El Ejecutivo dibuja una estrategia nacional de acogida de inmigrantes para 2050

El plan “España 2050″ presentado hoy por el presidente del Gobierno y elaborado por la Oficina de Prospectiva y Estrategia dirigido por Iván Redondo asume que la inmigración ilegal seguirá siendo continua a largo plazo y prevé una estrategia nacional de acogida de inmigrantes. Un análisis que llega precisamente cuando España se enfrenta a una de las mayores crisis migratorias debido a la situación en Ceuta donde han llegado más de 8.000 inmigrantes. Analiza las fortalezas y debilidades de nuestro país en este sentido y rebela que nuestro país seguirá acogiendo e integrando a cientos de miles de personas migrantes en los próximos 30 años.

En concreto, el documento proyecta un saldo migratorio de unas 191.000 personas al año desde la actualidad hasta 2050, un saldo superior al promedio observado entre 1990 y 2019. La política migratoria, por tanto, será clave dentro de los próximos años y así lo refleja el Gobierno. Además, según explican, la política migratoria “ayudará a mitigar el desafío demográfico en el corto y medio plazo”, pero, avisan, ello “no lo resolverá por sí solo a largo plazo”, puesto que la población migrante también envejece.

Para los expertos que han desarrollado el documento, el saldo migratorio favorable durante 2009 y 2014, un saldo “favorable”, ha permitido a España mantener un crecimiento “positivo de su población y superar, a finales de 2019, la cifra de 47 millones de habitantes. Sin embargo, esto “no ha sido suficiente para amortiguar el progresivo envejecimiento demográfico”, puesto que a finales del siglo XX, las personas de 65 años o más suponían el 13% de la población española. Hoy son casi el 20%. Como resultado,” nuestra tasa de dependencia se ha elevado del 20% al 30%, “lo que significa que hemos pasado de tener 4,9 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilarse, a tener solo 3,4″.

El plan del Gobierno también prevé desarrollar una Estrategia nacional de integración y acogida de la población inmigrante para “conocer y satisfacer mejor las necesidades y aspiraciones de las comunidades de llegada y acogida”. El objetivo pasa por “eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso a la vivienda y fomentar las relaciones sociales con la población autóctona”.

Para el Ejecutivo si esta llegada de población extranjera “se gestiona bien” podría tener “efectos eminentemente positivos” puesto que, argumentan, “la evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no produce un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía”. Creen, además que, la inmigración “puede ser más una fuente de soluciones que de problemas”. Según los datos que exponen, entre 1998 y 2007, España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos. Por otro lado, la población extranjera tiene unas tasas de actividad y empleo significativamente más elevadas que las de la población autóctona, constituyen una fuerza de trabajo clave en sectores como el de los cuidados o la agricultura, contribuyen a la hacienda pública, y no recurren a los servicios públicos y a prestaciones como las ayudas por desempleo o las pensiones más que la población española.