El ministro de Sanidad, Salvador Illa, negó ayer que el pasado 8 de marzo el Gobierno o él mismo, como responsable último de las competencias de Salud, tuvieran «evidencia científica» de la gravedad del coronavirus como para prohibir los actos convocados ese día, tal y como sostiene un nuevo informe de la Guardia Civil, según el cual, en Moncloa sí eran conscientes de esta circunstancia. Este choque supone la última de una serie de contradicciones sobre las que han venido insistiendo los medios de comunicación y los partidos de la oposición a lo largo de crisis sanitaria.

«No conocíamos los riesgos del coronavirus»

Precisamente uno de los elementos que más se ha criticado al Gobierno en la gestión de la epidemia ha sido su falta de reflejos a la hora de tomar medidas drásticas. Con el espejo de lo que estaba sucediendo en Italia, se optó por no cerrar las fronteras aéreas con el país transalpino y con China. ¿Tenía datos científicos el Gobierno sobre los que poder asentar decisiones como, por ejemplo, la declaración del estado de alarma con carácter previo al 14 de marzo? El Ejecutivo de Sánchez siempre ha mantenido que no. Sin embargo, tal y como publicó LA RAZÓN, Illa tuvo constancia del importante riesgo del virus apenas una semana y media después de asumir la cartera de Sanidad. Se convirtió en ministro el 13 de enero y apenas 11 días después, el viernes 24, los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón hicieron público un documento técnico sobre esta nueva y grave amenaza que se cernía sobre la salud pública, en el que recogían información clínica y epidemiológica acerca de la enfermedad y proponían pautas de actuación estrictas a los centros sanitarios. Ese documento fue «borrado» de la web del Ministerio de Sanidad dos meses y 6 días después, el 30 de marzo, cuando ya estaba declarado el estado de alarma y España contabilizaba 7.340 fallecidos. Los técnicos de Sanidad consideraban que la amenaza era tal, que establecieron incluso un procedimiento para notificar «de manera urgente» los casos en investigación y los casos confirmados.

«No teníamos datos para suspender el 8-M»

La no suspensión de las marchas por el Día de la Mujer ha sido el elemento clave alrededor del que PP y Vox han construido su crítica al Gobierno. Desde el Ejecutivo han contratacado con el argumento de que ese mismo fin de semana se celebraron competiciones deportivas, grandes eventos culturales, las marchas del 8-M, el congreso de Vox y otros actos. Y que, en esa fecha, no existían datos epidemiológicos que avalasen la suspensión de esta agenda social. Pasadas las semanas, sin embargo, el propio Illa se vio obligado a reconocer en rueda de Prensa que el «contagio importante» del coronavirus en la comunidad de Madrid se concretó en la última semana de febrero, aunque evitó hacer autocrítica por la inacción. Precisamente el último informe de la Guardia Civil insiste en que el Gobierno sí tenía información sanitaria que recomendaba actuar ya entonces.

«No hemos descuidado la protección de los sanitarios»

El caos en la adquisición del material de protección para los profesionales sanitarios se convirtió en uno de los principales problemas en los peores momentos de la epidemia. Ello obligó a médicos, enfermeros y auxiliares a tener que reutilizar los equipos e, incluso, a utilizar material que luego se demostró defectuoso. Pese a ello el Gobierno siempre ha mantenido que los profesionales han estado convenientemente protegidos. Este diario también publicó que el Ejecutivo sabía ya en febrero que los sanitarios corrían riesgo y necesitaban protección segura. De hecho, la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral coordinó una guía de recomendaciones «en continua revisión en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)». Esta guía fechada el 28 de febrero, nueve días después de la celebración de las marchas del 8-M, recoge una serie de medidas preventivas para «los trabajadores involucrados en trabajos de asistencia sanitaria, así como los de transportes aéreo, marítimo y ferrocarril de larga distancia o internacional, los colectivos de rescate, atención al público, hostelería y los servicios.

«No tiene ningún sentido llevar mascarillas»

A mediados de mayo, el Gobierno cambió –fue un viraje progresivo– su posición respecto al uso de las mascarillas e impuso su obligatoriedad más allá del transporte público. Generalizó su uso, salvo las excepciones previstas, también en el espacio público. Llegó a esa conclusión tras semanas de divagaciones y después de que en el inicio de la crisis, mucho antes de la declaración del estado de alarma, tanto el ministro Illa como el doctor Simón desaconsejasen su utilización. Del «no tienen ingún sentido» del 26 de febrero pasamos al «si estás sano no la uses» de principios y mediados de marzo. En abril la tesis fue que «sí son aconsejables» y, finalmente, en mayo pasaron a ser obligatorias. Como colofón, la explicación final: no se obligó a usarlas porque no había suficientes.