Los pagos al chófer de Bárcenas se camuflaron como “asesoramiento" en "prevención y seguridad”

Un informe policial cifra en 53.266 euros la factura de fondos reservados de la “operación Kitchen” para espiar al ex tesorero del PP entre julio de 2013 y febrero de 2014

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha acreditado 25 pagos al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, por un total de 53.266 euros, en el marco de la “operación Kitchen” puesta en marcha por el Ministerio del Interior con Mariano Rajoy de presidente para sustraer supuestamente al ex tesorero documentación comprometedora para el partido relativa a la “caja B”.

Así consta en un informe de la unidad policial de 17 de diciembre del pasado año que analiza la documentación incorporada a la investigación que dirige el juez Manuel García Castellón y que fue incorporada a las diligencias abiertas por su compañero José de la Mata -que ayer mismo acordó el levantamiento del secreto- en relación a esa supuesta contabilidad paralela.

Tras analizar toda esa información, la Policía da por acreditados esos 25 abonos en el periodo indicado (aunque la periodicidad era mensual, en algunos meses, como agosto de 2013 y mayo de 2015, no se produjeron pagos) a razón de 2.000 euros mensuales, de los que constan los correspondientes recibos (que forman parte de la información de los fondos reservados desclasificada por el Gobierno de Sánchez en diciembre de 2018).

El mayor montante, 50.000 euros, corresponde a “sueldos y salarios” incluidos en el epígrafe de colaboradores y el resto a gastos de comida (2.574,53 euros), transporte (496,65 euros) y un epígrafe que aparece un único mes, “total gastos” (195,04 euros).

Fueron Villarejo y el ahora comisario Andrés Gómez Gordo, según la UDEF, los encargados de efectuar esas entregas en efectivo “con fondos reservados procedentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional”. El primero, entre julio de 2013 y abril de 2015, y el segundo de junio a septiembre de 2015.

La operación se puso en marcha, según concluye la Unidad de Asuntos Internos de la Policia en un informe del 29 de enero de 2019 (tras analizar los documentos desclasificados), para vigilar a Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y personas de su entorno, lo que finalmente se llevó a cabo “entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013 y los días 23 de enero y 12 de febrero de 2014”.

Formalmente, el objetivo -continúa el relato policial- era “la obtención de información que pudiera conducir a los investigadores a la localización del patrimonio que eventualmente pudiera esconder Rosalía Iglesias y su marido Luis Bárcenas o la identificación de las personas que hubieran podido colaborar con los mismos para tal fin”. Pero en realidad, subraya el inspector jefe autor del informe, lo que se pretendía desde Interior era “la localización de documentos en poder de éste (Bárcenas) relacionados con el objeto del procedimiento judicial” del “caso Gürtel”, utilizando al chófer como “agente encubierto”, con el fin de “apoderase de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso”.

Una actuación que, deja clara, “se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del Juez de instrucción” y que se caracterizó, de hecho, por una “ausencia permanente y total de control mediante la omisión de la posición del juez”. La misión del chófer de Bárcenas consistía en la “detección del lugar de ocultación de documentos relativos al Partido Popular y las personas que ocupaban sus órganos directivos” y su posterior “incautación”.

Los mandos policiales imputados argumentan que la operación tenía por objeto localizar el patrimonio oculto por Bárcenas y su mujer para apuntalar los indicios del delito de blanqueo, pero el informe descarta esa posibilidad pues deja constancia de que “la investigación en el sistema de Inteligencia Criminal” incorpora elementos “que no proceden de las actuaciones realizadas con el fin de justificar la realización de una investigación de naturaleza económica”.

El botín consistió en documentos manuscritos de Rosalía Iglesias y en información digital grabada en un disco duro por parte de Ríos y Gómez Gordo procedente de dos móviles del ex tesorero.

En el informe se da por acreditada la “intervención del Ministerio del Interior”, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, un departamento desde el que -asegura- “se desplegaron diferentes líneas de actuación por diversos actores que coadyuvaron al objetivo común”. La Fiscalía cree que tanto Fernández Díaz como la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaban al tanto de la operación, por lo que ha solicitado su imputación al juez García Castellón, que ya citó dos veces como investigado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien se acogió a su derecho a no declarar aduciendo el secreto de las actuaciones.

