Moncloa espera que Lesmes presione para la renovación del CGPJ

«Más de 1.000 días». Este es el cómputo redondo que exhiben en el Gobierno para explicitar lo insostenible de la situación de interinidad en la que se encuentra instalado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de dos años y medio. Los intentos de Moncloa de promover un acercamiento con el PP se han demostrado infructuosos, a pesar de que desde el Ejecutivo sostienen desde hace meses que el pacto está prácticamente cerrado a la espera de acordar una fecha para su anuncio. Las maniobras de presión son transversales e incluyen a los tres poderes del Estado. Tras cerrarse sin éxito la negociación entre el PP y el Ejecutivo, los partidos que componen el Gobierno promovieron en el Legislativo dos reformas para obligar a moverse a los populares. Con escaso éxito.

La más grave y a la que Pedro Sánchez se vio obligado a renunciar –con la oposición de Podemos– avanzaba en la rebaja de las mayorías (desde la cualificada a la absoluta) para la elección de los miembros del CGPJ en las Cortes. De este modo, los diputados del PP no serían necesarios en la operación y bastaría contar con los votos del Ejecutivo y sus socios. Esta reforma causó una intensa polémica dentro y fuera de España, llegó hasta Europa, lo que forzó al Gobierno a rectificar. El presidente escondió este paso atrás en una mano tendida a Pablo Casado para seguir negociando. Sin embargo, sí prospero otra reforma, ya aprobada, que preveía limitar las facultades del órgano de gobierno de los jueces en funciones. En concreto, que siguieran realizando nombramientos con el mandato caducado.

Ahora, en un nuevo intento de presionar a los populares, en Moncloa miran al próximo lunes –cuando se celebrará la apertura del año judicial– y ponen el foco en el discurso que pronunciará el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes del Ejecutivo reconocen que esperan que en su intervención Carlos Lesmes haga un alegato en favor de la renovación por la «deslegitimación» que lleva aparejado este bloqueo. Este planteamiento gubernamental no va desencaminado con los planes del propio Lesmes ni con otros pronunciamientos precedentes del presidente del CGPJ que ya el año pasado en este mismo foro calificó la situación de parálisis de «seria anomalía».

Sin embargo, el PP parece inmune a cualquiera de estos elementos de presión y sigue firme en su propósito de no facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En Moncloa tenían previsto iniciar con el nuevo curso una nueva etapa de interlocución, de hecho, hay pendientes contactos entre Gobierno y oposición. Por esta razón, en Moncloa resultó muy significativa, por excesiva, la reacción ayer de Pablo Casado a las palabras de Félix Bolaños en una entrevista en la Cadena SER. El hecho diferencial para las fuentes consultadas es que el presidente del PP exigiera la dimisión del ministro de Presidencia que es, además, el interlocutor de Génova en las negociaciones. Unas negociaciones que se encuentra en vía muerta, según reconocen.

En concreto, las palabras de Bolaños que soliviantaron al líder del PP fueron estas: «Ni los jueces puede elegir a los jueces, ni a los políticos los eligen los políticos. Los eligen los ciudadanos. Tiene que tener una base democrática. El Parlamento son los que han de elegir los tres poderes. La base democrática es esencial». En un movimiento poco habitual, desde el PSOE también respondieron airados a la petición de cese del PP –a un ministro del Gobierno–, acusando a Casado de «manipular» las palabras de Bolaños, calificando de «indignante» la actitud del líder de la oposición e instándole a «rectificar».

Vía muerta

En el Ejecutivo no son optimistas en esta cuestión, pues asumen que están en manos de Casado porque el desbloqueo del CGPJ solo se puede producir con un pacto con el PP. Una vez renovado el órgano de gobierno de los jueces no presuponen otros escenarios futuros, que podrían pasar por atender la petición de cambiar el sistema de elección. Un sistema que, recuerdan, a pesar de ir en el programa del PP a las elecciones no aplicó durante su etapa en el poder. En Moncloa se afanan en enarbolar el mandato constitucional –que el PP, dicen, incumple– y el «desprestigio» en el que se está sumiendo a la institución. «No vale el argumento de que no me gusta la ley. El actual modelo deriva de un pacto de estado de 2001 con el PP gobernando. ¿Ha cambiado el PP de opinión respecto al modelo? Tenemos que cumplir la ley y la Constitución. Tienen que tener un mínimo sentido de Estado», inquirió ayer el ministro Bolaños. En el Ejecutivo sostienen que el cambio de sistema de elección solo es una nueva excusa para mantener el bloqueo.