La contradicción de Corinna: de ser amenazada a recibir 65 millones

“En mayo de 2012 el Rey Emérito me contactó para informarme de que el general Félix Sanz Roldán viajaría a Londres para reunirse conmigo en persona. La mañana del 5 de mayo de 2012 el general me hizo una visita a ‘The Connaught Hotel’, donde me hospedaba en ese momento. La reunión duró aproximadamente una hora. Fue durante esa reunión cuando me amenazó, a mí y a mis hijos», especifica de forma literal la ex amante de Juan Carlos I Corinna Larsen en un acta notarial, a cuyo contenido parcial ha tenido acceso LA RAZÓN. Sin embargo, tan solo unos días después, el 30 de mayo, el monarca envió un correo electrónico a los gestores de su dinero en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana, en el que les anunciaba su intención de transferir a Larsen «la integridad del dinero» que escondía en el banco Mirabaud, a nombre de la Fundación Lucum.

La transferencia, de alrededor de 65 millones de euros, tuvo lugar el 12 de junio de 2012. No obstante, el banco paralizó la misma el 14 de junio. Según la información facilitada por la propia ex amante del Rey, esta no recibió hasta el 26 de junio los fondos «donados» por Juan Carlos I en una cuenta del Banco Gonet que abrió expresamente en Bahamas.

“Una amenaza”

En el documento notarial de Larsen, que tras casarse cambió su apellido por el de Sayn-Wittgenstein, se explica que el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, la intimidó asegurando que no podía garantizar su seguridad ni la de sus hijos a menos que cumpliera unas órdenes: «Una de las instrucciones que mencionó, de forma expresa, fue que no hablara con los medios. Dijo que yo sabía cosas que podrían afectar a 45 millones de personas, por lo que inferí que se refería a la población española», completa el documento, en el que esta empresaria germanodanesa concluye: «Pude entender perfectamente que había una amenaza para mi seguridad».

En una entrevista concedida a la BBC Larsen defendió que la transferencia bajo sospecha la realizó su ex pareja en virtud de «un reconocimiento» por lo que ella y su hijo habían significado para él: «Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos».

Sin embargo el acta notarial dibuja una imagen bien distinta de la relación que Larsen y Juan Carlos I tenían en 2012. Explica, en este sentido, que desde abril de 2012 el director del CNI «intentó recuperar» documentos que ella tenía «sobre negociaciones financieras y empresariales del Rey Emérito y otros miembros de la Casa Real».

La seguía el CNI

Además, el documento afirma que tras el accidente de Botsuana se dio cuenta de que le estaban siguiendo «agentes del CNI, sobre todo en un viaje de negocios a Brasil que tuvo lugar en los últimos días de abril de 2012. La sensación de ser una ciudadana amenazada por un jefe de Estado y el jefe de sus servicios secretos empezó a darme mucho miedo», destaca esta empresaria germanodanesa.

Por todo ello, la ex amante de Juan Carlos I sostiene en el acta notarial que el CNI «organizó una operación encubierta» en la que su casa y su oficina «fueron ocupados por guardias armados» de una empresa de seguridad: «El verdadero propósito de la operación, como se hizo evidente más tarde, era utilizar la empresa de seguridad de Mónaco como tapadera para que el equipo de inteligencia española pudiera acceder a mi hogar y oficina y llevarse los documentos y otras pruebas», relata Corinna Larsen en el documento notarial que el ex comisario José Manuel Villarejo utilizará como prueba en el juicio por injurias a Sanz Roldán que se celebrará el 15 de enero en un Juzgado de Madrid.

No obstante, Corinna Larsen sí reconoció en la entrevista concedida a la BBC que en 2014 Juan Carlos I, «cuando se dio cuenta de que no iba a volver con ella, se puso completamente furioso. Pidió que le devolviera todo. Creo que fue solamente un berrinche», dijo la empresaria a la televisión pública británica.

Querella de IU

Por otra parte, Izquierda Unida, junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, depositaron este martes la fianza de 12.000 euros que le impuso a finales de noviembre el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular contra el Emérito.

El tribunal decidió reactivar las diligencias relativas a esta causa especial que tiene su origen en la querella presentada ante la Sala de lo Penal contra el ex jefe del Estado y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos. Además del Rey Emérito la querella va dirigida, entre otros, contra Corinna Larsen, Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, y el comisario José Manuel Villarejo.