Los socios del Gobierno hacen peligrar los Presupuestos por el atasco de la ley de la vivienda

La ley de la vivienda marcará una de las grandes negociaciones de este curso político y afectará no solo a la relación entre PSOE y Unidas Podemos en Moncloa, sino que también repercutirá en la cobertura que sus socios le otorgan hasta ahora en el Congreso. Estos últimos están dispuestos a dificultar la aprobación de la inminente Ley de los Presupuestos Generales del Estado si no se incluye la regulación del mercado de alquiler, según explican fuentes parlamentarias a LA RAZÓN.

Precisamente este mes se cumplen diez meses desde que Pedro Sánchez se comprometiera con Pablo Iglesias a incluir la regulación del mercado del alquiler y que llegara a la mesa del Consejo de Ministros en tres meses y en cuatro al Congreso. Pacto gracias al cual, el entonces líder de Podemos retiró su órdago de no apoyar los PGE de 2020. Sin embargo, hoy la negociación sigue estancada entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Derechos Sociales. A pesar del cambio en el Ministerio de Transportes, que lidera ahora Raquel Sánchez, las posiciones siguen lejos de llegar a buen puerto. La última reunión entre ambos ministerios, en julio, se produjo sin avances de ningún tipo, a pesar de que la propia ministra sí impulsara una normativa parecida cuando era alcaldesa de Gavá.

Ahora, a escasos días de que se activen los equipos negociadores para dar forma al borrador de los PGE en el seno del Ejecutivo, antes de que comience a dialogarse con los grupos parlamentarios, los socios elevan el órdago de Unidas Podemos –que no apoyará la norma sin una regulación explícita– y, además de hacer peligrar la negociación de los PGE, amenazan con impulsar una ley alternativa en el Congreso. Desde Podemos pueden incluso apoyarla –como símbolo de presión al PSOE– pero recalcan que la única vía eficaz es la de que la regulación salga adelante desde el Consejo de Ministros. Rechazan de momento un órdago superior puesto que creen que este asunto no puede comprometer la norma económica más importante y que da el oxígeno suficiente a Moncloa para aguantar hasta final de la legislatura.

El malestar entre Bildu o ERC, entre otros, es de calado dado que la ley estatal debería llevar aprobada desde marzo de 2021 y así dar cobertura a la ley de vivienda que aprobó el Govern en 2020, pero que el Tribunal Constitucional anuló este mismo año.