Concordia Real Española continúa su ofensiva judicial en defensa de la Corona

La asociación pretende acabar con la impunidad de, quienes amparados en un torticero sentido de la libertad de expresión, quieren socavar el prestigio de la monarquía

La asociación ciudadana Concordia Real Española continúa su ofensiva judicial encaminada a apuntalar el presente y el futuro de la monarquía parlamentaria en nuestro país y de consolidar los valores de convivencia que emergen del sistema constitucional de 1978.

En este sentido, el pasado jueves, esta plataforma que aglutina a personas de todo el espectro ideológico y que tiene implantación en todas las provincias españolas, presentó ante la fiscalía del Tribunal Constitucional un escrito que solicita la incoación de diligencias para la apertura de procedimiento de inconstitucionalidad con respecto a la resolución aprobada el pasado día 7 de agosto por el Parlamento de Cataluña y en la que se reprobaba a Su Majestad el Rey Felipe VI entre otras maniobras de dudoso encaje constitucional.

En la jornada del lunes y ante el Defensor del Pueblo, Concordia Real Española presentará otro escrito, en este caso motivado por vulneración de los derechos fundamentales y por disfuncionalidad de los poderes públicos, ante el veto del Gobierno a la presencia de SU Majestad el Rey en la entrega de despachos a la última promoción de jueces que se celebró el día 25 de septiembre en Barcelona, dado que, de acuerdo con el tenor del artículo 117 del texto constitucional: «La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey».

Estas acciones se suman a las ya tomadas en el mes de agosto y que significaron la apertura de diligencias de la fiscalía de la Audiencia Nacional contra los líderes del BNG, Ana Pontón, de ERC, Pere Aragonés y de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, algunos de ellos objeto también de las denuncias que se practicaron por la asociación durante el mes de septiembre y a los que hay que sumar a la dirigente de Bildu, Merche AIzpurua, a la periodista y escritora Cristina Fallarás y al bloguero Miguel Sánchez, por diversas manifestaciones que podrían suponer un delito de injurias y calumnias, tanto a don Felipe como al rey don Juan Carlos.

Con este tipo de actuaciones, Concordia Real Española pretende acabar con la impunidad de, quienes amparados en un torticero sentido de la libertad de expresión, se proponen socavar el prestigio de la monarquía ante su escasa capacidad de defensa y, del mismo modo, promover un correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo con los principios que dicta la Constitución.