Reino Unido se compromete a facilitar al juez los datos de la tarjeta que ocultó Iglesias

García Castellón descarta finalmente trasladarse a Gales para interrogar a los responsables de la empresa a la que Dina Bousselham envió el dispositivo dañado que le entregó el líder morado

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del “caso Dina”, no se trasladará finalmente a Gales para interrogar a los responsables de la empresa Recuperación Express en relación a los daños en el dispositivo de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham que tuvo en su poder durante seis meses Pablo Iglesias. Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas, que apuntan que pese a tener el visto bueno de Reino Unido, el magistrado ha descartado el desplazamiento tras comprometerse las autoridades británicas a remitir a la Audiencia Nacional toda la información que reclama García Castellón sobre el estado de esa tarjeta de memoria, que puede resultar clave para una posible imputación por delitos de daños informáticos y de apoderamiento de datos reservados de carácter personal del actual vicepresidente del Gobierno.

Aunque según las citadas fuentes Reino Unido no ha fijado una fecha para remitir al juez español toda esa información, García Castellón está a la espera de recibirla para decidir si existen o no indicios suficientes para investigar a Iglesias, en cuyo caso al estar aforado debería remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, para que fuera éste el que dilucidara si existen o no motivos para pedir al Congreso su suplicatorio (requisito ineludible para poderle investigar en sede judicial).

Fue la pareja de Bousselham la que, en septiembre de 2017, remitió el dispositivo a la citada empresa para intentar recuperar su contenido dos meses después de el líder de Podemos se la entregara a su ex asesora en el Parlamento Europeo después de tenerla seis meses en su poder.

Ahora, el magistrado quiere saber en qué estado recibió la tarjeta esta empresa especializada, dado que Bousselham declaró que no pudo acceder a su contenido porque estaba dañada, y si ha podido determinar cuándo se pudo destruir el dispositivo. Estas respuestas son clave para determinar si el líder morado pudo tener alguna responsabilidad en los daños causados a la tarjeta de Bousselham.

La actuación de Iglesias ya llevó al juez a retirarle la condición de perjudicado en esta pieza del “caso Tándem”, que mantiene en prisión provisional al ex comisario José Manuel Villarejo, contra quien en un principio se dirigieron las sospechas por las filtraciones del contenido de algunas conversaciones de dirigentes de Podemos grabadas en la tarjeta. Entre ellas, una en la que el político morado aseguraba que “azotaría” a la periodista Mariló Montero “hasta que sangrara”.

El actual vicepresidente del Gobierno de Sánchez recibió la tarjeta de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en enero de 2016 -dos meses después del robo del móvil a Bousselham-. Y entonces, según declaró él mismo, pudo comprobar su contenido, que incluía además de fotografías de carácter íntimo las conversaciones de un chat de la aplicación Telegram aludidas.

García Castellón no entiende por qué Iglesias no dijo nada a su ex asesora “pese a saber que contenía información personal e íntima” de Bousselham y de que la tarjeta se había conseguido de forma ilícita. El líder de Podemos dijo que lo hizo para protegerla y niega que el dispositivo estuviese destruido cuando se lo entregó. Además, aseguró desconocer si la tarjeta que él recibió y entregó a Bousselham era original o se trataba de una copia.

En la resolución del pasado junio en la que confirma que retira a Iglesias su condición de perjudicado, García Castellón recuerda que el líder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo, en concreto desde el 20 de enero de 2016, y que no se han encontrado en poder de Villarejo dispositivos con esa información anteriores al 14 de abril de ese año.

Por si fuera poco, el hecho de que la ex asesora de Iglesias reconociera que había compartido los pantallazos de esas conversaciones con más personas impedía al juez centrar exclusivamente sus sospechas sobre las filtraciones en Villarejo, lo que diluía la denuncia del vicepresidente de que todo obedecía a una operación contra él urdida por las cloacas del Estado y ejecutada por el ex comisario para desacreditarle políticamente.

Y es que, según un informe de la Policía Científica del pasado enero, toda la información que contenían en dos “pendrives” encontrados en el registro del domicilio del ex comisario “fueron copiados de otro anterior creado en diciembre de 2015 y que no ha sido hallado hasta la fecha”, por lo que “no ha resultado acreditado que Villarejo posea la primera copia de la tarjeta”.

Asimismo, el magistrado esgrime que Iglesias “ocultó” a Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria hasta meses después. “Se infiere de lo actuado que el señor Iglesias, pese a ser conocedor del contenido de la tarjeta y de la sustracción de la misma, no devolvió a Dina la tarjeta hasta tiempo después, con consecuencias para el esclarecimiento de los hechos investigados”, señala. Sin que, subraya, el político haya sido capaz de “concretar la fecha de la devolución”.

Para el instructor este hecho resulta llamativo “teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación”.

En el informe policial que analiza esa tarjeta Micro SD Samsung, de 32 GB (que finalmente Bousselham entregó en la Audiencia Nacional), se concluye que estaba “dañada físicamente”, “parcialmente quemada”, lo que impedía leer su contenido.

Según ha puesto de relieve la investigación, tras cruzar varios correos electrónicos, fue la pareja de Bousselham, Ricardo Sá Ferreira, quien envió el dispositivo el 13 de septiembre de 2017, aunque el 18 de octubre de 2018 solicitó su devolución por el elevado coste presupuestado para recuperar la información.

Sin embargo, la ex asesora morada declaró al juez García Castellón en su declaración judicial del pasado 18 de mayo que había enviado la tarjeta a una empresa de Alemania. Y antes, el 27 de marzo, en su primera comparecencia ante el instructor, había asegurado: “Intenté recuperar la tarjeta SIM para mandarla, en este caso a Berlín, que no lo hice nunca”. Y eso pese a que entregó la tarjeta al juzgado dentro de un sobre con un matasellos alemán.