La empresa de Gales certifica que recibió la tarjeta de Dina ilegible en septiembre de 2017

Recuperación Express asegura que el dispositivo estaba "físicamente intacto" y ofreció a la ex asesora de Pablo Iglesias la posibilidad de intentar recuperar los datos por más de 700 euros

La empresa galesa especializada en recuperación de datos de dispositivos digitales Recuperación Express ha informado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la tarjeta que la ex asesora de Podemos Dina Bousselham le remitió en septiembre de 2017 para intentar acceder a su contenido estaba “intacta físicamente” aunque su contenido era “irrecuperable”. No obstante, le ofreció dejarlo en su equipo de I+D para intentar recuperarlo, con una probabilidad de éxito de entre el 70 y el 92% por más de 700 euros, por lo que Bousselham desistió de intentarlo.

Esa es la tarjeta que, catorce meses antes, le entregó Pablo Iglesias a Bousselham, después de haberla tenido en su poder seis meses, y que contenía pantallazos de conversaciones entre dirigentes de la formación morada, entre ellas una en la que el actual vicepresidente aseguraba que “azotaría” hasta que “sangrara” a la periodista Mariló Montero.

Sin embargo, el informe remitido al juez en el marco de la comisión rogatoria a Reino Unido cursada por la Audiencia Nacional no esclarece cuándo se pudieron causar esos daños, lo que resulta clave para el instructor a la hora de decidir si el actual vicepresidente del Gobierno -que recibió la tarjeta en enero de 2016, dos meses después de que robaran el móvil a su ex asesora en el Parlamento Europeo- tuvo alguna responsabilidad en esos daños. Para García Castellón esos datos resultan determinantes para dilucidar si el líder de Podemos pudo cometer un delito de daños informáticos y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal.

La empresa asegura en su informe de 40 páginas que cuando recibieron la tarjeta de memoria SD el 29 de septiembre de 2017 estaba “físicamente intacta” y “no tenía cortocircuitos”, aunque no se podía acceder a los datos usando software especializado en recuperación de datos.

En un correo remitido a la entonces pareja de Bousselham el 2 de octubre de 2017, Recuperación Express asegura a Sá Ferreira que “a pesar de los numerosos intentos de identificar” la fuente del problema” no lograron encontrar “una solución efectiva” al caso. “Es obvio que se trata de una situación extremadamente compleja que requerirá -advierte- una investigación más profunda” y más tiempo.

La empresa informa a Sá Ferreira de que van a "redirigir" el trabajo a su departamento de I+D, "que usará técnicas de investigación para la recuperación de su información", entre otras el reemplazo del procesador central y otros componentes.

Un trabajo, avisa, que requiere de “una alta especialización” y cuyo resultado “no siempre es positivo”, pues cifra la probabilidad de la recuperación del contenido en aproximadamente el 70 por ciento. Eso sí, advierte de que la mayoría de los laboratorios con los que contacte para este cometido “le enviarán de vuelta su dispositivo, ya que no cuentan con ningún tipo de departamento de I+D que les capacite para seguir más allá con la recuperación”. El suyo, sin embargo, “es uno de los mejores del país”, añade, pues desarrolla “nuevas técnicas y formas de recuperación de datos que nos permiten mantener una tasa de recuperación del 92 por ciento”.

Pero el presupuesto es lo que echó para atrás a Bousselham y su pareja. En una primera fase, les informaban, había que desembolsar 325 más el IVA (200%) y solo si el trabajo daba sus frutos estarían en condiciones de proporcionarles "una lista de archivos de todos los datos recuperables, que podrá ver para confirmar que está satisfecho". Entonces había que abonar otros 300 euros más IVA "para que podamos realizar la extracción, el volcado y el envío de los mismos" en un plazo entre cuatro y diez días laborables.

Fuentes próximas al líder de Podemos consideran que el hecho de que la empresa certifique que recibió la tarjeta “intacta” y no presentaba cortocircuitos desmiente la versión judicial de que estaba “parcialmente quemada” cuando Iglesias se la entregó a su ex asesora y la de la Fiscalía sobre los “daños físicos” que presentaba el dispositivo. Lo que según esas mismas fuentes acredita que el líder de Podemos devolvió “físicamente intacta”. “La empresa dice además que se podía recuperar y ofrece un procedimiento para ello”, recalcan.

Tal y como declaró Bousselham, una vez que la empresa le comunicó a su entonces pareja, Ricardo Sá Ferreira (quien fue el encargado de contactar con Recuperación Express y remitirles el dispositivo el 13 de septiembre) que ni con un software especializado en recuperación de datos podía acceder al contenido del dispositivo, les ofreció la alternativa de intentarlo a través de tecnología más avanzada, pero consideraron que el presupuesto era muy elevado y el propio Sá Ferreira reclamó el dispositivo.

García Castellón estaba incluso dispuesto a trasladarse a Gales para interrogar a los responsables de la empresa pero, pese a tener el visto bueno de Reino Unido, finalmente descartó el desplazamiento tras comprometerse las autoridades británicas a remitirle toda la información de la que dispusiesen sobre el estado de esa tarjeta de memoria.

