El Gobierno “descarta” pedir los 62.754 millones del rescate a los bancos para paliar los efectos de la pandemia

El pasado 17 de marzo, el senador por Compromís Carles Mulet reprochó al Gobierno que no existiese ningún plan para recuperar los 62.754 millones de euros de dinero público destinado desde 2012 para rescatar a la banca. “En plena crisis del coronavirus, con buena parte de la población afectada por ERTE, autónomos sin ingresos y familias con emergencias económicas”, argumentaba que era el mejor momento para exigir el retorno de este dinero. Por ello, utilizó los canales a su alcance y preguntó por escrito: ¿Cómo va a recuperar el Gobierno, de manera urgente este dinero para destinarlo a la coronacrisis?

La respuesta del Ejecutivo llegó por fin ayer. Pero lejos de satisfacer las aspiraciones del senador de Compromís, lo que dejó claro es que no está en sus planes exigir a la banca el citado rescate. Así, reiteró que el Gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias para proteger a las familias, los trabajadores y los autónomos, particularmente los más vulnerables, así como para preservar el tejido empresarial y económico y el empleo. Y en este sentido, “el sector bancario está destinado a jugar un papel relevante”, matizó el Ejecutivo.

Lejos de ahondar en polémicas, el Gobierno descarta meterse en reclamaciones. A su juicio, el buen funcionamiento del canal crediticio, favorecido además por actuaciones públicas como la línea de avales creada por el gobierno español o la política monetaria impulsada por el Banco Central Europeo (BCE), es ahora “la mejor contribución que puede realizar el sector bancario a la economía española para superar la crisis del coronavirus”. Y es que, desde el Ejecutivo señalan que la provisión de liquidez y crédito a la economía real, en particular a pymes y autónomos, es fundamental para minimizar los efectos económicos negativos derivados de esta crisis sanitaria.

Hay que señalar que la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, declaró en el Pleno del Senado del 21 de abril de 2020 que: “Las entidades financieras tienen un papel fundamental que jugar, canalizando los recursos hacia el funcionamiento de la economía y son muchas las iniciativas que están poniendo sobre la mesa. En todo caso, nosotros no nos confiamos, hemos puesto un montón de salvaguardas y estamos vigilando que, verdaderamente, los recursos públicos y el aval público se canalizan hacia el buen funcionamiento de la economía”.

¿Objetivo? Imitar a Portugal

Para el senador Mulet, nadie cuestiona el papel que está jugando ahora la banca, pero señala que “de nuevo Portugal nos lleva la delantera, donde viviendo la misma realidad que nosotros, el presidente del país vecino sí ha pedido formalmente a la banca que retornen aquello que puedan del rescate bancario”. Y ya que su insistencia no obtuvo los frutos deseados, manifestó que si ahora no van a pedir ese dinero, no lo condonen. “Si el ingreso o renta vital para la gente con más necesidades se calcula puede suponer 5000 millones de euros, eso se podría financiar con una mínima parte del pago de la deuda bancaria al Estado, eso o cualquier medida social y sanitaria que tocará abordar ya”, matizó.

Hay que recordar que no es la primera vez que este senador interpela al Ejecutivo por este asunto. En una anterior pregunta en la Cámara Alta, Mulet sólo consiguió que el Gobierno le ofreciera números. Pero tampoco consiguió un compromiso del Ejecutivo para recuperar este dinero. En esa respuesta escrita, el Ejecutivo apuntaba que “si se suman las aportaciones de capital netas, Esquemas de Protección de Activos (EPA) y otras garantías, la estimación provisional de los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero se sitúa en 41.150 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 21.604 millones de euros por parte del sector bancario, a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD)”. Una cifra que no es definitivo, tal y como señaló el Gobierno, ya que “el cálculo de estas aportaciones netas no podrá realizarse hasta la liquidación final de todos los activos”.