Las cinco versiones de Bárcenas sobre los sobresueldos de Rajoy

La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para el extesorero del PP en el juicio que se celebra este lunes en la Audiencia Nacional

Eso es absolutamente falso, en el partido no ha habido nunca una contabilidad B”. Así de rotundo contestaba el 6 de febrero de 2013 el extesorero del PP Luis Bárcenas tras ser preguntado por el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral sobre los apuntes manuscritos o Caja B que apenas unos días antes se habían publicado en el diario “El País”. En estos documentos se indicaba que la formación conservadora había recibido de forma presuntamente irregular unos 8 millones de euros cuyos donantes eran empresarios que habían resultado adjudicatarios de contratos de administraciones públicas dirigidas por los ‘populares’.

En 2013 tanto Bárcenas como su ex jefe en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, rechazaban haber cobrado de forma irregular las donaciones que aparecen en los denominados ‘papeles de Bárcenas’. También negaban que ese dinero negro se hubiera distribuido entre los dirigentes que aparecen en esta contabilidad oculta: Mariano Rajoy, Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez-Cascos, entre otros.

Pero el pasado 2 de febrero, casi ocho años después de desmentirlo ante la Fiscalía Anticorrupción, el abogado de Bárcenas entregó la confesión de su cliente, que ha acabado reconociendo que sí existía una caja B; pero sobre todo, que el entonces presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy estaba al corriente. Asegura ahora que le entregó los documentos manuscritos, que el exmandatario habría destruido con una máquina para cortar papel en su propio despacho de la Calle de Génova, 13.

“Colaborar con la Justicia”

Con esta nueva confesión, que según reconoce el propio Bárcenas busca “colaborar con la Justicia” de cara al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional este lunes, ya son cinco las versiones que el extesorero ha trasladado a jueces y fiscales.

El 22 de julio de 2009 el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde citó a declarar a Bárcenas, en calidad de imputado. Y el entonces senador aseguró estar “muy contento” por aportar las pruebas que demostraban su inocencia. Desde esa fecha, el extesorero del PP mantuvo una única versión: era inocente. Pero la llegada de una comisión rogatoria de Suiza que le dejaba al descubierto y la posterior publicación de los “papeles de Bárcenas” acabaron por cambiarlo todo.

Esta modificación se evidenció con la llegada del exjuez Javier Gómez de Liaño a la defensa de Bárcenas el 11 de julio de 2013. El extesorero, ya en prisión provisional, decidió tirar de la manta. Reconoció que los papeles eran ciertos y que tanto Rajoy como otros dirigentes habían cobrado de la contabilidad B del partido.

Rosalía Iglesias

Esta segunda versión solo la mantuvo Bárcenas unos meses. Y se modificó, según reconoce ahora el propio extesorero en su confesión, cuando recibió la promesa de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión. Dentro de esta etapa de “entente cordial” con el PP se enmarcaría la retirada de su acusación por el supuesto robo de sus ordenadores contra el PP y contra varios de sus empleados. Bárcenas renunció entonces a señalar a los dirigentes del PP, quienes se libraron de la imputación tanto en el “caso Gürtel” como en los “papeles de Bárcenas”.

Sin embargo, tanto el juicio como la condena por la primera época de la causa contra la organización criminal liderada por Francisco Correa volvieron a modificación, por cuarta vez, la explicación de Bárcenas de los hechos. En su declaración como perjudicado en el marco de la “Operación Kitchen” el exsenador rompió su relación con el PP y denunció que durante la instrucción del “caso Gürtel” se puso “en marcha una operación del Ministerio del Interior” para amedrentarle. Sin embargo, y pese a esta ruptura, Bárcenas seguía respetando a Rajoy.

Por eso el escrito del pasado 2 de febrero supone una nueva etapa para Bárcenas, quien permanece en prisión junto a su mujer, Rosalía Iglesias, tras ser condenados a 29 años y a 12 años y 11 meses, respectivamente. Es la quinta versión que da sobre la existencia de una caja B y sobre el presunto pago de sobresueldos a los exdirigentes del PP.

Ahora apunta a Rajoy

Bárcenas volverá a sentarse este lunes en el banquillo parapetado tras sus últimas revelaciones a Anticorrupción, en las que apunta directamente a Mariano Rajoy, y con su anunciada intención de colaborar con la Fiscalía (que pide para él una condena de cinco años de prisión por apropiación indebida, delito fiscal y falsedad documental).

