Gobierno de España

Sánchez respalda el papel de la monarquía: “No se juzgan instituciones, se juzgan personas”

El presidente respeta la decisión de la Casa Real porque marca distancias respecto a "conductas reprobables y cuestionables" y lanza un aviso a Podemos: "El Gobierno que presido considera plenamente vigente el pacto constitucional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado este mediodía por primera vez desde que la Casa del Rey hiciera ayer pública la decisión de Don Juan Carlos de abandonar España: “Respeto las decisiones de la Casa Real, por cuanto hay detrás, por representar la decisión de distanciarse de conductas cuestionables y reprobables de un miembro de la Casa Real”.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en el tradicional balance del curso político que los presidentes del Ejecutivo realizan tras la reunión del Consejo de Ministros previa a las vacaciones de verano, y en el que ha avanzado que la coalición ya ha iniciado la puesta en marcha del 55% de los compromisos de su acuerdo de Gobierno con el la promesa de haber materializado por completo al final de este año el 17% de esas medidas. En su valoración de la salida de Don Juan Carlos ha querido dejar claro que el futuro de la Monarquía no es lo que está en discusión: “No se juzga a instituciones, sino a personas. Él está a disposición de la justicia, como cualquier otro español”. Y ha añadido: “La respuesta ha sido la que corresponde a una democracia vigorosa. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas, que se abonan con ejemplaridad y transparencia. La linea marcada por la Casa Real es la adecuada. El Gobierno que presido considera plenamente vigente el pacto constitucional”. Repreguntado sobre esta cuestión ha subrayado su apoyo a la institución que lidera Felipe VI: “El Gobierno defiende el pacto constitucional y el pacto constitucional es la monarquía parlamentaria”. Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre el lugar de residencia elegido por Don Juan Carlos y se ha limitado a señalar que será la Casa Real la que haga públicos estos detalles cuando considere oportuno.

Respecto a las evidente diferencias existentes en el Gobierno entre PSOE y Podemos que han quedado claras tras hacerse pública la decisión de Don Juan Carlos y que conciernen también a la posición de cada uno de estos partidos en torno al futuro de la Monarquía en España, Sánchez ha querido destacar que “los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son discretos y en ese ámbito es en el que quedan esas conversaciones”. Con este argumento ha venido a defender el hecho de que no informara de esta cuestión a su socio de coalición. Pese a las diferencias que esta materia suscita en su equipo de Gobierno, Sánchez ha afirmado sentirse “orgulloso y satisfecho” con el trabajo de todos sus ministros y ha aventurado, como ya ha reiterado en estas semanas, una “legislatura larga”.

Lo ha hecho después de que desde Podemos hayan reconocido que los ministros morados no tenían constancia de que el Rey Emérito anunciaría ayer su salida del país y de que el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lanzase un dardo contra Moncloa al subrayar este lunes “que un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia”.

Este posicionamiento oficial de Sánchez llega después de que Moncloa y Zarzuela lleven consensuando desde hace semanas los pasos que se iban a seguir en la salida de Don Juan Carlos del país. Tal y como ha informado hoy LA RAZÓN, el Jefe de Gabinete del presidente Sánchez, Iván Redondo, y el Jefe de Protocolo de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, Arturo Martínez Serrano han sido las personas de confianza de Gobierno y Casa Real respectivamente que han llevado todo un proceso que estaba decidido a principios de julio y diseñado al detalle a mediados del mismo mes. Únicamente ha habido que esperar a que los Reyes finalizasen su gira por Comunidades Autónomas para ejecutar este nuevo cortafuegos con el que se intenta distanciar aun más si cabe las dos jefaturas de Estado que ha tenido nuestro país desde la transición.