La Fiscalía del Supremo prevé archivar la investigación sobre el Rey Don Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo prevé archivar las diligencias de investigación respecto al Rey emérito, Don Juan Carlos, relacionadas con un presunto cobro de comisiones por la construcción del AVE de Medina a La Meca.

Los cuatro fiscales encargados de esa investigación, dirigidos por Juan Ignacio Campos, han llegado a la conclusión que los hechos que podrían ser objeto, en su caso, de imputación -delitos fiscales y blanqueo de capitales- estarían amparados por su inviolabilidad, ya que cuando sucedieron Don Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que le otorgaba ser Jefe del Estado, según señalaron al respecto fuentes jurídicas.

Entre la documentación analizada por la Fiscalía figura la remitida por las autoridades suizas, entre ellas el acta del acuerdo privado de marzo de 2011 que le implicaría en gestión de la estructura «offshore» con la que habría ocultado presuntamente los 64,8 millones que le habría entregado el rey de Arabia Saudí.

Sin embargo, en ese año Don Juan Carlos no había abdicado y, por tanto, no se le puede imputar ningún hecho presuntamente delictivo cometido ese año, pues en ese año gozaba de la prerrogativa de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución y, por tanto, estaría eximido de cualquier responsabilidad penal.

En el informe que ultima la Fiscalía se recogerá que algunos hechos cometidos por Don Juan Carlos de los que se han investigados podrían ser constitutivos de delitos y, por tanto, estaría justificada la presentación de la correspondiente querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, tal como adelantó hoy el diario digital El Confidencial.com, no se podrá ejercitar ninguna acción penal contra el Rey emérito porque los hechos que se le podrían imputar están amparados por el privilegio de la inviolabilidad.

Casi cinco meses de investigación

La investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las posibles irregularidades derivadas de la construcción del “AVE del desierto” que une Media y La Meca y la presunta participación en los mismos del Rey Don Juan Carlos comenzó el pasado 8 de junio, cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asignaba al fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, especializado en delitos económicos, al frente de un equipo de cuatro fiscales para esclarecer esos hechos y determinar si el Rey emérito pudo incurrir en algún tipo de responsabilidad penal.

Esta investigación se ha centrado, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

Uno de los factores decisivos ha sido la documentación remitida por las autoridades suizas, de las que se desprende que los hechos que podrían ser susceptibles para imputar a Don Juan Carlos se habrían cometido cuando era Jefe de Estado y, por tanto, estaba amparado por la inviolabilidad.

En un principio, estas diligencias de investigación corrían a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, pero dado que en las misma se hace necesario también practicar diligencias que afectan al Rey emérito es por lo que se remiten a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano competente para llevarlas a cabo al afectar a un aforado, como es el caso.