La Guardia Civil concluye que el 8-M “no se debería haber realizado”

Mantiene que el Gobierno conocía desde enero "la gravedad real de la epidemia” y subraya que tres días antes de las marchas feministas Illa y Simón prohibieron un congreso evangélico

La Guardia Civil considera que el Gobierno “ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”, por lo que el 8-M “no se debería haber realizado”. Esa es una de las principales conclusiones del informe que ha remitido el Instituto Armado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las autorizaciones de esa protesta en Madrid pese a las recomendaciones sanitarias de evitar concentraciones multitudinarias. En el documento se afirma, además, que la Delegación del Gobierno en Madrid disponía de “datos objetivos suficientes” desde la primera semana de marzo y que ignoró casi una decena de alertas sanitarias sobre la pandemia.

En el informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se incluye la prohibición expresa, tres días antes de esa concentraciones por el Día Internacional de la Mujer, por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de Fernando Simón de un congreso evangélico que se iba a celebrar entre el 19 y el 21 de marzo en la capital. “No, eso no se puede hacer”, dejó claro a los convocantes el ministro. Ante la renuencia de los promotores del acto, un día después, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias se mostró igualmente tajante.

Tras explicar a los convocantes “la grave situación sanitaria”, Fernando Simón expresó “de manera taxativa” -según uno de los asistentes- que “ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios”, lo que suponía “un claro riesgo para los asistentes y la salud pública”. Los responsables sanitarios llegaron a proponer incluso “el cierre de todas” las iglesias evangélicas.

El informe policial hace referencia a las reuniones que se celebraron el día 5 y 6 de marzo con Illa y Simón, en las que Sanidad dejó claro que ese congreso no se podía celebrar. La Guardia Civil hace hincapié en que “las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios” que asistieron a esas reuniones “indicia sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagiados acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar a un número de personas muy superior al previsto para el congreso Unlimited”.

De hecho, subraya, en el congreso evangélico se preveía la asistencia de 5.500 personas (8.000 según el organizador), mientras "manifestaciones como la prevista para el 8-M, Día Internacional de la Mujer, en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas".

En el informe de 83 páginas de la Comandancia de Madrid, que hasta ayer dirigía el coronel Diego Pérez de los Cobos (destituido de forma fulminante por el ministro Fernando Grande-Marlaska), se hace especial mención además al hecho de que "los desplazamientos y accesos a los eventos juegan un papel fundamental en cuanto a la concentración masiva de personas, especialmente en el 8-M, motivado por un número tan elevado de asistentes que exige incluso la celebración de reuniones de coordinación con responsables de la EMT, RENFE o Metro precisamente para ampliar las necesidades de movilidad de un número tan elevado de personas".

“Todas estas circunstancias -concluye la Guardia Civil- hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”. El Instituto Armado recuerda que en esas fechas Sanidad ya contaba con un documento suscrito por la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, que alertó el 6 de marzo de los “riesgos de transmisión”, y para la salud de la población, del coronavirus en “eventos multitudinarios de cualquier tipo”.

En la primera reunión con los responsables de Sanidad, el 5 de marzo, el consejero de Medios y el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE), Jorge Humberto Fernández Basso y Manuel Cerezo, respectivamente, se vieron cara a cara en la sede del Ministerio con Illa, Simón, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Según declaró a la Guardia Civil Fernández Basso, en ese encuentro se trataron "diversos aspectos relacionados con Covid-19, en especial en relación a la información errónea que se había publicado acerca de contagios en sus iglesias, comprometiéndose los responsables de Sanidad a pedir disculpas públicamente".

Según aseguró, Simón expuso en ese encuentro "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa, exponiendo los mayores riesgos que tenía la Iglesia Evangélica, debido a la movilidad de las personas y a las concentraciones a las que asistían".

Tras exponer la próxima celebración del Congreso Unlimited en la Caja Mágica, para el que preveían las asistencia de 8.000 personas, Illa "acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase “No, eso no se puede hacer”, procediendo a emplazarles a una nueva reunión el día siguiente a la que además de ellos asistiera el organizador del congreso, Juan Carlos Escobar, presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE)

Esa nueva reunión convocada por el Ministerio de Sanidad se produjo al día siguiente y en esa ocasión Simón planteó, según la declaración de Fernández Basso, “el estado actual de la pandemia”, considerándola “como un escenario grave de pandemia”, por lo que según explicó se estaba llevando a cabo “un seguimiento detallado de los contagios y una estrategia basada en la contención”.

En esa cita, la entonces directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid Yolanda Fuentes (que dimitió el pasado 7 de mayo disconforme con la decisión del Gobierno regional de pasar a la fase 1) les pide expresamente “que suspendan las reuniones previstas, en especial el congreso”, afirmando todos los representantes sanitarios que el congreso “no se podía celebrar de ninguna manera dada la grave situación ya existente y los riesgos asociados y que una recomendación expresa como la que se menciona equivale a una prohibición”.

Simón se compromete entonces a remitir al organizador del congreso “un documento acreditativo de la imposibilidad de celebrar el acto, enviándole el 7 de marzo un escrito firmado por Pilar Aparicio que guarda relación con las recomendaciones relacionadas con el Covid-19 y en el que consta expresamente la recomendación de aplazamientos de eventos multitudinarios”.

La juez Carmen Rodríguez-Medel instruye este procedimiento tras la denuncia del abogado Víctor Valladares contra el delegado del Gobierno en Madrid -al igual que hizo contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo- por permitir esas manifestaciones del 8-M pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, deberá declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado en el marco de esta causa.

