El Tribunal Federal de Canadá vuelve a negar a Puigdemont la entrada en el país

El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, vuelve a quedarse sin entrar en Canadá. El motivo, según las autoridades de inmigración, es que no proporcionó la información requerida. La razón del viaje se debe a una invitación de la Sociedad Saint-Jean Baptiste, organización independentista de Montreal (Quebec), que lleva en pie desde 2019. Ya ese año, cuando Puigdemont solicitó la autorización electrónica de viaje (documento que necesitan los extranjeros de la mayoría de países que quieran entrar en Canadá), las autoridades se la denegaron. Entonces, a través de su abogado Stéphane Handfield, recurrió la decisión. Ahora, en una resolución que el Tribunal Federal de Canadá emitió el pasado 22 de septiembre, pero que se ha conocido esta semana, los jueces estiman que los funcionarios de inmigración actuaron correctamente al no proporcionarle dicha autorización.

El escrito judicial señala que de “la lectura de los distintos documentos entregados por [Carles Puigdemont] con el fin de obtener la autorización electrónica de viaje, se entiende que estos delitos incluyen rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia”, según apunta el juez Yvan Roy en la resolución. Pero no solo eso, sino que tal y como apunta el magistrado, a la hora de solicitar dicha autorización, en “la pregunta de si el Sr. Puigdemont ha sido acusado de alguna infracción penal en algún país, la respuesta del formulario es no”. Y sí ha estado imputado. De hecho, las autoridades judiciales españolas siguen solicitando a Bélgica la extradición de Puigdemont a España desde que el Tribunal Supremo español condenase a varios miembros del Gobierno catalán por sedición y malversación.

Pero remontémonos a 2019, cuando las autoridades de inmigración canadienses denegaron a Puigdemont su entrada en el país. La primera vez que solicitó la autorización electrónica de viaje, negó que estuviese acusado de ningún delito (a pesar de que las autoridades españolas ya había cursado una orden internacional de detención por rebelión y malversación de fondos); en un segundo intento, cambia sus respuestas, dando la impresión de que se habrían retirado los cargos contra él. Ante esto, los funcionarios canadienses decidieron seguir investigando y le solicitaron un documento de las autoridades españolas que explicase su situación, así como los cargos que se le imputaban.

Entonces, la respuesta de Puigdemont fueron “300 páginas sin ningún orden en particular, enviadas en tres correos electrónicos” que no aclaraban el estado de los cargos, por lo que los funcionarios volvieron a solicitarle información precisa y concisa. De nuevo, volvieron a recibir un “correo de 86 páginas” que seguía sin arrojar luz sobre su situación. Por tercera vez, le pidieron información aclaratoria y, una vez más, recibieron un engorro de varias páginas. Según el juez, esta incapacidad para responder de forma “sencilla y directa” es lo que hace que pudiera entrar en la “categoría de respuestas evasivas”, por lo que las autoridades de inmigración rechazaron su solicitud y le denegaron la entrada. Una “decisión justificada, transparente e inteligible”, concluye el magistrado Yvan Roy.