El Gobierno no recurrirá los avales de la Generalitat por el procés

Generalitat y Moncloa representan su papel en la solución a las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas a cargos y ex cargos de la Generalitat por el «procés». Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, negó negociaciones y aseguró que el Gobierno está analizando el decreto del Ejecutivo catalán y no pasará nada que «no sea aceptable legalmente».

Pero, más allá de las obligadas puestas en escena, a Moncloa no le suena tan mal, ni le pilla tan de sorpresa, la salida de la Generalitat para salvar a los suyos del procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas. De hecho, en fuentes de la negociación entre el Gobierno y la Generalitat anticipan que no habrá recurso ante el Constitucional.

El Gobierno de Sánchez es el único que está legitimado para recurrir y pedir la suspensión del decreto, con lo que inmediatamente se paralizaría la utilización del presupuesto público a este fin por un plazo de cinco meses. PP y Vox han anunciado sendos recursos de inconstitucionalidad una vez sea aprobado.

«La medida suena extraña, pero hay comunidades que tienen seguros contratados por responsabilidades de los altos cargos. No es lo mismo, pero se parece», adelanta las fuentes consultadas.

A partir de ese argumento de que incluso ésta es una salida que se parece a las pólizas de responsabilidad civil, que incluyen la responsabilidad contable, y que tienen otras comunidades, ya solo se trataría de pulir de manera conjunta la propuesta para que pase el filtro de la Abogacía del Estado. Conseguido, un problema menos, o una «piedra menos» en el camino, como diría el ministro José Luis Ábalos.

El Gobierno catalán aprobó el pasado martes un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y ex cargos de la Generalitat por el desvío de fondos a la acción exterior de la Generalitat sin tener competencias para ellos. La iniciativa provoca recelos jurídicos al Gobierno, pero pesan más las consideraciones y efectos políticos de un posible recurso que haría saltar por los aires el diálogo y la «mesa» bilateral.

El Tribunal de Cuentas considera a la Generalitat parte afectada por la presunta malversación de caudales públicos. Y la solución que ésta ha puesto encima de la mesa es que sea precisamente la parte afectada por la presunta malversación la que respalde a quienes presuntamente cometieron un delito de apropiación indebida.

En la puesta en escena, desde el lado de la Generalitat aseguran que están dispuestos a sentarse a negociar con Moncloa para limar aquellos puntos que más puedan incomodar al Gobierno central en el aspecto jurídico.

La negociación sobre la consulta de independencia, que ERC mantiene como elemento central de la agenda de la «mesa» de diálogo, por estar incluida en el pacto de investidura de Sanchez, va ligada a otras cuestiones con componente jurídico, politico y económico.

Y el «no» formal de Sánchez a esa consulta, que ERC no válida, tampoco interfiere en que las dos partes continúen negociando en esos otros ámbitos de los que cuelga la desjudicialización del llamado «conflicto» y soluciones económicas para la difícil situación que atraviesan las finanzas catalanas.

El reconocimiento de la realidad nacional es tan imprescindible para la parte de ERC como satisfacer sus exigencias tradicionales sobre infraestructuras o financiación.

«Esto es un proceso muy complicado en el que todos debemos estar dispuestos a ceder. Cesión por cesión», advierten en Moncloa. Pero en el Gobierno también saben, porque así se lo han hecho llegar desde la Generalitat, que la «mesa» no podrá reunirse si no hay una solución previa para el problema de la «piedra» del Tribunal de Cuentas. Y sin la «mesa» será «muy difícil mantener la estabilidad del Gobierno y la estabilidad entre España y Cataluña», amenazan desde la delegación independentista.

Pero Moncloa va «piedra a piedra». Ganar tiempo es una prioridad y, por ello, en el argumentario oficial no dejan de repetir que el objetivo es sólo sentar las bases para buscar un procedimiento que ayude a conseguir un mejor encaje de Cataluña en España después de todos los sucesos vividos con motivo del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.