El Consejo de Europa pide que los partidos se aparten de la elección de vocales judiciales del CGPJ

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha vuelto, un año más, a pedir a los responsables españoles que modifiquen de una vez por todas la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial, para que éstos sean elegidos directamente por los jueces y magistrados sin intervención de los partidos políticos, lamentando, de esta forma, que el Congreso no abordara esa cuestión cuando modificó aspectos relativo al CGPJ, como la eliminación de la existencia de vocales “a tiempo parcial”. Por ello, el organismo europeo considera que se ha “perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”.

Del total de once recomendaciones que efectuó El GRECO para España en materia contra corrupción, nuestro país ha cumplido dos, otras ocho sólo de forma parcial y una incumplida de forma total.

Así, señala en su informe que a pesar de algunas de las características positivas introducidas por la legislación (cuya aplicación efectiva debe probarse en la práctica), el debate público sobre la percepción de la politización de la Justicia sigue siendo de actualidad; gira especialmente en torno al sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los altos cargos del Poder judicial. Y, además, sostiene que el Ministerio Fiscal “debe adoptar medidas más decisivas en relación con la aplicación de las recomendaciones pendientes, que requieren mejoras específicas en materia de autonomía, integridad y responsabilidad”.

En relación con el CGPJ, el GRECO pide que los partidos no intervenga en ninguna fase del proceso de selección de los vocales de extracción judicial y señala como uno de los momentos de mayor “debilidad” del actual sistema cuando, en noviembre de 2018, se estaba seleccionando a los nuevos integrantes del Consejo por Congreso y Senado y se filtró “información respecto de la intervención de los partidos políticos en el nombramiento de puestos judiciales clave”, en referencia a cuando se conoció el famoso washapp de Ignacio Cosidó sobre Manuel Marchena.

En este contexto, el GRECO recuerda que la creación de consejos del Poder Judicial tiene por objeto, en general, garantizar mejor la independencia del Poder judicial, “en apariencia y en la práctica”. Sin embargo, añade su informe, “lamentablemente, el resultado en España sigue siendo el contrario, como ya se destacó” en un informe de evaluación previo “y se ha visto confirmado por los recientes acontecimientos en el país”.

En todo caso, sí se rechaza de plano que lo anterior pueda poner en tela de juicio la independencia de los jueces. El GRECO, afirma, “ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones”.

Por estas razones, la conclusión a la que llega sobre la recomendación de realizar una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano respecto de cualquier influencia indebida, con vistas a subsanar las deficiencias detectadas, “no se ha cumplido”.

El GRECO ha alcanzado esta conclusión tras analizar las acciones que ha llevado España una vez conoció el informe de 2018 que asegura que el grado de cumplimiento de las recomendaciones era "en general insatisfactorio".

En cambio, el grupo de expertos concluye que España ha cumplido íntegramente otras dos recomendaciones: la adopción de un código de conducta para los jueces y de fácil acceso para el público y la ampliación del plazo de caducidad de los procedimientos disciplinarios seguidos contra jueces, que se incluyó en la Ley Orgánica del Poder Judicial.