El administrador de IU declara que no estaba al tanto del contrato de Podemos a Neurona

Carlos García Ramos, integrante de Izquierda Unida (IU) y uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos, ha defendido ante el juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la legalidad del contrato con la consultora política Neurona Comunidad con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, según explican a LA RAZÓN fuentes presentes en la declaración celebrada este viernes.

Este militante de IU, que ha resaltado en su declaración como imputado que la colaboración en la campaña entre ambos partidos se basa en la confianza mutua, ha declarado al juez que no estaba al tanto del contrato de 363.000 euros que la formación de Pablo Iglesias firmó con la empresa Neurona Comunidad, según explican a esta redacción hasta tres fuentes diferentes.

Según su testimonio, se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos. También explicó que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.

Octubre de 2019

García Ramos solo tuvo conocimiento del encargo a la consultora sudamericana, tras saber que el Tribunal de Cuentas le reclamaba más información del mismo a la coalición electoral, en octubre de 2019. Sin embargo, este administrador de Unidas Podemos ha asegurado al juez que esta consultora sí realizó los trabajos que acabó facturando.

“No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral”, ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. “A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua”, ha completado.

También ha declarado como imputado el que fuera administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, quien según las fuentes consultadas ha aportado documentación sobre los trabajos realizados durante la campaña de abril de 2019. En este sentido, el abogado de Podemos ha destacado que han entregado al instructor “más de 1.400 documentos y productos elaborados por Neurona durante la campaña electoral”. “Para que nos hagamos una idea de la magnitud, no hemos podido presentarlos ni siquiera en un ‘pendrive’, hemos tenido que aportarlos en una memoria interna”, ha destacado.

El arquitecto

Por su parte, el arquitecto encargado de las obras de la sede de Podemos, Manuel Campos García, que acudía como testigo, ha justificado ante el juez por qué el presupuesto pasó de 649.000 euros en licitación a 1,3 millones de euros en adjudicación, conforme a las cifras apuntadas por Carmona. Según fuentes presentes en la declaración, ha explicado el gasto con un informe, achacando el baile de cifras a la diferencia entre un proyecto básico y la ejecución material del mismo, informa Europa Press.

El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ --la abogada Marta Flor Núñez--; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Escalonilla ha cerrado el caso en lo relativo a ABD y a la Caja de Solidaridad --la llamada ‘Caja B’--, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados, entre los que destaca el contrato suscrito con Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El juez ve “indicios racionales” acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado”, sino que habrían sido “una distracción de dinero” de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.