El Gobierno “no comparte” el análisis del CGPJ sobre la libertad de expresión de la Fundación Franco

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, considera que “hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y no va a compartir” con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en referencia al análisis que hacen los vocales del órgano de gobierno de los jueces de que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la libertad de expresión “siempre que no se humille a las víctimas”.

En el Pleno del Congreso, Calvo reiteró ayer que este proyecto de ley llegará “en semanas” a la Cámara Baja para iniciar su debate parlamentario, e insistió en que serán las Cortes las que elaboren la nueva Ley de Memoria Democrática. Y puntualizó que “somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra”.

Para la vicepresidenta, el informe emitido por el CGPJ, que no es de carácter vinculante, tiene partes “razonables que comparte el Ejecutivo”, pero otras con las que el Gobierno no está de acuerdo, por ejemplo con que se diga “que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión, cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar”.

Carmen Calvo respondía así a la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, que preguntó si Moncloa seguirá el dictamen del órgano de gobierno de los jueces. “Nos alegra que no comparta las opiniones del CGPJ, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo”, dijo la abertzale en su turno de réplica.

“Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario”, incidió Calvo, que señaló que el objetivo de la nueva ley es restituir la dignidad.

Otro de los objetivos que persigue es la ilegalización de la Fundación Franco, cuyo presidente, Juan Chicharro, está decidido a defender la institución hasta las últimas consecuencias. El general en la reserva dice “no dudar” de la “intención de este Gobierno liberticida de callar toda voz, opinión y pensamiento que no sea el suyo”.

Por el momento, y según la vicepresidenta, el Ejecutivo lleva “más de un año trabajando para ir rápido en la identificación, en la exhumación y en la reparación de la dignidad de lo que ocurrió”, definido por Calvo como el “prólogo del resto del fascismo que llegó a Europa”.

Por su parte, Pozueta tildó el informe del CGPJ de “parcial, interesado y excluyente”, al tiempo que “marcado por la ley de secretos oficiales franquista”.

“Es un informe que es pura apología del franquismo y cuesta creer que el máximo poder de los jueces haga una defensa de una dictadura y sus crímenes”, dijo la diputada abertzale, que lamentó que el régimen del 78 sea el que marca el “devenir judicial de todo el Estado”.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces advirtió en un informe no vinculante que el texto presentado por el Ministerio dirigido por Calvo vulnera la libertad de expresión en su intención de restringir la apología franquista de las fundaciones que, según precisaron los ponentes del documento, están amparadas por la ley “siempre que no se humille a las víctimas”.