El TC avala las órdenes de busca y captura de los prófugos Puigdemont y Comín

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha acordado desestimar el recurso de súplica interpuesto por Carles Puigdemont y Antoni Comín contra el auto del propio TC del pasado 9 de septiembre, que denegaba la suspensión de las órdenes nacionales decretadas por el Tribunal Supremo de busca y captura e ingreso en prisión de los recurrentes en amparo. El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido , explica que la decisión recurrida, que ahora se confirma, es consecuencia de “un juicio de ponderación de los intereses en juego como la naturaleza cautelar privativa de libertad de la decisión judicial que se pretende dejar sin efecto, interés general en la persecución penal de las conductas que están siendo investigadas y gravedad de la imputación provisionalmente efectuada”.

Por tanto, se añade el respecto, la resolución desestimatoria no deriva de un automatismo legal o jurisprudencial ni de una prohibición absoluta sino de la aplicación razonada de criterios objetivos, como la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados, la duración de la pena impuesta, su trascendencia social, la expresión de la antijuridicidad de la conducta, el bien jurídico protegido por el delito, entre otros.

El auto insiste en que si “este Tribunal Constitucional levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento”. Asimismo, el Tribunal también desestima la petición de los recurrentes de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

El instructor del “Procés”, Pablo Llarena, sí planteó recientemente una cuestión prejudicial ante el TJUE una vez que el Parlamento europeo la inmunidad respecto a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, para que el citado tribunal fije el alcance de una Euroorden y las causas por las que el Estado que las debe ejecutar puede negarse. No será hasta obtener esas respuestas cuando decida si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los exconsellers Puig, Comín y Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, en rebeldía por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.