Limitación de funciones

Un CGPJ dividido debatirá si recurre al TC por la reforma que limita sus funciones

Decidirá en un Pleno extraordinario si impulsa un conflicto de competencias frente al Congreso por despojarle de funciones que la Constitución le reconoce

Pleno del CGPJ
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá la posibilidad de plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) por la reforma que limita sus atribuciones al estar en funciones, aunque la iniciativa no tiene visos de prosperar por la división existente entre los vocales al respecto.

El Pleno de la institución ha emplazado hoy a los cinco vocales que defienden la iniciativa, a los que se han sumado otros tres (todavía una minoría insuficiente) según las fuentes consultadas, a que fundamenten su postura por escrito y, en su caso, soliciten la convocatoria de un Pleno para debatir ese paso al frente. Ese Pleno se celebrará previsiblemente el próximo día 30.

Será entonces cuando el Consejo deba decidir si pone en marcha la iniciativa, para la que es requisito indispensable trasladar con carácter previo al Congreso un requerimiento de incompetencia instándole a derogar esa reforma legal que, considera el órgano de gobierno de los jueces, invade sus competencias reconocidas por la Constitución dejándole maniatado en cuanto vence su mandato.

Fuentes de la institución aseguran que se trataría de una iniciativa de gran trascendencia (solo se ha llevado a cabo una vez, cuando en 1985 se suprimió el sistema de elección de los vocales suprimiendo la designación directamente por los propios jueces de doce de ellos), por lo que “la decisión necesita mucha reflexión”.

De hecho, la oposición de la mayoría de los vocales se debe a reparos “de carácter técnico jurídico”. “Todo depende de lo que se entienda por invasión competencial”, explican fuentes del Pleno, que subrayan que lo que debe esclarecerse es si “una ley orgánica puede suprimir competencias atribuidas directamente por la Constitución al Consejo cuando son el núcleo fundamental de sus competencias”, en referencia a la imposibilidad de realizar nombramientos cuando el organismo está en funciones.

Informe sobre la reforma

El presidente del CGPJ ha trasladado también a los vocales de manera telemática -está aislado en su domicilio tras haber estado en contacto con un positivo por la Covid-19- el informe técnico sobre la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, pero se ha tratado de una mera “dación de cuentas”, por lo que en ningún momento se ha sometido a votación. “No había nada que votar”, apuntan desde el CGPJ.

El informe defiende la “acción de gobierno” del Consejo incluso cuando su mandato ha caducado, como sucede con el actual desde hace casi dos años y medio, para evitar así su “atrofia” y “paralización” al impedirle asimismo tomar decisiones que considera no comprometen ni vinculan al futuro Consejo. En el documento se advierte de que “la limitación de las competencias como consecuencia de la expiración de su mandato no es un imperativo constitucional” y censura que su objetivo sea “servir de medio para favorecer la renovación”, enquistada por la falta de acuerdo entre PP y PSOE, forzando así “las mayorías parlamentarias cualificadas necesarias”.

Después de que la presión de la UE obligara al Gobierno a aparcar la reforma que rebajaba las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, Pedro Sánchez ha vuelto a instar al PP a sentarse a negociar el relevo de los veinte vocales de la institución, aunque los populares no están dispuestos a levantar su veto a los magistrados José Ricardo de Prada, a quienes responsabilizan del párrafo de la sentencia del “caso Gürtel” que forzó la moción de censura contra Rajoy, y Victoria Rosell, a quienes socialistas y Podemos quieren sentar en el Consejo.

Para el CGPJ, entre las funciones “indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de los juzgados y tribunales” que sí le reconoce la reforma cuando esté pendiente de renovación se incluyen los nombramientos, que considera “indispensables” para llevar a cabo esos fines, por tratarse de una “una obligación” que redunda en la “garantía institucional de independencia” de la institución.

Vía europea

Respecto a otro de los puntos del orden del día, la posibilidad de solicitar colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que se pronuncie sobre la polémica reforma, la cuestión ha sido rechazada por doce votos a favor y ocho en contra. La cuestión, señalan fuentes del Pleno, no es capital pues ese paso “ya lo han dado las asociaciones”.

Por último, estaba sobre la mesa la petición de esos mismos cinco vocales de remitir una comunicación a la Comisión Europea, en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021, sobre el examen de los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante esa limitación de competencias. Pero, recuerdan, las fuentes consultadas, esa respuesta a las instituciones europeas “es obligada” y “se enmarca dentro de la memorial anual” del CGPJ.

Será la vocal Nuria Díaz la encargada de redactar el proyecto de respuesta a las preguntas que plantea la UE, un texto que se llevara a la comisión permanente y, posteriormente, al Pleno para su visto bueno.