El TSJ de Cataluña asume la investigación contra Laura Borrás, presidenta del Parlament

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido hoy remitir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todas las actuaciones relacionadas con la investigación a Laura Borrás, actual presidenta del Parlament, una vez que resultó elegida diputada autonómica en las últimas elecciones catalanas. El Supremo, una vez ha tenido constancia oficial de ello, ha declarado su pérdida de competencia para continuar conociendo de la causa contra Laura Borrás, Será, por tanto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña la que investigue a Borrás por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedaddocumental, relacionados con la adjudicación de contratos cuando dirigía la Institució de les Letres Catalanes

El Supremo acordó la apertura del procedimiento a Laura Borrás el 17 de diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la magistrada-juez de Instrucción número 9 de Barcelona referidas a las diligencias previas seguidas en dicho Juzgado contra Laura Borrás, entonces aforada, por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que Borrás fue directora de la Institució de les Letres Catalanes (ILC). El tribunal designó instructor de la causa al magistrado de la Sala II Eduardo de Porres.

Ahora, una vez acreditada la baja en la condición de diputada del Congreso y por tanto la pérdida de la condición de aforada de Laura Borrás, sin que se haya procedido a la apertura de juicio oral, la Sala explica que ha perdido la competencia para conocer de los hechos imputados tanto a la persona hasta ahora aforada, como de Isaías Herrero Florensa, a quien extendió su competencia.

Laura Borrás, elegida diputada por Junts per Cataluña, está investigada por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos cuando. Era directora de la Institución de las Letras Catalanas. En concreto, el magistrado que hasta ahora instruía la causa, Eduardo de Porres, encontró indicios de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental , en relación con la adjudicación de 18 «contratos un total de 18 menores» por 259.863 euros, de forma «directa o indirectamente de manera arbitraria» a su amigo y también investigado en esta causa Isaías Herrero, un programador informático.

Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recogía en la exposición razonada que el magistrado Eduardo de Porres dirigió al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borras, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad. Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.