La información que no entrega Simón y la protesta en el chalet de Iglesias que sí se prohibió

La Guardia Civil lamenta que el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias que dirige Simón no le ha remitido aún la documentación solicitada el pasado 8 de abril por orden de la juez pese a que se le ha requerido “en numerosas ocasiones”. En particular, se queja de que no ha aclarado la difusión que dio al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que desaconsejaba concentraciones multitudinarias y si lo mandó al delegado del Gobierno, que sí niega haberlo recibido.
Simón tampoco ha precisado si por parte de las autoridades españoles se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en relación con las manifestaciones convocadas a partir del 5 de marzo. Eso sí, a la Guardia Civil no le consta que la Delegación solicitara informe alguno sobre la pertinencia de las concentraciones por posibles contagios por Covid-19.
Pero la Delegación del Gobierno, afirma la Guardia Civil, "tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma". Y subraya que 35 fueron desconvocadas, en su mayor parte por motivo sanitarios, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, e incluso en 14 casos a iniciativa de los propios convocantes.
Algunos de los promotores de estas protestas explicaron a la Guardia Civil que desde la Delegación del Gobierno se les llamó telefónicamente para "sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria". Y si se mostraban reacios "les instaban a ello mediante recomendaciones con la finalidad de que se cancelaran las mismas" utilizando en algunos casos "expresiones imperativas", como sucedió en una docena de casos.
Unos datos de las que no consta "ningún tipo de registro" -lo que los autores del informe consideran "llamativo"- y que denotan, según el Instituto Armado, "el amplio conocimiento de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios" y su interés en que no se celebraran.
De ahí que la Guardia Civil subraye que se autorizaron concentraciones, entre ellas el 8-M, en fechas posteriores "al conocimiento total y generalizado de la sociedad española de la grave situación sanitaria". En el informe se subraya que, por un lado, Simón manifestó el 7 de marzo que "si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera" y "sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo".
Lo que sí tienen claro los autores del informe es que la Delegación del Gobierno “tenía conocimiento con anterioridad al 14 de marzo” de la crisis sanitaria al haber recibido correos al respecto directamente de otras administraciones públicas u organismos o por haber tratado la cuestión “internamente”. El 28 de febrero, asegura, el servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación elaboró un documento con información general sobre las medidas preventivas básicas ante el coronavirus, por lo que ya en ese momento “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad”. En ese informe se recomienda mantener a distancia social de al menos un metro. Y esa “concienciación”, añade, se plasmó en una “difusión masiva” de ese documento entre el personal, al que se le remitió por correo electrónico el 2 de marzo, lo que “deja patente” que todo el personal “estaba al corriente de la evolución del Covid-19”
El Instituto Armado cree que la Delegación del Gobierno tenía igualmente conocimiento de los informes y recomendaciones de la OMS y de la información facilitada por el Ministerio de Sanidad, y subraya que la mera evolución de las cifras de contagios y fallecidos entre el 5 y el 14 de marzo da "una visión objetiva del peligro de crecimiento y de contagio de la enfermedad en la Comunidad de Madrid"
Según la documentación remitida por la propia Delegación del Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo recibió 177 peticiones de reuniones o manifestaciones, de las que se autorizaron 130. Finalmente, 35 fueron desconvocadas (26 de ellas por la crisis sanitaria del coronavirus) y otras ocho no se llegaron a celebrar.
Catorce de esas protestas desconvocadas se anularon por los propios promotores y otras doce a instancias de la Delegación del Gobierno "mediante llamada telefónica".
Entre las concentraciones no autorizadas figura una que pretendía celebrar una asociación de agricultores y ganaderos el 14 de marzo frente al domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) y cuyo permiso se denegó esgrimiendo el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria. Por tanto, los autores del informe señalan "una diferente gestión" de unos expedientes respecto a otros.
El informe refiere una reunión de coordinación previa al 8-M que se celebró el 27 de febrero y a la que asistieron responsables policiales y del Samur, Renfe y Metro, en la que "no hubo advertencias de los riesgos por Covid-19". Respecto a la misma, la Guardia Civil contactó con personal de las asociaciones convocantes para tomarles declaración, "habiéndose negado y significando que prestarían declaración" ante la instructora.
Pese a que la Delegación del Gobierno informó en un primer momento a la Guardia Civil de que no recibió "comunicaciones sanitarias anteriores al 14 de marzo" sobre posibles riesgo de contagios en concentraciones multitudinarias, el informe constata que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid remitio al delegado del Gobierno en Madrid el pasado 7 de marzo por la noche, horas antes del 8-M, dos resoluciones en las que acordaba, por un lado, la suspensión de las prácticas en centros sanitarios durante un mes, "con específica mención a las recomendaciones" de la OMS y del Ministerio de Sanidad, y de las actividades en los centros de mayores ante el "riesgo inminente y extraordinario para la salud pública" por la emergencia sanitaria.
Un día después, la Secretaría General de la Delegación del Gobierno rectifica y admite, a instancias de la instructora del procedimiento, la recepción de esos dos correos, dato que "no fue aportado en su primera contestación". Pero matizan que no recibieron el informe de la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de 5 de marzo sobre "medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus Covid-19" en la región, que incidía en la conveniencia de evitar lugares con aglomeraciones como "eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en horas punta".
Agentes de la Guardia Civil comprobaron, además, in situ el pasado 6 de mayo que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales remitió el 2 de marzo un correo a la Delegación del Gobierno sobre "medidas de prevención frente al contagio de coronavirus".
La Guardia Civil ha analizado igualmente la cuenta de Twitter de la Delegación del Gobierno y del propio José Manuel Franco, comprando que hasta el 10 de marzo no publicó ningún tuit referente a la crisis sanitaria. Ese día la Delegación informó de la supresión de los vuelos con Italia y de los viajes del Imserso y Franco se hizo eco de la comparecencia del presidente del Gobierno.