¿Sabe cuántas leyes ha aprobado Irene Montero desde que es ministra de Igualdad?

Celebra su segundo 8-M en Moncloa sin lograr que la ley «solo sí es sí» y la ley Trans consigan el aval final del Consejo de Ministros y dividiendo a los colectivos feministas, que piden su dimisión

La ministra de Igualdad, Irene Montero
La ministra de Igualdad, Irene MonteroJuan Carlos HidalgoEFE

13.01.2020. Irene Montero recibía la cartera como ministra de Igualdad de las manos de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Ante la socialista, la también dirigente morada pronunciaba un emotivo discurso confirmando que trabajaría por todas las mujeres «para que el feminismo también a nivel institucional sea una de las banderas de este Gobierno y de este país». Una apuesta firme por luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres y para erradicar la violencia machista en España. Con este objetivo el ministerio de Igualdad diseñó rápidamente los ejes centrales de su política feminista, sin embargo, dos años después Irene Montero ve frustrado su plan de alzarse como adalid del feminismo al no ver convertida en ley ninguna de sus dos «leyes estrella». La ministra llega a su segundo 8-M en el Gobierno con un saldo negativo. Ni la ley de garantía integral de libertad sexual, conocida como «solo sí es sí», ni la ley Trans y de igualdad LGTBI tienen el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros.

Cuestionada

Su acción en el Ejecutivo, además, ha sido cuestionada tanto dentro de Moncloa –con los sucesivos frenos a las dos leyes– como por parte de la sociedad, al provocar el enfrentamiento de los movimientos feministas en los últimos meses que han llegado a pedir incluso su dimisión, a causa de su posicionamiento a favor de la abolición de la prostitución y por la autodeterminación de género que prevé legislar Igualdad con la ley Trans. En la parte que se refiere a la relación con la vicepresidencia primera, ambas mantienen un pulso latente en el poco más de un año de duración de la coalición. De hecho desde Unidas Podemos transmiten en privado que Calvo no ha «asumido» que no tiene las competencias de Igualdad y perciben, incluso, transfobia en el Consejo de Ministros ante la negativa a legislar sobre los derechos del colectivo LGTBI. Desde el partido arrecian las críticas contra la mano derecha del presidente por creer que quiere supervisar su trabajo. «Se creen que no sabemos hacer leyes feministas», lamenta un dirigente consultado por este diario.

Objetivos

Como primera meta, la ministra se fijó presentar en el Consejo de Ministros en tiempo récord, el anteproyecto de la ley de garantía integral de libertad sexual, conocida como «solo sí es sí», la primera ley que la cuota morada presentaría ante el Gobierno. El fin era que el anteproyecto estuviera listo antes del 8-M de 2020, la primera conmemoración del Día de la Mujer a la que Irene Montero acudiría como ministra del Gobierno. Sin embargo, la norma causó el primero de los enfrentamientos dentro del Ejecutivo tras apreciar el ministerio de Justicia y la vicepresidencia primera errores técnicos en la ley. Ante el veto de los socialistas, el vicepresidente acabó llamando a su colega Juan Carlos Campo «machista frustrado». Aún así, la norma llegó al Consejo de Ministros del 3 de marzo, pero hasta el día de hoy, tras los informes preceptivos –favorable el del Consejo Fiscal y muy crítico el del CGPJ– no ha sido devuelta al Gobierno para su aval definitivo. El órgano de los jueces pide incluir recomendaciones sobre la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. Desde el ministerio aseguran que «será ley» a pesar de no lograr que la norma inicie su tramitación parlamentaria antes de su segundo 8-M. La norma llegará, porque así lo ha avalado la vicepresidenta Carmen Calvo, pero no ha dado detalles sobre la fecha.

Ley Trans

Ante el estancamiento de la ley, el ministerio de Igualdad se puso a trabajar a finales de año en la elaboración de los borradores de la ley trans y de igualdad LGTBI, un texto que incluye la autodeterminación de género desde los 16 años sin necesidad de informe previo. La tramitación de la norma volvió a encallar debido a las desavenencias entre Igualdad y el equipo de la vicepresidencia primera. Montero tenía preparado el texto con el fin de que recibiera el aval del Consejo de Ministros en febrero, con el fin –otra vez– de sacar músculo de su acción en el Gobierno con el motivo del 8-M que se celebra hoy. Sin embargo, la cuota socialista frena los tiempos argumentando la falta de seguridad jurídica de la elección libre de género. Igualdad contesta asegurando que la «identidad de género» es un «derecho» y avisa que no cederá en este extremo.

La pandemia

El coronavirus afectó muy especialmente a las mujeres debido a la dificultad para conciliar. Además, Igualdad veía como el confinamiento domiciliario conllevaba a la desprotección de las víctimas de violencia machista. Durante el estado de alarma, para proteger a las mujeres se vio obligada a impulsar un decreto ley con el que se declararon esenciales los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista durante el estado de alarma. Además, Igualdad activó un servicio de mensajería instantánea para que las víctimas que lo necesitaran pudieran obtener atención psicológica y se declaró esencial el servicio del 016. Se publicó una guía por comunidades para ver cómo se podía actuar para salir de esa violencia y se facilitó un teléfono móvil en el que se buscaba a las víctimas en riesgo la forma de salir y un lugar seguro. Aprobó, además, un plan de Igualdad salarial junto a Trabajo. El ministerio trabaja en la actualidad en el Plan Corresponsables, a cargo de los fondos europeos destinados al ministerio, para ampliar la asistencia integral a las víctimas de todos los tipos de violencias machistas y fomentar la conciliación familiar.

Igualdad prevé también reformas en la ley de Salud Sexual y modificar la ley de interrupción del embarazo para permitir a adolescentes de 16 y 17 años abortar sin el permiso paterno, es decir volver a la ley de plazos de Zapatero. De igual modo busca introducir una normativa contra los vientres de alquiler, a los que Igualdad considera violencia contra la Mujer. Por último, se trabaja en aprobar una ley Integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la abolición de la prostitución. Una cuestión, muy criticada por los colectivos feministas, debido a la dificultad para prohibir o regular esta práctica.