Justicia centrará su argumentario en desmontar el autoindulto

El Consejo de Ministros aprueba en su reunión de hoy la que será la medida más trascendente del Gobierno en su apuesta por el “reencuentro” con Cataluña. El presidente Pedro Sánchez se reservó ayer el anuncio, en forma de confirmación oficial, para lanzarlo ante la sociedad civil catalana congregada en el Gran Teatro del Liceu. Nada se ha dejado al azar. Tampoco que solo dos días después, en un nuevo Consejo de Ministros, que se celebrará con carácter extraordinario el jueves, el Ejecutivo active dos medidas con importante impacto en la vida de los españoles y de corte propagandístico: la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre y la bajada del IVA de la luz al 10 por ciento. Sin embargo, aunque estas dos iniciativas se impulsen apenas 48 horas después de activar la medida de gracia para aplacar la polémica, lo cierto es que en el Gobierno no se ocultan. No se ha optado por “esconder” los indultos, aprobándolos en verano, sino que se reivindica una “apuesta decidida por la concordia”, que se considera “trascendente” para intentar desbloquear la cuestión catalana.

En Moncloa se hace hincapié en que se trata de una “decisión política”, dentro de la potestad discrecional que el Gobierno tiene atribuida constitucionalmente para conceder la medida de gracia, y como tal, se argumentará en base a criterios políticos. La “utilidad pública” será la motivación que pesará en la fundamentación del Ejecutivo, por encima de la “justicia” o la “equidad” a las que también se puede apelar. En este sentido, en el Gobierno no se quiere poner el foco en las nueve personas que recibirán el perdón -que, por otro lado, ni se arrepienten ni han pedido directamente ser indultadas-, sino al simbolismo que les rodea y lo que representan para la mitad de la sociedad catalana. Una sociedad civil que sí ha elevado esa petición de indulto al Gobierno. En este sentido, el propio Sánchez apeló ayer directamente a la “utilidad para la convivencia” que tiene la medida de gracia. “Estoy convencido de que sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo mensaje de la voluntad de concordia y convivencia de la democracia española (…) Podría parecer que esta decisión les afecta solo a ellos, pero se dirige al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española”, señaló ayer Sánchez.

Esta argumentación política, en la que también pesarán los últimos pronunciamientos de Oriol Junqueras y Pere Aragonès, renunciando a la unilateralidad y apostando por una salida pactada al “conflicto político”, será la que lleve el peso de los nueve informes que reciban hoy el aval del Consejo de Ministros, pero tampoco se descuidará la parte jurídica. Desde el Ejecutivo se anticipa que esta será “exquisita” para evitar que prosperen los recursos que ya han anticipado Vox y el PP y sobre los que existen fundadas dudas en el Supremo de su legitimidad. En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno será muy respetuoso con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del “procés”. No se cuestionará la decisión ni la gravedad de los delitos cometidos, porque en el Ejecutivo entienden que el indulto no resta seriedad a los hechos ilegales que se cometieron. Por ello, se perdonarán las penas de cárcel (sedición y malversación), pero se mantendrá la inhabilitación y se condicionará la concesión de la medida de gracia a que no se vuelva a reincidir. Dos elementos que, según el Gobierno, dificultan que se materialice el “lo volveremos a hacer” con que amenaza un sector del independentismo.

Dentro de esta argumentación jurídica, sí se dará respuesta a algunas de las apreciaciones que se hicieron en el informe desfavorable del Tribunal Supremo, como tribunal sentenciador. En concreto, dos son las cuestiones que se quieren rebatir, también de manera anticipada para evitar futuros recursos: la consideración de que se trata de un “autoindulto” y de que se concede de manera “colectiva”. En el Gobierno entienden que la consideración del “autoindulto” hace referencia estricta a miembros del Gabinete y no a los eventuales socios soberanistas de éste y harán una argumentación diferenciada de cada uno de los condenados, con sus circunstancias especiales. La decisión aprobada por el Consejo de Ministros se publicará mañana en el BOE y su resolución se solapará con los permisos penitenciarios que los líderes del “procés” han solicitado para disfrutar de la festividad de San Juan, por lo que no saldrían físicamente de prisión por el indulto sino que lo recibirían estando ya fuera de la cárcel.