El apunte de Francisco Marhuenda: “Será interesante ver cómo actúan los comunistas ahora que están en el Consejo de Ministros”

Ha costado, pero ya tenemos gobierno. Hay quien esperaba o creía que los representantes de Unidas Podemos podían repetir el espectáculo propagandístico de las promesas como diputados en el acto solemne de toma de posesión como miembros del gabinete ante el jefe del Estado. Es no conocer a los comunistas, a los neocomunistas y al titular de Universidades que en su día consideraba inútil que hubiera esta cartera hasta que se la han ofrecido y gozoso la aceptó con gran rapidez no fuera que alguien se le adelantara.

Una cosa es salir a la calle al grito de “no nos representan” o cuestionar el sistema de la Transición para ganar votos aprovechando la crisis económica e institucional de los últimos años y otra muy distinta es ocupar una cartera ministerial. No podían estar más felices. El viejo sueño del PCE y luego de IU se ha materializado de manos de los “hijos” de Anguita que han jugado muy bien sus cartas.

Hay que tener en cuenta que el gobierno es una imponente máquina de colocación de políticos, lo digo sin tono peyorativo porque lo ha hecho el PP como el PSOE, y es normal que lo haga Podemos. Es tan lógico como razonable, aunque ahora tengamos una pintoresca inflación de ministerios que ha permitido convertir el Instituto Nacional de Consumo en un ministerio para mayor gloria de Garzón que hace poco consideraba que el modelo de consumo era Cuba. Será muy interesante ver cómo actúan los comunistas ahora que se sientan en el Consejo de Ministros. Y es verdad que Sánchez, con la habilidad que le caracteriza, no ha sido, precisamente, generoso en el reparto. La parte más importante ha sido, con diferencia, para el PSOE, aunque también es cierto que Podemos tiene una gran oportunidad y veremos como la utiliza.

Otro aspecto insólito ha sido la decisión de nombrar a la anterior ministra de Justicia, sin solución de continuidad, como nueva fiscal general del Estado. Es un mensaje muy claro de que la Fiscalía tiene que ser el brazo armado y sumiso al servicio de los intereses de Moncloa. Y punto. La polémica durará poco, ya que Sánchez es un político muy hábil que consigue siempre lo que quiere aunque haya tenido que pasar su particular vía crucis. Por tanto, Dolores Delgado será el brazo ejecutor en el proceso de desjudicialización del conflicto independentista y lo hará sin ningún rubor. Esta nueva palabreja que ha impuesto a ERC y que contrasta con lo que decía el presidente del Gobierno en la campaña electoral merece incorporarse a los manuales de Derecho Constitucional como expresión de una práctica deleznable de entender el Estado de Derecho.

La comisión de delitos tiene que ser judicializada, porque en caso contrario se lanza a la sociedad el mensaje de que existen dos tipos de Justicia: una para la clase política y otra para el resto de ciudadanos. No hay que confundir el diálogo con la sumisión o con el todo vale si el gobierno necesita de los votos independentistas para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y garantizar su estabilidad. No me gusta el conflicto y como catalán desearía que el independentismo dejará de amenazar con la frase de “ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer). Por ello, la Fiscalía es una pieza fundamental y no creo que el camino sea convertirla en el perrito faldero del Ejecutivo como ha sucedido con la abogacía del Estado, que debería cambiarse su nombre para que sea “del Gobierno”.

En cualquier caso, Dolores Delgado tiene un reto duro y difícil porque no debería olvidar, se lo digo con el afecto personal que le tengo aunque discrepemos, que es una fiscal de carrera y debería preservar, ante todo, el prestigio de este cuerpo centenario. Zapatero acertó con la reforma de su Estatuto para dotarle de autonomía. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, porque fue un gesto encomiable que merecería extenderse a otros ámbitos de las instituciones del Estado. Una gran democracia como la española necesita que sus funcionarios no sean obedientes servidores del poder partidista olvidando que son servidores públicos.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).