Bousselham declaró en su primera comparecencia ante el instructor el pasado 27 de marzo que la tarjeta que le entregó Pablo Iglesias en julio de 2016 estaba dañada y no pudo acceder a su contenido. “Yo nunca he llegado a abrirla, porque nunca me ha funcionado -mantuvo-; de hecho intenté recuperar la tarjeta SIM para mandarla, en este caso a Berlín, que no lo hice nunca, y la dejo en el olvido hasta ayer que me dice (en referencia a Pablo Iglesias) oye tráete la tarjeta SIM que te di, ¿te acuerdas? Y la he traído por si quisieran cotejarla”. Ella dijo no poder concretar el mes en que el dispositivo llegó a manos del líder morado, pero aventuró que se trató de “un intento de chantaje” porque se pensaban que las fotos eran de la supuesta pareja del político.

Ante las lagunas de memoria en su segunda declaración -el pasado 18 de mayo- sobre cuándo le entregó la tarjeta Iglesias, el juez García Castellón no se anduvo por las ramas. «Yo puedo achacarle a usted que ha intentado destruir esa tarjeta, o no», le aseguró. «A lo mejor esto le ayuda a recordar, porque cuando se tiene una tarjeta privada esa tarjeta no es del que la recibe». «Por lo tanto, si una tarjeta no es mía, yo la devuelvo de forma inmediata», subrayó García Castellón, que no daba crédito al hecho de que Bousselham no pidiera explicaciones al político tras constatar que no se podía acceder al contenido del dispositivo.

Por su parte, Iglesias aseguró al magistrado que él sabía “que le habían robado el móvil a Dina” y que el 20 de enero de 2016 el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, le citó en las oficinas del Grupo y le dio el dispositivo porque no estaban dispuestos a publicar su contenido en Interviú. “Yo examiné allí mismo en una computadora que me facilitó el señor Asensio esos materiales y comprobé que, efectivamente, se trataba de fotos íntimas, pero no de mi pareja, sino que se trataba de Dina Bousselham”. “Me entregó incluso un lector para ver esas fotografías a través de una computadora, y algunos meses después yo entregué esa tarjeta SIM a la señora Bousselham”, recordó, al tiempo que especificó que desconocía si la tarjeta que le entregó a su ex asesora era la original o se trataba de una copia.

Tras su segunda declaración, Bousselham remitió un escrito al instructor rectificando su versión y asegurando que en un principio la tarjeta sí funcionaba y que fue a posteriori cuando ya no pudo acceder a su contenido.

En la resolución del pasado 18 de junio en la que ratificó su decisión de retirar la condición de perjudicado, García Castellón apuntaba que advertía “razones fundadas” para entender que Bousselham no recuperó la tarjeta de su teléfono antes de 2017. Tras recordar que ella misma declaró “que la única fecha de referencia que podía aportar” sobre el momento en que Iglesias le devolvió la tarjeta era la de los correos electrónicos remitidos a Recuperación Express, subraya que los primeros correos están fechados a principios de 2017 (concretamente en febrero).

Además, añadía el instructor, el 2 de agosto de 2016, después de la publicación de los pantallazos de las conversaciones en OK Diario, Dina Bousselham se personó en el juzgado de Alcorcón que investigó el robo de su móvil y solicitó la reapertura de las diligencias ampliando la denuncia inicial por hurto al uso indebido que se habría dado de la información contenida en el mismo a raíz de esas publicaciones. Al desestimarse esa solicitud, su defensa recurrió en reforma, el 28 de septiembre de 2016, y posteriomente también en apelación el 3 de febrero de 2017.

“En ninguno de estos tres escritos -recalca el juez- Dina Bousselham menciona un extremo tan relevante y decisivo para seguir con la investigación como podía ser que tuviese en su poder la tarjeta de memoria del teléfono sustraído”, lo que le lleva a concluir que “si no lo dijo fue porque no tenía la tarjeta en su poder”. De ser así, mantiene, “la omisión” de Pablo Iglesias “tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer”.

García Castellón ya había dejado claro, al retirar la condición de perjudicado a Iglesias (una vez Bousselham admitió que compartió con gente los pantallos de esas conversaciones, lo que impide al juez señalar al ex comisario Villarejo por esa filtración), su perplejidad por el hecho de que el actual vicepresidente del Gobierno no dijera a su ex asesora que tenía en su poder la tarjeta “pese a saber que contenía información personal e íntima” de Bousselham y de que se había conseguido de forma ilícita. El líder de Podemos dijo que lo hizo para protegerla y niega que el dispositivo estuviese destruido cuando se lo entregó.

“Pese a ser conocedor del contenido de la tarjeta y de la sustracción de la misma -añadía- no devolvió a Dina la tarjeta hasta tiempo después, con consecuencias para el esclarecimiento de los hechos investigados”, sin que hasta la fecha haya sido capaz de “concretar la fecha de la devolución”. Un comportamiento que el magistrado considera relevante “teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación”.