Vox exige al Gobierno información de todas las agresiones y delitos cometidos por inmigrantes ilegales

El portavoz de Vox en el Congreso, Ivan Espinosa de los Monteros, ha denunciado en la rueda de prensa celebrada el martes la oleada de violencia y agresiones protagonizadas por inmigrantes ilegales en diferentes ciudades del territorio nacional.

”Una semana más lamentamos la oleada de violencia y agresiones protagonizadas por inmigrantes ilegales en diferentes ciudades del territorio nacional. Y todo ello, ante el silencio tan generalizado como cómplice de la mayoría de partidos”, ha esgrimido el portavoz de la formación que lidera Santiago Abascal. De hecho, el líder de Vox ha preguntado sobre esta cuestión al presidente del gobierno durante la sesión del Gobierno al Ejecutivo.

Espinosa de los Monteros ha enumerado los últimos casos de violencia protagonizados por inmigrantes y ha anunciado que cuando gobierne su formación “imperará la ley y el orden, se endurecerá el código penal y les aseguro que cualquiera que cometa un delito de estas características, más aún si es contra personas vulnerables o contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les aseguro que caerá sobre ellos todo el peso de la ley”.

Según la formación, en las últimas semanas se han detectado 37 casos protagonizado por inmigrantes ilegales por los que la formación ha preguntado al Gobierno mediante pregunta parlamentaria.

Entre las casos, señalan el de un marroquí que, aseguran, “llegó en patera y cuenta con 9 detenciones y asaltó una vivienda en Granada” o el del pueblo alicantino, que dice, “está sufriendo una oleada de inseguridad motivada por bandas de jóvenes marroquíes”.

Desde Vox urgen al Gobierno que “facilite toda la información necesaria para esclarecer todos los hechos” y además piden al Ejecutivo que acabe “con el discurso de puertas abiertas del que se benefician las mafias que trafican con personas, así como reforzar la vigilancia en nuestras fronteras”.

Su petición coincide con la aprobación de la nueva ley de extranjería, que tras dilatarse por las diferencias entre el Ministerio de Interior -que advertía del posible efecto llamada- y el Ministerio de Inclusión fue aprobada ayer en Consejo de Ministros.