"Caso Neurona"

La Guardia Civil revela una charla de Iván Redondo con empresarios catalanes para hablar de los fondos de la UE

El ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno asegura a este periódico que no sabía que en la videoconferencia había participado David Madí: “No lo conozco’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de gabinete del jefe del ejecutivo, Iván Redondo (d), en una imagen de archivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de gabinete del jefe del ejecutivo, Iván Redondo (d), en una imagen de archivolarazon

La Guardia Civil destapó una reunión entre el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo, hasta el sábado la mano derecha de Pedro Sánchez, y empresarios catalanes, entre los que se encontraba el exdirigente de CDC David Madí, uno de los integrantes del denominado “estado mayor” de Carles Puigdemont. En la entrevista se habrían abordado asuntos relacionados con los fondos europeos, según informan fuentes del “caso Voloh” a LA RAZÓN. Redondo ha asegurado a LA RAZÓN que en realidad se trató de una videoconferencia que mantuvo con los empresarios catalanes, entre los que se encontraba Madí, que no habría intervenido en la charla.

“Y tuvimos una reunión...de pequeño comité...con Iván Redondo, y nos lo explicó allá”, asegura Madí, que concluye que el reparto de los 140.000 millones “será una merienda de negros”, dice la transcripción del audio, que obra en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

Pese a su cercanía a los líderes independentistas catalanes, David Madí, a quien el magistrado califica como “uno de los promotores de los desórdenes públicos a raíz de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés”, no ejerce ningún cargo en las administraciones públicas catalanas.

A este excargo de CDC, que ahora es presidente de la empresa Aigües de Catalunya, se le considera una de las personas del entorno de Puigdemont. Fue uno de los 21 detenidos en octubre de 2020 por el “caso Voloh” sobre la financiación ilegal del independentismo. Quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, pese a que se negó a declarar.

Investigado por la Agencia Tributaria

Las pesquisas realizadas por el magistrado han destapado que Madí, imputado de forma indiciaria por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, desórdenes públicos y blanqueo de capitales, también está siendo investigado por la Agencia Tributaria, entre otras cosas, por la emisión de facturas falsas.

El juez Aguirre, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a Waterloo, vinculó a varias personas del entorno del expresidente Carles Puigdemont, entre ellos a David Madí, con la plataforma anónima Tsunami Democràtic. Por eso decidió remitir una parte de la causa a la Audiencia Nacional.

De las grabaciones ordenadas por el instructor se desprende, según consta en un auto de 27 de octubre de 2020, que Madí estaba “perfectamente informado de las movilizaciones” y que conocía “quién hay detrás del movimiento Tsunami Democràtic colaborando con el mismo”, destaca la resolución. Por el contrario, el imputado negó en su declaración cualquier vínculo con los altercados, y afirmó que la sospecha del magistrado se basaban en grabaciones de conversaciones informales en un momento en el que el asunto estaba de actualidad.

Otras grabaciones

En el auto el magistrado da cuenta de que “existen otras conversaciones interceptadas por la Guardia Civil con autorización del juez instructor que también implicarían su participación en otros hechos punibles, tales como desordenes públicos, tráfico de influencias y cohecho”, concreta la resolución, en la que el juez ordenaba la entrada y registro del domicilio de Madí.

Hace un mes el juez Aguirre envió a la Audiencia Nacional parte de las pesquisas, en las que además de Madí también están imputados el exconseller de ERC Xavier Vendrell, a quien la Guardia Civil sitúa en sus informes en la cúspide de Tsunami Democrátic; al responsable de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; y al empresario de la comunicación Oriol Soler.

El juez destaca que la Guardia Civil aportó elementos e indicios suficientes como para entender que Madí “activó en numerosas ocasiones sus influencias en la administración catalana en beneficio propio”. Igualmente, recurrió a sus contactos “a fin de obtener la adjudicación de algún contrato de emergencia amparado en la crisis sanitaria” del coronavirus.

Una fantasía

En su declaración como investigado, celebrada el martes de la semana pasada, este exdirigente de CDC tachó la supuesta ayuda de Rusia al “procés” de fantasía y aseguró que durante la conversación telefónica que fue grabada por la Guardia Civil no le dio credibilidad al apoyo del Gobierno de Vladímir Putin.

Se trata de una conversación que Madí mantuvo con el presidente de la fundación Catmón, Víctor Terradellas, intervenida por la Guardia Civil, que el juez mencionó junto con otras escuchas en el auto en que afirmaba que Rusia supuestamente ofreció al expresidente Puigdemont 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana si declaraba la independencia.

Iván Redondo

Hasta la remodelación del Ejecutivo de coalición Iván Redondo, considerado el gurú del presidente del Gobierno, era, además de director del Gabinete de la Presidencia, primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Por eso, bajo su comité de dirección en La Moncloa controlaba los departamentos de asistencia al presidente, como por ejemplo la Oficina Económica del Presidente (Dirección General de Asuntos Económicos), que se encargaba de la gestión de la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación europeo.

España recibirá 140.000 millones de euros, de los que 70.000 millones serán a fondo perdido y otra cuantía similar en créditos. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que en el período 2021-2023 gestionará los 70.000 millones de ayudas que no hay que devolver. En la siguiente legislatura se decidirá si se usan los otros 70.000 millones de ayudas vía préstamos.

Precisamente, el Consejo de Estado hizo público un informe sobre los fondos europeos en el que transmitió su preocupación al considerar que no existen los suficientes mecanismos de control sobre el modo en que el Ejecutivo va a gestionar las ayudas europeas. En concreto, este órgano consultivo alertaba contra la “eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.