El juez confirma que hay “indicios suficientes” para investigar al notario amigo del ex secretario de Estado

Manuel García Castellón rechaza el recurso de Francisco Martínez en el que pedía que no se imputara a Alberto Vela Rubio-Navarro

Francisco Martínez a la entrada de la Audiencia Nacional para declarar en el "caso Kitchen"
Francisco Martínez a la entrada de la Audiencia Nacional para declarar en el "caso Kitchen" FOTO: Rodrigo Jiménez EFE

El juez Manuel García Castellón, que investiga en la Audiencia Nacional el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, considera que existen “indicios suficientes” para “iniciar un procedimiento penal contra el notario Alberto Vela Rubio-Navarro” por alertar al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que la Policía había reclamado unas actas notariales en las que se reflejaban supuestos mensajes sobre el “caso Kitchen” del ex ministro Jorge Fernández Díaz, quien siempre ha negado haberlos enviado.

En un auto de 28 de diciembre, adelantado por La Información, el instructor mantiene su decisión de deducir testimonio de la actuación del notario de Mahón, amigo personal de Francisco Martínez, a los juzgados competentes, que deberán “esclarecer si, a partir de estos indicios, resulta o no debidamente acreditada la existencia de algún tipo de responsabilidad, o si los mismos constituyen o no infracción penal”. De esta forma, rechaza la intención de Martínez de evitar que se investigue la actuación de Alberto Vela Rubio-Navarro.

“Carácter secreto”

Según consta en un informe de Asuntos Internos de la Policía, el 11 de marzo de 2019 el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez intercambió mensajes con el notario Vela Rubio-Navarro sobre el requerimiento del juzgado sobre las actas, pese a que la Policía advirtió de forma expresa del “carácter secreto de las actuaciones”. Además, en el oficio policial se resalta que tanto el notario como Martínez borraron los SMS bajo sospecha.

En este sentido, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ya puso de manifiesto que las actas notariales en las que se protocolizaron los mensajes se otorgaron “en extrañas e irregulares circunstancias”. Por su parte, Francisco Martínez justificó que borraran los SMS porque porque entre ellos había alguno “subido de tono”, y no quería que fueran vistos por sus hijos.