Podemos: “En el PSOE piensan que no sabemos hacer leyes feministas”

Las políticas de igualdad vuelven a tensionar al Gobierno en vísperas del 8-M y de las elecciones catalanas. Si hace justo un año, la ley de Libertades Sexuales marcó una de las primeras crisis entre los socios de la coalición, en los días previos a la celebración del Día Internacional de la Mujer, la ley Trans –que elabora el Ministerio de Igualdad de Irene Montero– amenaza con seguir el mismo camino y convertirse de nuevo en motivo de discusión en el Gobierno. El patrón es idéntico, los morados impulsan la norma y presionan para que llegue al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero –antes del 8-M y de la cita electoral catalana– con el objetivo de dar visibilidad a su agenda feminista y por los derechos civiles. Pero las prisas de Podemos chocan contra el muro de los socialistas, que cuestionan «a qué viene tanta celeridad», en clara alusión al interés de los morados por marcar perfil. «Tendrán que explicar (Podemos) por qué tienen tanta prisa», señalan desde el Gobierno a este diario, al tiempo que reivindican su compromiso con que la ley esté lista «lo antes posible».

Sin embargo, estas mismas fuentes ponen el acento en que la ley tiene que cumplir dos principios: «calidad normativa» y «seguridad jurídica» ante los posibles recursos que puedan presentarse ante la justicia. Recuerdan que el PP ya llevó a los tribunales la ley del matrimonio homosexual o la ley del aborto y quieren que el texto esté «blindado» legalmente. No es el caso, ya se aprecian algunas deficiencias jurídicas en el borrador, que –además– tiene que recibir informes de varios ministerios, entre ellos Sanidad y Justicia. Por todo esto, en Moncloa consideran que no se cumplirá el calendario que maneja Montero, que implicaría llevar la norma al próximo Consejo de Ministros del día 9 de febrero y le envían un recado a la ministra: «Hay que seguir trabajando discretamente e internamente». Un dardo ante lo que consideran una «filtración precipitada e interesada» del texto de la norma para presionar públicamente cuando no consiguen imponer sus tesis internamente.

Desde la parte morada, sin embargo, mantienen su órdago. Tienen listo el borrador de las leyes LGTBI y Trans, que se le entregó a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en mano, «el lunes pasado». Pretenden, además, tramitar ambas normas por separado, algo sobre lo que tampoco hay consenso, ya que desde el PSOE apuestan por fusionarlos en un mismo texto. Podemos asegura que ambas leyes están «siguiendo los cauces habituales de cualquier ley» y mantienen que los anteproyectos llegarán al Consejo de Ministros en la primera quincena de este mes. Fuentes de Igualdad dejan ver que no entienden los tiempos que marca el sector socialista y critican que «hay negociaciones muchísimo más complejas que se han resuelto antes». De esta manera aluden veladamente al PSOE por tratar de prorrogar en el tiempo la tramitación de ambos proyectos. En el partido morado, son más contundentes en sus juicios y reprochan que «hay ciertos sectores de la izquierda en el Gobierno que se piensan que en Podemos no sabemos hacer políticas feministas», zanjan. Ante esta nueva batalla, recuerdan, que para la negociación de Gobierno, tanto en julio de 2019 como en noviembre, la cartera de Igualdad fue una de las que más trabajo costó arrancar a los socialistas. Una cartera que hasta entonces ostentaba Carmen Calvo.

No es el único elemento de discrepancia. La ley Trans de Igualdad incluye la autodeterminación de género sin necesidad de requisitos previos, mientras que, desde el PSOE no son partidarios de excluir el criterio de los expertos. Entienden los socialistas que, aunque es necesario reducir la burocracia y avanzar en la «despatologización», el proceso debe ser garantista y venir avalado por profesionales. Desde Igualdad aclaran que la autodeterminación de género estará en la Ley Trans porque «es un derecho» y una «exigencia de los organismos internacionales». De hecho, recuerdan que el PSOE aprobó en 2019 un informe de ponencia debatido en la Comisión de Igualdad del Congreso en el que se eliminaba la necesidad de un diagnóstico médico para que las personas trans pudieran realizar este cambio en el registro.