes Generales acudieron en pleno a la ceremonia, sin una sola falta de asistencia entre los parlamentarios, con las Mesas de ambas Cámaras, Congreso y Senado, completas y con los 17 presidentes autonómicos, incluidos el de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y el lendakari vasco, José Antonio Ardanza. Toda la izquierda, con el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo en cabeza, estuvo presente bajo un gran respeto institucional. El Ejecutivo socialista de Felipe Gonzálezgobernaba con una amplia mayoría absoluta y todos sus ministros ocuparon sus escaños en el banco azul. El protocolo sentó al Príncipe de Asturias junto al presidente del Gobierno y ambos mantuvieron numeroso gestos de complicidad durante la ceremonia.

37 años después, la solemnidad del acto, la dignidad regia y ejemplar conducta de la Heredera se han mantenido intactas. Pero su juramento se ha desarrollado con dos diferencias esenciales en el plano político y familiar. En el primero, el impresentable desplante de todos los socios del Gobierno, incluidos los tres ministros de Podemos e Izquierda Unida, Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón, quienes hasta la fecha siguen cobrando sus sueldos del erario público. Entre los grupos parlamentarios que sustentan la investidura de Pedro Sánchez ninguno acudió a la ceremonia y, para colmo, Esquerra Republicana, EH-Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego difundieron un comunicado con el lema de «Ni Constitución, ni Monarquía». Un deleznable alegato al que el Gobierno de Sánchez resta importancia, similar a la vergonzante fotografía del número tres del PSOE, Santos Cerdán, junto al fugitivo Carles Puigdemont en Bruselas, bajo la imagen de una urna el 1-O. Una bajada de pantalones en toda regla que vaticina el «trágala» que piensa ejercer Pedro Sánchez con tal de asegurarse un puñado de votos y su permanencia en La Moncloa.

La escenografía tuvo también sus cambios. La plataforma presidencial era idéntica a la de hace 37, pero la colocación de las autoridades distinta. Tras muchos vaivenes de protocolo, en Moncloa aceptaron sentar a Sánchez a la izquierda de la Infanta Sofía, junto a los presidentes del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. La vestimenta exigida para las damas no fue de largo, tal como sucedió entonces con la Reina Sofía y las hermanas del Rey, Elena y Cristina. Frente al sobrio modelo de Doña Letizia y el impecable traje blanco de Leonor, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, lució un modelo poco convencional y zapatos de tacón plano. Su discurso nada tuvo que ver con el de Gregorio Peces-Barba, al más puro estilo «sanchista»: alternancia del castellano con saludos en catalán, gallego y vasco al socaire de tres poetas de esas tierras, diversidad, pluralidad, cambio climático e igualdad de género. Menos mal que tuvo el detalle de recordar a su antecesor y emuló las palabras de Peces-Barba al término del juramento de la Princesa con los tres ¡vivas! a la Constitución, España y el Rey. Los tres conceptos institucionales que los socios de Pedro Sánchez quieren demoler.

El atronador aplauso de cuatro minutos, en especial desde los escaños del PP y Vox, se interpretó como un sonoro acto de desagravio por las ausencias de los separatistas, izquierda radical y bilduetarras socios de Sánchez y no fue secundado en toda su duración por los por los ministros en funciones Yolanda Díaz, Joan Subirats y la portavoz de Sumar, Marta Lois. Mientras esto sucedía, que emocionó vivamente al Rey Felipe VI y a la Princesa, la inefable ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se marcaba una entrevista radiofónica en la que anunciaba su intención de luchar para que Doña Leonor «nunca llegue a reinar» y el secretario primero de la Mesa del Congreso, el argentino Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, que goza de un elevado sueldo público y coche oficial, justificaba su ausencia por «coherencia republicana». Nada de esto habría sido imaginable aquel 30 de enero de 1986 bajo el gobierno de González, quien contempló la ceremonia desde una tribuna de invitados junto a los expresidente José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y dos de los «padres» de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón y Miguel Roca.

Familiares

La parte más triste ha sido la ausencia de los familiares de Leonor. En un acto de impresentable cicatería se impidió la presencia del Rey Don Juan Carlos, quien tanto hizo por esa Transición que glosó la señora Armengol, lo que arrastró también la ausencia de doña Sofía y los abuelos maternos, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano. A excepción de sus padres los Reyes Felipe y Letizia, ningún familiar de la Princesa de Asturias estuvo presente, en contraposición a la jura de su padre. Aquel día le acompañaron su abuelo, el Conde Barcelona; sus hermanas, Elena y Cristina; las hermanas de don Juan Carlos, las infantas Doña Pilar y Doña Margarita; sus respectivos esposos y Constantino de Grecia. Tampoco se les permitió acudir al Palacio Real, donde la Heredera pronunció su discurso, a diferencia de su padre, que lo hizo ante las Cortes Generales, antes de la imposición del Gran Collar de Carlos III. La ausencia del Rey Emérito, relegado a la recepción privada y familiar en el palacio de El Pardo, fue muy criticada por la mayoría de los asistentes institucionales al acto, en especial de los Gobiernos y Cámaras parlamentarias anteriores.

Aquel 30 de enero de 1986 amaneció frio y soleado. Este 31 de octubre de 2023 ha sido otoñal y gris. Pero el calor del pueblo de Madrid desbordó toda previsión. Desde primeras horas de la mañana las calles del centro madrileño estaban abarrotadas de ciudadanos y turistas, con una nube imparable de banderas de España. La Princesa, muy emocionada pero firme en sus palabras, se comprometió, según reza el artículo 61 de la Carta Magna, a «guardar y hacer guardar la Constitución, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, con fidelidad al Rey». Con la misma fórmula que utilizó su padre oficializó su mayoría de edad y su rango en una solemne ceremonia que poco tiene que ver, en el terreno político y familiar, con la acaecida hace 37 años. En su discurso, el entonces presidente del Congreso, el socialista Gregorio Peces-Barba, ensalzó el significado de la Monarquía parlamentaria como símbolo de la unidad y permanencia de España y la definió como «el sistema más racional y adecuado en una democracia».

Durante el solemne acto, el Príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, sentado a su izquierda, intercambiaron palabras y gestos de complicidad. En esta ocasión, la relación entre ambos ha sido más fría y de cortesía. Recuerdo bien que después del juramento en el Congreso, ya en el Palacio Real donde el Rey impuso a su hijo el Gran Collar de Carlos III, Felipe González en conversación informal con los periodistas, nos confesó su satisfacción por este juramento, que en su opinión, además de cumplir una previsión constitucional, venía a saldar una fractura histórica y cerrar el capítulo de una transición dinástica en paralelo con la transición política en España.

Palabras hoy de gran calado frente a los socios de Pedro Sánchez que buscan destruirla.