Máxima tensión con Iglesias por el 14-F

El contexto electoral en Cataluña ha tensionado sobremanera la relación entre PSOE y Unidas Podemos dentro de la coalición. Ambos partidos se otorgaron cierto margen de actuación –y «sobreactuación»– en campaña, pero los últimos acontecimientos no han hecho sino recrudecer el conflicto, en un ambiente ya enrarecido que se venía fraguando a cuenta de la estrategia de desestabilización de Unidas Podemos. A pesar de que ambas formaciones se reunieron hace un par de semanas para tratar de limar asperezas y engrasar la coalición de cara al nuevo periodo de sesiones, lo cierto es que los efectos de ese encuentro no se han sostenido en el tiempo.

Las declaraciones de Pablo Iglesias en una entrevista, en la que en su condición de «vicepresidente del Gobierno», como él mismo dijo, reconoció que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España, cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas» ha supuesto un torpedo a la línea de flotación de Moncloa. En primer término, porque deja en evidencia a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, cuando replicó al ministro de exteriores ruso, Serguéi Lavrov que «en España no hay presos políticos» y que somos una de las 23 democracias plenas del mundo. Hoy desde Rusia aprovechaban el comentario de Iglesias para ahondar en la burla, asegurando que no saben «a quién creer» en el Gobierno español: si a quien dice que hay democracia en el país o a quien dice lo contrario. Y, en segundo término, porque el pronunciamiento del vicepresidente no solo va contra la línea marcada por Moncloa de que no hay «presos políticos», sino que supone un asidero para las reclamaciones ante Europa que tanto Puigdemont como Junqueras tienen previsto emprender como parte de su estrategia de defensa.

En el Gobierno no ocultan su malestar revestido de preocupación. Malestar, porque lamentan que «por un puñado de votos» Iglesias esté dispuesto a poner en cuestión la democracia española y la credibilidad del Ejecutivo, y preocupación por cómo se pueda tornar la relación con los morados tras el 14-F. En Moncloa buscan ahora justificar cualquier comportamiento de Podemos en clave electoral, ante su necesidad de marcar perfil, pero ya se preguntan en qué puede derivar esta actitud de confrontación si los resultados de los Comunes no son los esperados. Sospechan que, si la marca morada sufre una debacle, en la línea de lo que ya ocurrió en Galicia y País Vasco –germen de la estrategia de «oposición dentro del Gobierno» que están sufriendo–, la situación se pueda recrudecer todavía más, haciéndose insostenible. Desde el Ejecutivo aprietan los dientes y aseguran que «no queda otra que aguantar», porque a ninguna de las dos partes les interesa romper, pero sí advierten de que este tipo de comportamientos no se puedan repetir. «En otro contexto –que no fuera el electoral– algo así no se comprendería», reconocen.

Y es que existen fundadas dudas de que esta estrategia de visibilizar tensiones internas de manera continua tenga un efecto favorable en los electores. De hecho, ayer la candidata de los Comunes, Jéssica Albiach, tuvo que salir a matizar las reservas de Iglesias con la «normalidad democrática» de nuestro país, al tiempo que el vicepresidente se reafirmaba en esta expresión en su cuenta de Twitter. Solo ERC aplaudió las palabras de Iglesias, cuestionando el sistema.

Guerra por el relato

Moncloa no solo justifica en el clima electoral las declaraciones del vicepresidente, también utiliza esta coyuntura para explicar las zancadillas entre los socios de la coalición que se están sucediendo en los últimos días. La más reciente, en forma de una suerte de carrera entre PSOE y Unidas Podemos por rentabilizar la despenalización de los delitos vinculados a la libertad de expresión en el contexto artístico. Unidas Podemos comunicó en privado al PSOE que presentarían al día siguiente una proposición de ley para eliminar las injurias a la Corona en el Congreso, lo que precipitó que desde Moncloa se lanzara el anuncio nocturno de que Justicia trabajaba ya en una reforma del Código Penal en la misma línea. Un anuncio vago y de cuya iniciativa se desligó el Ministerio de Juan Carlos Campo, apuntando a una decisión en clave gubernamental. De este modo, desde el Ejecutivo se anticipaban a sus socios en el Congreso para que la medalla se la cuelgue todo el Gobierno y no solo uno de los partidos que lo componen.

La portavoz María Jesús Montero quiso ayer restar importancia a esta circunstancia «menor» asegurando que «somos un gobierno único y lo importante es la capacidad de acierto y no de quién parta la iniciativa». «Estamos en campaña electoral y algunas formaciones quieren apadrinar determinadas medidas y colocarse en situación de ventaja para el próximo domingo», justificó. Sin embargo, en este caso, como en otros como el de la «Ley Zerolo» de Igualdad de Trato, los socialistas han actuado de forma autónoma sin contar con su socio de coalición, a pesar de que se estaba trabajando internamente en una iniciativa conjunta. Ahora, la discrepancia radica en si la reforma se debe impulsar desde el Gobierno (vía Justicia e Interior) o desde el Congreso por los partidos.