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El Tribunal de Cuentas defiende a sus miembros tras las presiones del Gobierno: son “independientes y altamente cualificados”

Responde que su labor es “contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos”

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle, a su llegada a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a 18 de mayo de 2021
La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle, a su llegada a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a 18 de mayo de 2021EUROPA PRESS/O.CAÑAS.POOLEuropa Press

El Tribunal ha emitido un comunicado en el que insiste en que todos sus miembros son “independientes, inamovibles y altamente cualificados”, tras las críticas a Margarita Mariscal de Gante por su papel en la causa del ‘procés’.

Este miércoles el Tribunal de Cuentas comunicó a los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña acusados de desviar fondos para promocionar el independentismo en el extranjero que tienen 15 días de plazo para depositar los 5,4 millones de euros que les exige en concepto de fianza para garantizar que pueden hacer frente a una eventual condena, informa Ep.

Varios de sus miembros y, en especial, la exministra del PP Margarita Mariscasl de Gante, han sido objeto de ataques por su papel en la causa del ‘procés’. Por ello, el Tribunal ha emitido un comunicado en su defensa en el que insiste en que todos sus miembros son “independientes, inamovibles y altamente cualificados”.

Las críticas arrecian entre aquellos que opinan que continuar con este procedimiento pone palos en las ruedas al proceso de reconciliación que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña. El indulto no puede alcanzar más que a las causas penales, por lo que los dirigentes independentistas no pueden ser exonerados de sus responsabilidades civiles.

Ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios, dice ese comunicado, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional (artículo 136 de la Constitución Española) que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico.

Ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función. Los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos. El destinatario principal de dichos informes son las Cortes Generales.

Asimismo, continúa sus explicaciones, el Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos.

“Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución. El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes”. Su misión, concluye, es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.

Los 12 consejeros de este órgano son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Hasta ahora PP y PSOE se han repartido los puestos por acuerdo para un mandato de nueve años, durante los cuales son inamovibles.

El foco está puesto sobre Margarita Mariscal de Gante, consejera y exministra de Justicia bajo el Gobierno de José María Aznar. En 2019 votó a favor de librar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena a pagar 25,7 millones de euros de por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado.