Lesmes obvia los mensajes del Gobierno y hará hoy cuatro nombramientos

El Congreso de los Diputados aprobó el martes la toma en consideración de la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda realizar nombramientos cuando se encuentre en funciones, es decir, después de que haya vencido su mandato y hasta la configuración del nuevo.

Sin embargo, estos ruidos políticos no han influido lo más mínimo en el actual órgano de gobierno de los jueces y magistrados. De hecho, tal como adelantó en exclusiva LA RAZÓN el pasado lunes, el Pleno que celebrará hoy el CGPJ incluye en su orden del día las propuestas para la designación de cuatro plazas discrecionales. Se trata de las presidencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Estas cuatro designaciones requieren sólo contar con la mayoría absoluta de los vocales, es decir, once votos, lo que hace que, en principio no vayan a existir muchos problemas para llevar a cabo los citados nombramientos, esperándose, además, que los elegidos cuenten con un número de apoyo mayor al mínimo exigido.

Sin embargo, los nombramientos para cubrir las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Extremadura se vuelven a aplazar al menos un mes más. Estas designaciones sí requieren contar con una mayoría cualificada de 13 votos, lo que exige que haya un acuerdo entre los dos «grupos» del Consejo, toda vez que ninguno de ellos alcanza por sí sólo esa representación.

En relación con lo anterior, fuentes del Consejo señalaron a este diario que si las negociaciones entre PSOE y PP siguen enquistadas a mediados de enero para proceder a la renovación del CGPJ, «nos plantearemos seriamente realizar esos nombramientos», los cuales llevan ya varios meses pendientes sólo de la designación.

Además, el CGPJ pondrá en marcha también los mecanismos para la renovación de otras seis plazas de magistrados del Tribunal Supremo que han quedado vacantes por jubilación: dos en la Sala de lo Social, otras tantas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y una en la Sala Social y otra en la Sala Militar.

Por otro lado, el Consejo tampoco prevé permanecer en silencio ante la citada Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos de limitar sus funciones cuando hayan vencido el mandato.

Por ello, debatirán la propuesta de seis vocales para que antes de que el Congreso pueda adoptar ninguna medida relacionadas a impedir que puedan hacer nombramientos cuando estén en funciones se pida informe tanto el propio Consejo como a la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa. Estos seis vocales – Wesceslao Ola, María Victoria Cinto, José Antonio Ballesteros, José María Macías, Juan Martínez Moya y Rafael Fernández Valverde– esgrimen que de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE se impone que cuando la proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto o miembros del órgano de gobierno de los jueces del Poder Judicial «debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye propio CGPJ y a la Comisión de Venecia».

También hay otra propuesta para debatir sobre la citada Proposición de Ley, pero sin efectuar ninguna propuesta concreta.