“Acoso” a Iglesias: “No me salté ningún perímetro, no soy un peligro para nadie”, se defiende una vecina

Una vecina de Galapagar que se ha sentado hoy en el banquillo por saltarse supuestamente el 30 de octubre del pasado año el perímetro de seguridad en torno a la vivienda del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero ha negado los hechos en el juicio. “No me salté ningún perímetro -ha asegurado ante la titular del Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid, según fuentes presentes en la vista oral-. Yo no soy un peligro para nadie ni voy armada”.

La Fiscalía, sin embargo, ha mantenido su petición de condena de seis meses de prisión para A. D. B. y de doce meses para su hija, A. I. Q., por delitos de desobediencia, atentado contra agentes de la autoridad y maltrato leve de obra, y ha defendido -según esas mismas fuentes- que los agentes actuaron correctamente y emplearon la mínima fuerza imprescindible para hacer respetar ese perímetro de seguridad.

Tres guardias civiles que formaban parte de ese dispositivo han declarado como testigos y han insistido en que cuando se disponían a establecer ese cordón policial ambas mujeres desobedecieron sus reiteradas órdenes para que lo respetaran y que emplearon la mínima fuerza posible para obligarlas a alejarse de la zona. Uno de ellos ha asegurado incluso que cuando A. D. B. sufrió un desmayo a consecuencia de la tensión del momento se preocupó por ella.

Pero las dos acusadas han negado esa versión y han mantenido que su intención era irse pero no se lo permitieron los agentes. Ambas han mantenido que no había ningún perímetro de seguridad cuando llegaron al lugar, alertadas porque uno de los agentes “había tirado del brazo” a otras dos vecinas al ver que una estaba grabando lo sucedido con su móvil.

En la vista oral también han testificado otras dos vecinas que han contado que ese día estaban paseando a sus perros por la zona cuando los agentes les indicaron que se tenían que ir del lugar. Una de ellas se dispuso a grabar con su móvil y un guardia civil le tiró del brazo indicándole que no podía tomar imágenes. Ese incidente, explicaron las dos acusadas, fue lo que les hizo parar su coche y acercarse a ver qué ocurría con sus dos amigas.

“Yo me quería ir”

“Yo era la primera que me quería ir”, ha mantenido A. D. B. negando la versión de los agentes de que ambas no quisieron abandonar el lugar. Para las dos mujeres, la actuación policial fue “desproporcionada”, porque “no había motivo ninguno” que la justificase. “No me salto ningún perímetro ni agredo a nadie -ha recalcado-. Es a mí a quien agreden, desplazándome varios metros a empujones”, ha defendido según las fuentes consultadas.

En el juicio, en el que se ha exhibido un vídeo grabado por la Guardia Civil (el que habían aportado las acusadas no ha podido verse al encontrarse defectuoso), la Fiscalía ha ratificado la versión de los agentes y ha acusado a las dos mujeres de desobedecer sus indicaciones, ratificando su actuación (las acusadas denunciaron a su vez a cuatro guardias civiles por coacciones y de dos delitos leve de lesiones con la agravante de abuso de superioridad, por los que piden que se imponga a cada uno una multa de casi 1.400 euros. Además, reclaman 15.000 euros por daños morales para la hija (así como 420 euros por los siete días que estuvo de baja por las lesiones causadas) y otros 1.500 para la madre por el mismo concepto.

En su escrito de defensa, mantienen que los agentes actuaron de forma “completamente injustificada y desproporcionada” y con “abuso de su autoridad y de su superioridad física”, propinándoles empujones y pisotones. La Fiscalía, sin embargo, sostiene en su escrito de acusación que cuando los agentes iban a montar el perímetro ellas “mantuvieron una actitud de absoluto desprecio” a su labor, “desobedeciendo de forma reiterada” sus indicaciones e impidiéndoles llevar a cabo su labor. Incluso afirma que les llegaron a golpear con las manos y que una de ellas intentó agredir con el bolso a un agente en el rostro, algo que hoy ha negado también la acusada.