La Policía no se fiaba del chófer

En las actas de vigilancia a Bárcenas y su entorno (centradas en el domicilio familiar y en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, que se presumía el “zulo” donde se ocultaban los papeles) “se hace mucho hincapié en tratar de describir expresamente que tipos de bolsos, bolsas o documentos portan las personas vigiladas o aquéllas con las que se relacionan o las entregas de documentos efectuadas o que suponen que podrían haberse llevado a cabo”. Así, con el ex tesorero ya en prisión provisional desde el 27 de junio de 2013, el 22 de agosto de 2013 a las 12:42 horas se apunta: “Moro (así era apodado el chófer) porta un sobre de color blanco”. En esa misma línea, el 29 de agosto a las 10:48 consta en las actas: “Rubia porta un bolso de color rojo” y un día después a las 13:06 se indica que sale “una mujer portando una bolsa blanca y otra roja, abultadas y de tamaño medio”.

Esos documentos también reflejan las medida"auto-protección y seguridad" adoptadas por Ríos (alias “moso”, “gitano” y “el machaca”) y su obsesión por no ser descubierto, una actitud de “alerta permanente” reiterada en el tiempo que queda de manifiesto en esos informes diarios. Así, el 26 de julio de 2013, a las 9:55, los agentes apuntan: “El moro camina por la calle Ayala hacía Príncipe de Vergara. Va en actitud vigilante, mirando continuamente a su alrededor”. El dispositivo incluyó, según consta en el informe, “medios fijos de vigilancia en determinados puntos” a través de cámaras de vigilancia que posteriormente se retiraron.

Aunque centradas en la residencia familiar y en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, esos seguimientos se extendieron igualmente “a los lugares de frecuencia donde acudía su mujer y personas vinculadas a ésta, vehículos, empresas, teléfonos y personas relacionadas”.

Toda esa información, señala la unidad policial, se guardó en “un soporte externo de almacenamiento mediante la generación de un disco duro” que se ocultó “en condiciones de seguridad garantizándose con ello el conocimiento de su contenido por parte de los responsables de la formación política y el control sobre la misma evitando la difusión a terceros de información sensible y la posibilidad de que pudiera incorporarse al procedimiento judicial en curso” aportando nuevo indicios.

Coincidiendo con la fecha del primer informe diario de vigilancias efectuado por el Área Especial de Seguimientos de la UCAO, se produce en julio de 2013 el primer pago con fondos reservados a Sergio Ríos del que hay constancia documental. Sin embargo, añade la unidad policial, “la situación indica que, a pesar de estar acreditado ya ese mes como beneficiario de fondos reservados de la Policía, no se percibía una entera confianza en el trabajo que estuviera realizando, como se deduce de algunos extractos sacados de los informes diarios de vigilancias”.

En uno de los documentos desclasificados, “Gastos colaborador Sergio JRE”, se detallan los pagos totales mensuales que recibió el chófer de Bárcenas, constando “nombre, fecha, motivo del viaje o gasto” y los conceptos a cumplimentar en cada caso, “comida, combustible, transporte, varios y colaboradores”. Estos últimos conceptos varían a lo largo del periodo analizado, pero el gasto de “colaboradores” siempre permanece invariable en 2.000 euros mensuales en concepto de “gastos contraídos con ocasión de las gestiones y/o asesoramiento en materia de prevención, seguridad y otras efectuadas durante el mes en curso”.

“Muertos de miedo”

Entre las anotaciones manuscritas de Rosalía Iglesias, fruto de las visitas a su marido en prisión -en las que anotó la información que consideraba más comprometedora para el PP- se incluye la siguiente alardeando del nerviosismo existente en el PP por la difusión de los papeles de Bárcenas: “Sergio ha creado a través Jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”.

Y es que Sergio Ríos, señala el informe policial, “había generado un soporte digital externo de almacenamiento masivo de datos a través de Andrés Gómez Gordo, que entre 2011 y 2015 fue asesor de seguridad de la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, y que contenía información cuya naturaleza y relevancia viene definida por la expresión utilizada cuando señala que se encontraban muertos de miedo”.

Esa información era, precisamente, el objetivo de la “operación Kitchen”, pues estaba relacionada con la investigación judicial sobre “la existencia de una contabilidad ajena al sistema económico por parte de la formación política cuyos registros recogían las operaciones realizadas entre abril de 1990 y diciembre de 2008 con afectación de miembros integrantes del partido y otras personas en calidad de receptores de fondos, así como de terceros responsables de empresas privadas que actuaban como donantes de fondos cuyas empresas mantenían contratos en vigor con la Administración Pública”.