Las regiones se sublevan contra Sánchez por el reparto de fondos

El fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas que el Gobierno ideó como la mayor inyección de dinero público del Estado a las regiones, al margen del sistema de financiación, ha pasado de dádiva a objeto de controversia. Moncloa vendió este paquete de recursos extraordinario como un impulso para que las CC AA pudieran hacer frente al gasto que había supuesto el COVID-19 en sus territorios, sin embargo, el criterio de reparto de este fondo, o más bien el cambio del mismo ha soliviantado a algunas autonomías y este malestar capitalizó la decimotercera conferencia de presidentes que tuvo lugar ayer en Moncloa. En las últimas citas, las divergencias entre CC AA y Gobierno no surgen ya por cuestiones relativas al estado de alarma, ahora que el Gobierno ha delegado en las comunidades la gestión de la desescalada, sino por cuestiones derivadas del contexto postcovid que se percibe como una prioridad, por encima de la emergencia sanitaria.

Si la semana pasada la polémica se centró en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que obligó al Ejecutivo a rectificar y abrirse a que se gestione por la totalidad de las regiones –más allá de País Vasco y Navarra– a partir de 2021, la de ayer tuvo como epicentro de la crítica el reparto del fondo de recuperación. El debate trasciende ya los colores políticos y barones socialistas que durante la gestión del estado de alarma habían respaldado la acción del Gobierno se enfrentan ahora a Sánchez por lo que consideran un trato «injusto». El cambio en el criterio de reparto para que 2.000 millones se destinen a Educación ha logrado alinear a dirigentes tan dispares como Quim Torra, Emiliano García-Page o Alberto Núñez Feijóo.

El malestar obedece a la reducción en mil millones de euros de la partida destinada a cubrir el gasto sanitario de la pandemia y de otros 1.000 millones en gastos sociales. Estos recursos se destinarán ahora a una partida específica de 2.000 millones para educación. Además, de los 5.000 millones previstos en un principio para paliar el impacto económico de la pandemia se asignan 800 millones para un nuevo fondo de transportes. Los 9.000 millones destinados a gasto sanitario se dividirán en dos tramos, uno de 6.000 millones que se abonará en julio y los 3.000 restantes en noviembre. Tal como adelantó LA RAZÓN, el reparto se hará en función de la población y no dependiendo de la incidencia que haya tenido el coronavirus en cada comunidad, por lo que perjudicará a comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla y León o Castilla-La Mancha.

El president de la Generalitat, Quim Torra reclamó que los fondos que lleguen de la Unión Europea y que el déficit pase del 0 al 1%, así como que se permita liberar el superávit de las entidades locales, para que haya el fondo suficiente para no ahogar a Cataluña. Fuentes gubernamentales de Castilla-La Mancha trasladan a este diario que no están de acuerdo con el nuevo giro. En la videoconferencia, Emiliano García-Page ha insistido en que es «injusto» este cambio de criterio, algo que no se puede compartir, toda vez que se trata de un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo pidió rebajar el IVA del turismo y dar libertad a las comunidades autónomas para decidir el destino de los recursos que les lleguen del fondo no reembolsable. Críticas también desde Murcia y Castilla y León, donde su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, propuso que el fondo debería ir íntegro a la lucha contra la enfermedad.

El propio presidente hizo balance ante los medios tras la conferencia de presidentes y llegó a reconocer en su intervención que estos foros «no han sido precisamente una balsa de aceite» y que en ellos «no han faltado tensiones», pero, apuntó inmediatamente que «desde el respeto» se pueden plantear todas las posiciones. «Lo novedoso es que hemos comprobado que podemos trabajar juntos», destacó, emplazando a los territorios a ser parte fundamental de la reconstrucción que deberá abordarse en el futuro, con una reunión presencial de sus líderes, que se producirá una vez se supere la situación de excepcionalidad y se celebren las elecciones vascas y gallegas. Hasta ese momento, la videoconferencia con los presidentes se mantendrá cada domingo mientras dure el estado de alarma, esto es, que la del 21 de junio será la última.