Alerta diplomática por las concesiones del Gobierno en Gibraltar

El «principio de acuerdo» que –según la versión oficial– el Gobierno cerró al filo de la Nochevieja con Reino Unido en relación a Gibraltar ha provocado preocupación y perplejidad en medios diplomáticos consultados por este diario que no aciertan ha explicarse de qué manera las negociaciones han podido finalizar con la aceptación de todas las exigencias de la colonia británica sin que ésta haya tenido que realizar ninguna contraprestación a juzgar por las deslavazadas y, en ocasiones, contradictorias explicaciones que ofreció la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en rueda de prensa el día 31 desde Moncloa.

En realidad se trata tan solo, como la ministra González Laya aseguró, de «un principio de acuerdo» que tendrá que ser negociado y aprobado por Reino Unido y la Unión Europea durante los próximos seis meses, una más de las demandas de Gibraltar a las que han condescendido el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Durante todo ese tiempo puede pasar de todo pero lo cierto es que, por los datos que se conocen hasta el momento, parece que serán agentes de Frontex –agentes no españoles de Frontex, se entiende– los que se encarguen de los controles de entrada en espacio Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. España será país responsable pero carecerá al parecer de capacidad ejecutiva para garantizar las estrictas medidas que se exigen para la entrada en este espacio de libre circulación de personas y mercancías. ¿Y cómo interpretar las chocantes expresiones de la titular de Exteriores en referencia a «derribar la Verja»? ¿Cómo se garantizará entonces la seguridad del perímetro del aeropuerto construido en el istmo del Peñón? Más allá de lo impactante y satisfactorio (para líderes políticos de izquierda) que es hablar del «derribo» de «muros» en la era post Trump, lo cierto es que la Verja fue construida por los británicos en 1908 en terreno ocupado ilegalmente por Reino Unido. Tampoco quedó claro tras escuchar a la ministra como se puede conjugar el «derribo» de la Verja con el articulado del Tratado de Utrech, que es el único instrumento jurídico que justifica la presencia británica en territorio español y que prohíbe expresamente el contacto por tierra entre Gibraltar y el resto de España. Uno cosa es que el Gobierno decida puntualmente permitir por diversas consideraciones la fluidez en la Verja y otra que renuncie para siempre a poder ejercer cualquier control aduanero o de otro tipo en el futuro. En definitiva el «principio de acuerdo», –anunciado por cierto la víspera del único día del año sin prensa diaria en España– más que una «puerta abierta a la esperanza», parece «una puerta abierta a la incógnita».

Diplomáticos con décadas de servicio a sus espaldas contactados por este diario para arrojar luz sobre esta cuestión llaman la atención sobre otro punto que suele pasarse por alto: la existencia de una base militar británica en la que se realizan actividades nucleares sobre las que el Gobierno español no tiene información alguna. ¿De verdad se puede esperar que un comandante de un submarino nuclear británico tenga que sellar su pasaporte ante agentes de Frontex para acceder a la base de Gibraltar? ¿Y una vez dentro de ella, cómo se va a controlar su acceso, no solo a España, sino al resto de los 26 países que componen el espacio? Pero más que este cúmulo de incertidumbres en un aspecto tan importante como los compromisos adquiridos por España ante el resto de países del área Schengen en lo que a la seguridad de nuestras fronteras se refiere, en medios diplomáticos preocupa la completa asimilación de la retórica en referencia a una «zona de prosperidad compartida» repetida por las autoridades locales de Gibraltar y por las terminales sindicales y asociativas de Picardo que en España «colaboran» con la colonia repitiando sus consignas. «¿En un país con 5 millones de parados, no podemos asegurar la asistencia y realizar las inversiones necesarias para garantiza el bienestar del puñado de miles de españoles que trabajan manteniendo la economía en Gibraltar?», se preguntaba un diplomático español consultado por La RAZÓN tras hacerse público el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez con Londres. La respuesta que se suele dar a esta pregunta apunta al interés del PSOE en mantener un feudo electoral como el Campo de Gibraltar pero parace poco probable que una masa electoral tan exigua pueda justificar unas concesiones tan abultados a Picardo sin ninguna contraprestación aparentes. El hecho de que el Partido Socialista en Andalucía haya sido durante décadas un pozo sin fondo de corrupción, unido a que Gibraltar es uno de los paraísos fiscales más opacos del planeta, no invita precisamente al optimismo en este sentido. Es pertinente recordar que Hacienda estima en 1.000 millones de euros al año el coste para las arcas públicas de este enclave de 7 kilómetros cuadrados en el que se alojan 30.000 sociedades mercantiles (datos 2019).

Mientras, en la colonia británica la satisfacción es evidente. Gracias a la «sensibilidad inédita» de la ministra de Exteriores González Laya, Fabian Picardo ha visto como la maldición del Brexit se convertía finalmente en un sueño hecho realidad: España ha perdido una oportunidad histórica para reclamar la soberanía de la última colonia existente en Europa y se abre un camino asfaltado y libre de impedimentos para que el Peñón consolide su estatus y un sistema fiscal asimétrico respecto a nuestro país que le ha convertido en el tercer enclave con mayor PIB per capita del mundo tras Luxemburgo y Qatar.

Más allá de lo que defienden asociaciones de trabajadores españoles con evidentes lazos con las generosas autoridades del Peñón, la factura del derribo de la Verja la pagará la mano de obra cautiva del Campo que solo puede encontrar trabajo en empresas gibraltareñas, «dopadas» gracias a un régimen fiscal que consagra una competencia desleal contra la que las empresas españolas no pueden hacer nada. «En el resto del mundo la esclavitud y colonización son cosas del pasado pero nosotros parece que hemos llegado a la conclusión de que necesitamos en pleno siglo XXI que nos colonicen para progresar», resumía un diplomático español.