La Junta Electoral Central (JEC) considera “razonable” y “no discriminatoria” la decisión que tomó Twitter de cerrar la cuenta a Vox el día que comenzaba la campaña de las elecciones catalanas por el vídeo de “Stop islamización” que habían difundido un día antes a través de la red social. Sin embargo, cree que el Legislador debe aprobar alguna ley para regular los poderes de los gestores de las redes sociales. La decisión no ha sido unánime ya que uno de los vocales ha emitido un voto particular considerando desproporcionada la medida adoptada por Twitter.

La Junta Electoral subraya como “trascendente” el hecho de que la medida fuera aplicada justo en el inicio de la campaña electoral, pero, recuerda que en sus alegaciones la red social destaca que la medida que aplicó es para los que llevan a cabo un “incumplimiento reiterado” y subrayaban que era la segunda vez que Vox “incumplía este acuerdo” -le fue temporalmente limitada la cuenta en enero de 2020-. “Solo se restringió la cuenta de la formación política y no la de sus candidatos”, puntualiza.

También admite que hay un vacío legal y que es necesario regular el poder de los responsables de redes sociales. “Esta Junta es consciente de los peligros y riesgos que pueden suponer algunas decisiones de los responsables de las redes sociales durante la campaña electoral. No resulta exagerado considerar que algunas de ellas pueden limitar seriamente la campaña electoral de cualquier candidato, y que, dada la perentoriedad de los periodos electorales, apenas tendrá tiempo para obtener una tutela judicial eficaz frente a esas decisiones”,

El vídeo de la islamización

El origen de la polémica surgió el día que comenzaba la campaña catalana cuando, la cuenta de Twitter del partido que lidera Santiago Abascal, vio que les habían censurado la posibilidad de escribir tuits durante ocho días, sin embargo, Twitter no les especificaba que fuera por el vídeo que habían emitido en el que denunciaban que la “islamización perpetrada por el separatismo ha convertido Cataluña en un peligroso refugio para los yihadistas y el fundamentalismo islámico”. En las imágenes, los de Abascal se reivindican como el único partido en Cataluña para “luchar” contra la islamización.

Twitter interpretó que ese mensaje vulneraba la prohibición de “incitar al miedo o difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida” y decidió suspender la cuenta de Vox imposibilitando la publicación de mensajes durante ocho días, entre el 28 de enero y el 4 de febrero, lo que incluía parte de la campaña electoral en Cataluña. Por ese motivo Vox interpuso una reclamación ante la JEC, al considerarse perjudicado por la decisión de la compañía estadounidense.

Delito de odio

En la resolución de la Junta Electoral Central se concluye que dicha actuación estuvo justificada, sin embargo: entiende que hay un vacío que exige regular el poder de los responsables de redes sociales. Recuerda que la cláusula aplicada por Twitter “tiene carácter general” a todos sus usuarios y “era o debía” ser conocida por Vox y subraya que responde además a una finalidad legítima que no resulta contraria a la legislación y a la jurisprudencia relativa a los límites de la libertad de expresión al tiempo que recuerda lo que dice el código penal en relación a los delitos de odio y recuerda que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la incitación al odio no entraña necesariamente un llamamiento a la comisión de un acto de violencia u otros actos delictivos”.

Además, destaca la JEC que “resulta razonable” la acción que acometió Twitter porque “no es arbitrario considerar que las expresiones utilizadas en el mensaje de referencia “stop islamización” implícitamente suponían la consideración de las personas procedentes del Magreb como responsables de la mayor parte de la delincuencia producida en Cataluña”.

Voto particular

Frente a la resolución apoyada por todos los jueces de la Junta Electoral, el jurista propuesto por Vox para el organismo arbitral, el catedrático José Miguel Serrano-Ruiz Calderón, ha emitido un voto particular manifestando su desacuerdo. En su opinión, la actuación de Twitter no fue proporcionada y vulneró los derechos de los de Abascal en campaña electoral, ya que ni siquiera pudo dar su versión, lo que “consolida la facultad de censura unilateral de las grandes compañías tecnológicas”.