Guiño de Sánchez al independentismo: 759 millones para ERC y JxCat por votar «sí» a los Presupuestos

El Gobierno se compromete a abonar a la Generalitat una partida pendiente por la aplicación de un artículo del Estatut, siempre que se aprueben unas nuevas cuentas que «permitan operativizar los acuerdos» con Cataluña

Rueda de Prensa de Pedro Sánchez después del Consejo de  el martes
Rueda de Prensa de Pedro Sánchez después del Consejo de el martesGonzalo Pérez MataLa Razón

Si unos Presupuestos Generales del Estado son el eje fundamental en torno al que gira la labor de un Gobierno, en las excepcionales circunstancias que vive el país la necesidad de lograr su aprobación es aún mayor. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es consciente de la urgencia de tener unas cuentas que se adapten al contexto de emergencia sanitaria y de profunda crisis económica que vive el país. Se trata de la prioridad número uno de Moncloa y, para lograrlo, Sánchez ha optado por tratar de negociar, al menos, una abstención por parte del PP.

A día de hoy, sin embargo, la opción de que el Ejecutivo de Sánchez apruebe las cuentas con el visto bueno de los populares se antoja muy complicada. Los de Casado ya han dicho –insistió en ello ayer mismo su portavoz, Cuca Gamarra– que no darán su aval a un proyecto de Presupuestos que lleve la firma «comunista» de Podemos. Esta circunstancia, trasladada al terreno de lo práctico, obliga a Sánchez a sondear otras opciones. Está la vía de Ciudadanos, que necesita, no obstante, de otros muchos apoyos, a priori incompatibles con los naranjas. Y está la vía –la única que contempla el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias– de conseguir el «sí» de quienes hicieron a Sánchez presidente en la sesión de investidura de enero. Esta alternativa pasa inexorablemente por persuadir a los partidos independentistas catalanes en la Cámara Baja o, al menos, a uno de ellos.

Así, y como parte de la afición de Sánchez por aplicar la geometría variable, mientras el Gobierno presiona a Casado también lanza guiños a los grupos secesionistas. El último consiste en comprometer una transferencia de 759 millones de euros a la Generalitat de Cataluña en esos próximos presupuestos. El Gobierno de Sánchez explicita esta promesa a través de la contestación a una pregunta escrita formulada en el Congreso por la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs. «¿Cuándo piensa el Gobierno pagar los 759 millones de euros correspondientes al pago de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña, refrendada por una sentencia del Tribunal Supremo hace tres años?», pregunta Borràs a Moncloa.

En su respuesta a JxCat, fechada el pasado 1 de julio, el Ejecutivo deja claro que esa transferencia se llevará a efecto: «El Gobierno respeta los compromisos y acuerdos mantenidos con Cataluña, así como muy particularmente las decisiones jurisdiccionales». Sin embargo, pone una condición para que la Generalitat reciba esos fondos: que haya nuevos presupuestos en los que se pueda incluir esta partida. De hecho, Moncloa recuerda a los independentistas «que el proyecto de presupuestos que elaboró el Gobierno del presidente Pedro Sánchez cumplía con la citada sentencia, si bien, lamentablemente dicho proyecto no fue respaldado por varios grupos parlamentarios, por lo que no fue “posible operativizar aquellos compromisos” que la pregunta menciona».

El Gobierno deja claro, por tanto, al partido de Borràs y de Quim Torra, pero también a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que cualquier opción para hacer efectivas las transferencias que demandan desde la Generalitat pasa necesariamente por la articulación de una mayoría en el Congreso que no obstaculice la tramitación de los presupuestos, tal y como sucedió en 2019. Entonces, el apoyo de ambos partidos secesionistas a las enmiendas a la totalidad de las cuentas del Gobierno de Sánchez –un gabinete entonces del PSOE en solitario– frustró la legislatura y abocó al país a las elecciones del 28 de abril.

Ahora, en el camino de que Sánchez pueda contar, al menos, con el apoyo de ERC se cruza el obstáculo del escenario pre electoral que vive Cataluña. La posibilidad de que Torra precipite la cita con las urnas complica el entendimiento de la coalición PSOE-Podemos con ERC. Un buen termómetro de la receptividad de Esquerra a entablar conversaciones con Moncloa de cara a las cuentas llegará la próxima semana. El partido de Oriol Junqueras, comandado desde la Generalitat por Pere Aragonès y desde el Congreso por Gabriel Rufián, está citado el jueves dentro de la ronda abierta por Sánchez y que estrenará Pablo Casado el martes. La reunión con Rufián se concretará 24 horas después de que Sánchez reciba a Inés Arrimadas, con la que ERC se declara incompatible. Habrá que ver lo que sucede el jueves, pero las últimas declaraciones de Aragonès no invitan a pensar en un entendimiento fácil con Sánchez. El vicepresidente catalán le demandó esta semana un «cambio de actitud con Cataluña y con el conflicto político» como condición para apoyar el proyecto de los Presupuestos. A juicio de Aragonès, los acuerdos de enero para la investidura de Sánchez no se han cumplido en lo referido al conflicto político de Cataluña, que ERC considera que debe resolverse «por la vía política y no la judicial ni penal».

Una exigencia que JxCat eleva hasta los 3.710 millones

La transferencia de 759 millones tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña correspondiente al ejercicio 2008 y que se encuentra, tres años después de la sentencia, pendiente de llevar a efecto. El Gobierno ya ha mostrado su compromiso de llevar a efecto esta transferencia de 759 millones de euros, pero lo supedita a la existencia de unos presupuestos nuevos que cojan el testigo de los aprobados por Rajoy y Montoro, prorrogados aún hoy. Desde Junts per Catalunya, sin embargo, esta exigencia la elevan hasta los 3.710 millones de euros, montante que resultaría de aplicar la Disposición Adicional Tercera del Estatuto entre los años 2008 y 2013. Así lo demanda la propia Laura Borràs, portavoz de JxCat, en otra de sus preguntas al Gobierno. En el caso de esta segunda exigencia, Moncloa se remite a que se dé un acuerdo entre el Estado y la comunidad en la comisión mixta.