No es el único acusado. Junto a él estarán el exgerente popular Cristóbal Páez, que se enfrenta a una petición fiscal de 18 meses de cárcel, y los dos responsables y una empleada de Unifica (a esta última no le acusa la Fiscalía), la empresa encargada de las obras de reforma de la sede del PP en Madrid, que se habría pagado en parte con dinero negro procedente de esa “caja B” (664.000 euros en 2006 y otros 888.000 dos años después, según Anticorrupción), además del PP y la propia Unifica como responsables civiles subsidiarios de los 194.503 euros que reclama el fiscal Antonio Romeral, como indemnización a Hacienda, a Bárcenas, Páez y los dos administradores de la empresa, Gonzalo Urquijo y Belén García, por el supuesto fraude tributario en el Impuesto de Sociedades de 2007, al no declarar esos ingresos opacos.

La declaración de Bárcenas -condenado a 29 años de cárcel tras el juicio por las actividades corruptas de la “trama Gürtel”- dará la medida de hasta dónde llegará en esta ocasión su pretendida colaboración con la Justicia, espoleada ahora por el ingreso en prisión de su esposa, Rosalía Iglesias, y -según ha reconocido en su escrito a Anticorrupción- después de asumir sus errores (tras cuatro años y medio en la cárcel) en “una España en la que todo valía”.

Por la sala de vistas de la Audiencia Nacional pasarán 150 testigos en un juicio que previsiblemente se prolongará hasta el próximo mes de mayo. Entre ellos, dos expresidentes del Gobierno, el propio Rajoy (quien ya en el juicio de Gürtel afirmó negó la existencia de una “caja B”) y José María Aznar, cuatro ex secretarios generales del PP -María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas-, el exministro Rodrigo Rato y el que fuera presidente del Senado Pío García Escudero.

Acusaciones populares

Todos ellos deberán enfrentarse al interrogatorio no solo de la Fiscalía, sino de las acusaciones populares, entre las que figuran tanto Izquierda Unida como los socialistas valencianos como el Partido Socialista de Madrid. El que no estará será Manos Limpias, que renunció recientemente a ejercer la acusación tras denunciar que el proceso está “intoxicado y contaminado por las acusaciones populares”.

En su escrito de acusación, Anticorrupción sostiene que durante los años en los que Bárcenas y el ya fallecido Álvaro Lapuerta ejercieron sus cargos en el PP (el primero fue tesorero de la formación de 1993 a 2008, hasta que entregó el testigo a Bárcenas, que hasta entonces era gerente del partido) ambos “gestionaron” fondos en metálico aportados al PP “por donantes de quienes no podían recibir los mismos” de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos.

Del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas”, mantiene la Fiscalía, que apunta que solo parte de esos ingresos se incorporaron a la contabilidad oficial como donativos anónimos y siempre sin superar el tope legal. El control de esos ingresos y de los gastos, continúa, “se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela -contabilidad B- que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro Lapuerta”. Se trataba de cantidades siempre en efectivo que escapaban al control del departamento de contabilidad y del cajero del partido y que se guardaban “en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas”.

El fiscal Romeral

El fiscal constata que en los denominados “papeles de Bárcenas” (los apuntes de esa contabilidad paralela que la Audiencia ya dio por acreditada en la sentencia del “caso Gürtel”) están anotados unos ingresos de 542.000 euros en 2007 y de 1.115.000 euros al año siguiente. En este último ejercicio, 888.000 euros salieron de esa “caja B” para pagar la remodelación de la sede del partido. Cuatro años antes, en octubre de 2004, Lapuerta suscribió 1.270 acciones de Libertad Digital por 139.700 euros procedentes de esa contabilidad paralela que le entregó Bárcenas, “quien detentaba y custodiaba los fondos en su caja fuerte”. Tres años más tarde, en 2007, Lapuerta vendió esas acciones a la propia Libertad Digital por 209.550 euros que no se reintegraron a la “caja B”, por lo que Anticorrupción entiende que Bárcenas cometió, en calidad de cooperador necesario, un delito de apropiación indebida.

Fueron Lapuerta y Bárcenas, defiende el fiscal Romeral, quienes precisamente propusieron a Unifica, con el consentimiento de Páez, “realizar parte del pago con el dinero existente en la caja B” con el objetivo de “dar salida a dichos fondos y obtener, además, un descuento del 8 al 10%” por el ahorro fiscal consiguiente al no declarar esos pagos a Hacienda. Anticorrupción sostiene además que para “simular el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales” se habrían falseado certificados de obra, facturas y proyectos, incurriendo en un delito de falsedad documental.