Aumentan hasta 160 las residencias de ancianos investigadas por la Fiscalía

Las residencias de ancianos o de personas con discapacidad investigadas por la Fiscalía han aumentado en esta última semana, elevándose ahora hasta 160 los centros de esas características que están bajo la lupa del Ministerio Público. En estos últimos siete días se han decretado el archivo de cuatro diligencias de investigación penal (dos en Canarias, una en Cantabria, una en Castilla y León), que fueron abiertas por la presentación de denuncias, algunas de ellas muy genéricas o de índole prospectiva, que interpuestas por partidos políticos, particulares, asociaciones y otros y que tras la correspondiente investigación se ha decretado el archivo al no constarse la comisión de delito alguno. Además, hay casi más de una veintena de jueces que investigan ya la presunta comisión de delitos, especialmente relacionados con homicidios imprudentes y lesiones. La Comunidad de Madrid es la que tiene más residencias bajo la lupa de la investigación fiscal y judicial. Así, esta semana tres juzgados de Murcia, uno en Burgos y otro en Zaragoza han abierto procedimientos para deteminar la posible comisión de delitos en esas residencias. Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña son las que tienen más residencias en investigación.

El dato llamativo en esta última semana es que se han abierto 26 nuevas diligencias penales a otras tantas residencias, de las diez están en la Comunidad de Madrid, siete en Castilla y León, seis en Cataluña, dos en Castilla La Mancha y una en Aragón. Ahora, la Fiscalía realizará las diligencias oportunas para esclarecer los hechos y determinar si mantiene la investigación abierta, las remite a un juzgado si aparecen indicios claros de delito o procede al archivo si no encuentra relevancia penal alguna.

En lo que afecta a la Comunidad de Madrid, con estos nuevos datos, el total de residencias investigadas asciende a 79, tanto por la Fiscalia Provincial de Madrid, como por las áreas delegadas de la Fiscalía de Alcalá de Henares, Móstoles-Fuenlabrada y la de Getafe. Junto a ello, los juzgados de Instrucción números 51, 12, 48 y 42 de Madrid, junto con el Juzgado número 1 de Navalcarnero y el número 2 de Alcobendas, investigan cada uno de ellos la presunta comisión de delitos en otras tantas residencias.

Tras la Comunidad de Madrid, es Cataluña la que, una semana más, con 31 diligencias penales abiertas a centros de mayores, además de más de 70 residencias en las que se trata de determinar si se protegieron correctamente los derechos de los residentes (en una sola diligencia civil de protección de derecho se investigan a 15 residencias).

Al igual que semanas anteriores, en comunidades como Cantabria, Aragón o el País Vasco no hay ningún centro de mayores sobre el que se investigue si se ha podido cometer algún tipo de delito.

Por otro lado, permanecen en trámite todas las diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española, produciéndose además la incoación de un nuevo expediente de esta naturaleza en la Fiscalía Provincial de Huesca.

En estas actuaciones se solicita y recibe información actualizada de forma permanente respecto de la situación en los establecimientos residenciales, además de facilitar el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal, es decir, deprotección de derechos.