Del estado de alarma al caos

Mientras unas comunidades aplauden el fin de la excepcionalidad, otras critican la falta de consenso. La mayoría exige un marco legal para poder decretar restricciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que anunció que el próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que anunció que el próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarmaZipiEFE

Nunca llueve a gusto de todos y el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrando su intención de poner fin al estado de alarma el próximo 9 de mayo no iba a ser una excepción, más si cabe ante unas inminentes elecciones en la Comunidad de Madrid que se analizan como si de unas generales se tratasen. Sin embargo, era algo de esperar, pues desde que comenzó la pandemia y el primer estado de alarma el 15 de marzo del pasado año no ha habido unanimidad a la hora de prorrogar esta medida excepcional. Los que primero pedían coordinación y un mando único pasaron a reclamar meses después más autogobierno, para volver a pedir más adelante que todo lo orquestase Moncloa... Y ahora, más de lo mismo: el fin de las principales restricciones gusta a unas comunidades y enfada a otras, mientras que hay a quien le es indiferente.

Varios presidentes autonómicos han mostrado a LA RAZÓN su parecer sobre la propuesta de Sánchez de poner fin al estado de alarma, mientras que otros han preferido no hablar a través de este periódico, aunque sí que lo han hecho en ruedas de prensa, a través de sus redes sociales. En el caso de Asturias, por ejemplo, ha preferido delegar en su portavoz de Gobierno sus primeras impresiones sobre el fin del paraguas jurídico.

Cada uno valora la medida de una manera diferente. La crítica más común: la falta de comunicación con las autonomías y la falta de un marco legal que les permita actuar por sí mismas ante cualquier contratiempo que surja. Y el apoyo más repetido: que la situación va mejorando y que con los mecanismos con los que cuentan las regiones actualmente es suficiente para hacer frente a los rebrotes.

Y en cuestión de opinar sobre la decisión del Gobierno, las principales quejas vienen desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular, las cuales consideran que se trata de un anuncio «precipitado y alejado de cualquier criterio técnico y sanitario», como asegura el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

O hablan de un horizonte en el que, de nuevo, «nos encontrarnos con la responsabilidad a espaldas de las comunidades», en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pero también critican el fin repentino del estado de alarma otros mandatarios como el lendakari, Íñigo Urkullu, eso sí, con menos dureza que en el caso de los populares. El presidente vasco carga, por un lado, contra la falta de comunicación con las comunidades autónomas y, por otro, quiere mostrarse optimista y confía en que funcione, tal y como apuntó en un tuit el mismo día en el que Sánchez anunció que se acababa.

La clave ahora, para quienes sí que ven con buenos ojos esta medida, es definir el ámbito jurídico para conocer los recursos con los que cuentan las comunidades para poner en marcha alguna medida restrictiva, sobre todo en el caso de que afecte a derechos fundamentales, como puede ser la libre circulación a través del cierre perimetral de una autonomía o una provincia o establecer un toque de queda. Algo que, sin embargo, ya han llevado a cabo varias regiones, las cuales se han dirigido en varias ocasiones a la Justicia para que avale sus medidas. En unas ocasiones las ha apoyado y en otras, las ha rechazado si consideraba que se limitaban esos derechos fundamentales.

De ahí que lo que muchos critican es ese caos jurídico que puede producirse y que podría implicar que, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) avalase el cierre de esta comunidad y que, al mismo tiempo, el de Madrid lo rechazase en esta autonomía.

Por ello, muchas reclaman un marco legal común que les permita tomar decisiones difíciles sin que se produzcan disparidades entre regiones y, sobre todo, sin que se ponga el foco en los jueces para dejar en ellos el peso de decidir si se limitan derechos fundamentales.

Eso sí, todos los presidentes autonómicos –tanto los que apoyan la decisión como los que la rechazan– reclaman principalmente consenso y trabajar unidos, pues el objetivo es, en definitiva, el mismo para todos.

Tajante en este punto es, por ejemplo, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ve con buenos ojos la medida anunciada por Sánchez: «Es una decisión lógica, ya que no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad», asegura a este periódico para dejar claro que «España cuenta con legislación que permite la toma de decisiones en el nuevo escenario a partir del 9 de mayo».

Desde Aragón, mientras la idea que han planteado estos días ha sido muy parecida: «Las comunidades tenemos recursos para hacer frente a las contingencias que vayan surgiendo», aseguran desde el Gobierno presidido por Javier Lambán, mostrando al mismo tiempo su confianza en que la situación mejore en el mes que todavía queda.

Casi idéntico al argumento que esgrime el presidente valenciano, Ximo Puig, quien tiene claro que «fuera del estado de alarma no nos encontramos desprotegidos», mientras recuerda que en la Comunidad Valenciana ya restringieron la movilidad y lo avaló el TSJ. Para él, el fin de este estado excepcional es «razonable», entre otros motivos porque los datos de contagiados, fallecidos o ingresados en UCI van mejorando. En Asturias apuestan por seguir aplicando medidas «contundentes» pero reconocen «dudas jurídicas». Más allá de opiniones a un mes vista, la realidad se verá a partir del 9 de mayo si finalmente se levanta la alarma y las comunidades han de limitar derechos.