Un año de deriva autoritaria

La pandemia ha sido propicia para que el Gobierno adquiera facultades excepcionales para consolidar su poder a base de colonizar el Estado, recortar la democracia y transformar la sociedad

Manifestación frente al Congreso de los Diputados en contra de la «Ley Celaá»
Manifestación frente al Congreso de los Diputados en contra de la «Ley CelaứGonzalo Pérez MataLa Razón.

El Gobierno socialcomunista ha aprovechado la pandemia por la COVID-19 para desarrollar tres elementos clásicos en las derivas autoritarias: colonizar el Estado, recortar la democracia y transformar la sociedad. Ha sido la ocasión perfecta para realizar sus planes. La urgencia, el miedo y la excepcionalidad, la crisis en definitiva, conforman el escenario perfecto para que un Ejecutivo asuma facultades excepcionales y las utilice para consolidar su poder inmediato y a medio plazo. Una vez implantado el espíritu de que era necesario un poder fuerte, al que no se debía controlar ni criticar por patriotismo, el campo quedaba abierto para las reformas partidistas.

No hubiera sido un problema si los cambios hubieran sido pactados con la oposición constitucionalista, la verdaderamente llamada a gobernar un día. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos decidieron cambiar el eje del consenso político y pactar todo con aquellos que desprecian el orden constitucional. Han preferido a EH-Bildu, los filoetarras, y a ERC, dirigido e inspirado por golpistas no arrepentidos, para sentar las bases de un nuevo régimen. Así lo declaró en sede parlamentaria Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, cuando aprobaron los PGE: «Van a tener gobierno socialcomunista para rato». Nacía un «nuevo Estado más plural y democrático», dijo, con una mayoría política –la Frankenstein– que sentaría las bases de un poder que haría que la derecha no volviera a gobernar durante muchos años.

El objetivo era desde el principio cambiar las normas de convivencia, lo político, para asentar su poder. Una vez asegurado su dominio podrían cambiar el régimen por la puerta de atrás a través de la legislación. Es aquello que dijo Torcuato Fernández Miranda, «De la ley a la ley», aunque esta vez no sea precisamente para instaurar una democracia. Primero hay que crear una nueva clase política, con personajes, ideas y pretensiones que hace una década indignaban al constitucionalismo. De ahí el blanqueo del mundo etarra y del golpismo, que aparecen en el Congreso y ante los medios junto a miembros del PSOE como si fueran políticos respetables sobre los que se asienta la gobernabilidad.

Al tiempo han comenzado a colonizar Estado y los medios oficiales de comunicación, como RTVE y la Agencia EFE. No olvidemos la obsesión del gobierno socialcomunista por controlar la información, al punto de que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil confesó en rueda de prensa que su tarea era «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». La maniobra de silenciar a los españoles encajaba perfectamente con un Ejecutivo que había fallado frente a la pandemia, haciendo las cosas mal y tarde.

El encontronazo de Grande Marlaska, ministro del Interior, con la Guardia Civil ha sido evidente: destituyó a Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil de Madrid, por negarse a revelar las investigaciones respecto a la manifestación del 8M y la implicación del delegado del Gobierno en Madrid en que se celebrara sabiendo los riesgos epidemiológicos. Esto generó una cascada de dimisiones y ceses que fue aprovechada por Marlaska para cambiar la cúpula de la Benemérita. Tampoco gustó que el ministro del Interior hiciera desaparecer prácticamente al Instituto Armado de Navarra y que acercara presos etarras al País Vasco, tal y como exigía Bildu. A esto se sumó la modificación de la ley del CNI para que Iglesias y Redondo accedieran a la comisión que lo controla.

Con el control de la información y la declaración del estado de alarma más allá de lo necesario, con unas condiciones de dudosa legalidad, el Gobierno socialcomunista se ha dedicado a regular materias ajenas a la lucha contra la COVID-19. Así ha sido con la ley de educación, la conocida como «Ley Celaá», que no ha contado con el consenso y el diálogo con la oposición constitucionalista, ni con los profesionales de la educación. El objetivo era político, no educativo: eliminar la libertad de los españoles para elegir la educación de sus hijos porque, según dijo la ministra, «no son de los padres», sino del Estado. Al tiempo se ponía fecha de caducidad a la educación concertada, privada y especial, para hacer ingeniería social, ya que lo importante para los socialcomunistas no es la calidad o el servicio, sino que sea igual para todos. Lo mismo ha pasado con la ley de eutanasia, que contó con los aplausos entusiastas de la coalición Frankenstein justamente el año en que han muerto 80.000 personas por la COVID-19. El plan es muy parecido al declarado por la UNESCO respecto al planeta: «Es más importante cambiar las mentalidades que el clima».

Esa prisa para legislar y regularlo todo a convertido a España en el país de los decretos-leyes por los que se aprueban normas sin discusión por partes ni enmiendas, sino en su totalidad, con lo que se hurta a las Cortes y a la sociedad española la posibilidad de conocer, opinar y rectificar. Si a la vez se controla el poder judicial, el camino para la transformación es más sencillo. De aquí la obsesión por controlar el poder judicial, desde la Abogacía del Estado, la Fiscalía –a pesar de la rebelión de muchos fiscales–, el Tribunal Supremo, y el CGPJ, que debería ser elegido por los mismos jueces y no ser el resultado del apaño entre partidos. Los ataques de socialistas y podemitas al poder judicial, a sus sentencias, han sido constantes, especialmente por la investigación de la corrupción en Podemos y por todo lo relacionado con el indulto a los golpistas. Sánchez e Iglesias han llegado a decir que no debió «judicializarse» el golpismo, sino haberlo encauzado a través del «diálogo»; es decir, cediendo a las pretensiones de los independentistas. Ambos estaban pensando en sentar las bases de un gobierno tripartito tras las elecciones autonómicas de 2021 en Cataluña que consolide la coalición Frankenstein.

Controlado el poder legislativo con el estado de alarma, arrinconado el poder judicial, solo quedaba la Corona. Este Gobierno se enfrentó al Rey desde el 10 de noviembre de 2019, cuando anunció su formación estando Felipe VI en Cuba, lo que rompía el protocolo. A partir de ahí, el choque con la Corona ha sido constante, como apartarle en la entrega de despachos de los jueces en Barcelona en septiembre de 2020 porque según el ministro de Justicia era conveniente para no molestar a los nacionalistas. El Gobierno parece haber asumido el discurso contra el orden constitucional: todo es anacrónico, viejo, no votado por la España actual, y heredero del franquismo. Los ataques al Rey por parte de Podemos no se han cristalizado en comisiones de investigación cuyo objeto era degradar a la institución y poner la existencia de la monarquía como tema de debate político común.

Podemos ha conseguido lo que quería en tan solo un año: convertir las bases de convivencia en un conflicto de trinchera, en una España con dos bandos: constitucionalistas y rupturistas. Los primeros son los «reaccionarios», y los segundos, los «progresistas». El PSOE es responsable de esta deriva autoritaria al pactar un Gobierno con el comunismo populista y preferir de aliados a los que repudian la España constitucional. No se puede sacrificar la democracia liberal, como hemos visto en Estados Unidos, a la ambición personal de un líder político ni a los sueños totalitarios de otro. Mal balance de un primer año, y el segundo no parece mejor.